Tegucigalpa, Honduras. – Que el Ministerio Público (MP) no cuente ni con mil fiscales desencadena dos factores cruciales. El primero es que los casos no llegan sustentados al Poder Judicial, lo que provoca que los tribunales emitan dictámenes favorables a los imputados por falta de evidencia, como pasó recientemente con el “Viejo Dan“, que fue beneficiado con un sobreseimiento definitivo.
Según el informe “Seguridad y Justicia” de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Ministerio Público sólo cuenta con 871 fiscales. En matemáticas simples, por cada 100 mil habitantes hay ocho fiscales, es decir, una de las aristas principales de la impunidad que prevalece en el engranaje de justicia es la falta de masa laboral investigativa.
Marcio Cabañas Cadillo, fiscal adjunto del Ministerio Público, externó su preocupación por la falta de personal dentro de la institución, destacando que es alarmante e inexplicable que actualmente hay ocho fiscales por cada 100 mil habitantes. “La falta de personal es un reto que hemos encontrado dentro del Ministerio Público”, afirma Cabañas, señalando que esta situación ha llevado a una migración de agentes de investigación, fiscales e incluso personal administrativo.
El fiscal adjunto explicó que se ha definido una ruta de trabajo junto al fiscal general, Johel Zelaya, para abordar este problema. “Se está llevando a cabo una auditoría en diferentes direcciones del Ministerio Público, incluyendo Medicina Forense, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, con el fin de evaluar el personal existente y determinar si está distribuido de manera adecuada”, precisó.
Cabañas enfatiza la importancia de una redistribución equitativa del personal, así como la necesidad de sustituir a aquellos que se han retirado por diversos motivos. Sin embargo, destacó también que el tema presupuestario también es un obstáculo significativo en este proceso, ya que el Ministerio Público cuenta con un presupuesto considerablemente menor en comparación con otras instituciones, como la de Seguridad y Defensa.
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CONTRATAR MÁS FISCALES
El fiscal adjunto también destaca que desde antes de la pandemia de Covid-19 (2020) no se ha realizado una evaluación para ingresar nuevos agentes fiscales, lo que subraya la urgencia de integrar más fiscales a los equipos para fortalecer la capacidad de persecución del delito.
“Es un reto grande combatir los delitos con poco personal”, admite Cabañas, asegurando que uno de los principales objetivos trazados es llevar a cabo contrataciones para dar respuesta a la ciudadanía y evitar sobreseimientos definitivos en los casos presentados ante los tribunales.
El análisis de Cabañas arroja luz sobre los desafíos operativos y financieros que enfrenta el Ministerio Público en su labor investigativa, destacando la necesidad urgente de una mayor inversión en recursos humanos y presupuesto para garantizar una justicia efectiva para la ciudadanía.
“Es un reto grande combatir los delitos con poco personal y ahora estamos en esa línea, empeñados en dar respuesta a la ciudadanía que está ansiosa de ver casos bien sustentados ante los tribunales. Casos que al llegar lleven todos los elementos de prueba para que al estar en la Corte no vayan a terminar con un sobreseimiento definitivo”, mencionó.
Precisamente, lo que explica el fiscal Cabañas, quien ha desempeñado una larga trayectoria en el MP y fue encargado de desestimar un caso de tráfico gris, se reflejó el pasado 27 de febrero de 2024, cuando un tribunal de San Pedro Sula absolvió a David Elías Campbell, alias “El Viejo Dan”, porque la Fiscalía no presentó suficiente carga probatoria para determinar su culpabilidad por el delito que se le señalaba.
“El Viejo Dan” supuestamente es integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), una agrupación criminal poderosa en Honduras. Antes de ser arrestado en Nicaragua en 2021, su rol era lavar dinero obtenido de la distribución de armas y drogas que circulaban por todo el sendero centroamericano.
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PERO, ¿LA FALTA DE PERSONAL ES EL PRINCIPAL OBSTÁCULO?
Aunque para el recién electo fiscal general adjunto, la falta de masa laboral investigativa en la Fiscalía podría ser el principal motivo por el cual pierden los casos en los tribunales, funcionarios también opinan que en el ente investigador hay personal que está coludido con el crimen organizado y narcotráfico. Por lo tanto, las investigaciones podrían estar orientadas a beneficiar a un imputado.
Así lo explicó la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, quien pidió que se investigara a Roberto Blen, jefe de la Fiscalía Especial de los Delitos Contra la Vida (FEDCV), porque ha entorpecido las investigaciones que se le han encomendado para favorecer a cúpulas que están detrás de magnos crimines, como la masacre en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y el asesinato de la jefa regional de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), Sherrill Yubissa Hernández Mancía.
Según denunció Villanueva, él concluyó la investigación de Hernández. Por lo tanto, además de ser investigado, le pidió que se recuse de continuar llevando el caso de la masacre registrada el pasado 20 de junio, que acabó con la vida de 46 privadas de libertad en la cárcel femenina ubicada en Támara, a unos 10 kilómetros de Tegucigalpa, capital hondureña.
“Creo que alguien debería de resaltar esto: Blen debería recusarse de la investigación. Él no puede manejarla porque fue el que cerró el caso de la muerte de la agente Hernández y, así como cerró ese emblemático caso, podría pasar con el de la masacre de las privadas de libertad”, dijo la funcionaria.
