Tegucigalpa.- Luego de conocerse la adición del exgobernante de Honduras, Juan Orlando Hernández, en la lista de actores corruptos y antidemocráticos del Triángulo Norte de Centroamérica, conocida como “Lista Engel”, expertos en materia constitucional afirman que su futuro inminente es su extradición.
El pasado lunes, el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en un comunicado, reveló que a Hernández se le revocó la visa desde el 1 de julio de 2021 además lo incluyó en la lista de funcionarios corruptos conforme al artículo 353 de la Ley de Mayor Colaboración entre Estados Unidos y el Triángulo Norte más conocida como Lista Engel, en los que figura el expresidente Porfirio Lobo Sosa y varios excongresistas y actuales diputados del conservador Partido Nacional.
Según la acusación de Bliken, Hernández se involucró en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico y utilizar las ganancias de sus actividades ilícitas para financiar campañas políticas.
En tanto, la congresista demócrata Norma Torres, advirtió que estas son las primeras acciones de cara a una inminente extradición que, según expertos constitucionales de Honduras, no es más que “la crónica de una muerte anunciada”.
“Como decía el escritor Gabriel García Márquez, es crónica de una muerte anunciada, la situación de don Juan Orlando Hernández… tiene la vía de presentarse voluntariamente para ahorrarse la vergonzosa situación de ser capturado, de pasar lo mismo que pasó su hermano. Él ha negado todo desde un inicio y la vía que tiene es la negociación para que puedan ser rebajadas sus culpas”, declaró el abogado, Tirso Ulloa.
Además, agregó que Hernández, desde hace mucho tiempo, “tuvo que haber preparado la pista de aterrizaje para no ir de panza, como se dice”.
A criterio de Ulloa, la vía favorable para “JOH” como popularmente se le conoce en Honduras, negociar y revelar la estructura criminal que habría utilizado como cometer los actos que le señala Estados Unidos.
“Esto está caliente y será que en los próximos días o meses el Departamento de Justicia en coordinación con el Departamento de Estado solicita a la Corte Suprema de Justicia la solicitud de extradición”.
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Misma valoración tiene el abogado Marlon Duarte, apoderado legal de varias personas ligadas al narcotráfico que han sido condenados en Estados Unidos, como ser el empresario y político Yani Rosenthal y parte de defensores de los Cachiros poderoso cártel hondureño, quien vaticina la extradición de Hernández.
“Cuanto Estados Unidos señala este tipo de situaciones lo que sigue es la solicitud de extradición, presentación de la acusación formal. Este caso ya tiene un agente investigador desde hace mucho tiempo, ya está conformado, simplemente es esperar que se presente ante la Corte para emitir una orden de aprensión y hacer la solicitud correspondiente al gobierno de Honduras y proceder con la extradición”, expuso.
Duarte asegura que todas las personas que han sido señaladas por Estados Unidos en actos de narcotráfico tiene solo dos opciones que son: presentarse de manera voluntaria ante la justicia o esperar su captura.
“En Honduras no han declarado sin lugar la extradición de ninguna persona que haya sido solicitada por los Estados Unidos y lo que toca es negociar porque los narcotraficantes que no han negociado han sido condenados a cadenas perpetuas y los que han colaborado, sus penas han sido menores”, detalló.
De igual forma, el abogado Félix Ávila avizora un “panorama oscuro y tétrico” para cualquier ciudadano que sea señalado de narcotráfico por los Estados Unidos, en este caso para el expresidente Hernández, por lo que le aconsejó negociar.
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LAS SALIDAS DE HERNÁNDEZ ANTE LA EXTRADICIÓN
Para el abogado Marcos Zelaya, ni el Parlamento Centroamericano (Parlacen) blindaría a Hernández de ser solicitado en extradición pese a utilizar el organismo como una figura para su protección.
Horas después de dejar el poder, Hernández fue juramentado como diputado al Parlacen integrándose de manera inmediata. Según la Ley constitutiva en el capítulo II, artículo 22, le otorga una inmunidad a sus miembros, aunque con una solicitud de la Corte podría ser eliminada.
“Esta situación del señor Hernández está empezando, apenas empieza. Él se acogió al Parlacen por la impunidad que podría dilatar la situación de él pero ya hay un reglamento interno que solo se presenta una solicitud para poder suspender la inmunidad”, expuso.
Zelaya asegura que la cadena de acusación es más grave para JOH porque es el último eslabón en la cadena de narcotráfico que se instauró en el poder político. Además, le recordó que de los 30 casos de hondureños acusados por narcotráfico, cuatro han sido sentenciados a cadena perpetua con el denominador común que no decidieron ser colaboradores.
Otra salida que podría ayudar a Hernández, es la apertura de un caso penal en Honduras, situación que debe analizarla luego de la aprobación de la Ley de Condena a la reelección presidencial y al ser el autor material de una ilegal reelección podría ser acusado por la estructura judicial que instauró durante ocho años de gobierno.
Por su parte, el abogado y experto en temas internacionales, Graco Pérez, augura como salida refugiarse con su aliado de Nicaragua, Daniel Ortega, quien ha otorgado asilo político a varios expresidentes de la región y no descarta que el siguiente sea Hernández.
Nicaragua se convirtió en un refugio para líderes políticos y narcotraficantes, permitiéndoles inmunidad y no ser perseguidos por sus actos delictivos, tal es el caso del expresidente de El Salvador, Mauricio Funes Cartagena, acusado por la fiscalía salvadoreña de corrupción y malversación de fondos públicos.
En el 2016, Ortega le otorgó asilo junto a su familia y posteriormente le brindó la nacionalidad nicaragüense y lo nombró asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De igual manera lo hizo con el sucesor de Funes, el expresidente Salvador Sánchez Cerén a quien se le libró orden de captura por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, sin embargo, buscó refugio en Nicaragua y se le otorgó la nacionalidad.
Pérez concluye que si no se refugia no hay otro camino que su extradición o presentarse voluntariamente y enfrentar los señalamientos de Estados Unidos a quien Hernández consideró durante su gestión como “un gran aliado”.
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