Redacción: Marcia Perdomo
Ilustración: Guillermo Burgos
Tegucigalpa.- Violencia, asesinatos y extorsión son la herencia física de los proyectos extractivistas en Honduras. Las denuncias no paran y comunidades donde antes la extorsión era problema de las principales ciudades de Honduras, ahora se traslada a medianas y pequeñas poblaciones.
Tocoa es una de esas ciudades donde la extorsión está dejando afectaciones a los comerciantes y empresarios de esa zona. Recientemente el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tocoa, Saúl Alemán, denunció que la extorsión ha llegado hasta esa zona, una problemática que no tenían antes.
Aunque, Alemán no asoció la extorsión a los problemas derivados por un mega proyecto minero, la violencia es similar a la de otras comunidades en las que sí se ha alzado la voz por dicha circunstancia.
Desde el Consejo Indígena Lenca de Río Blanco, Dunia Sánchez, denunció que a partir de la llegada de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) inició un proceso de violencia contra la comunidad, que en la actualidad incluye hasta la extorsión en contra de sus pobladores por personas foráneas a la comunidad.
Sánchez señaló en un Twitter Spaces desarrollado por Criterio.hn a finales de agosto que en la comunidad de Río Blanco se continúan las amenazas a muerte, la criminalización, los asesinatos y que ahora “están llegando personas [externas] a poner una multa [extorsión] dentro de nuestra comunidad. Todo esto, nosotros no lo vivíamos cuando el proyecto no llegaba a la comunidad”.
A partir de este señalamiento, Criterio.hn consultó al abogado y coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, qué hay detrás de estos fenómenos agresiones, asesinatos y extorsión que resultó tras el arribo de una empresa que intenta al día de hoy imponer el inconsulto e ilegal Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
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Para Fernández estos procesos que incluyen muerte y extorsión no están limitados a la comunidad de Río Blanco en Intibucá, sino que forman parte de un patrón de violencia que se repite en todas las comunidades a donde llegan a instalarse estos proyectos extractivos.
El profesional del derecho e integrante del MADJ sostuvo que la ausencia de un Estado y un gobierno responsable, que garantice acceso a servicios básicos y a derechos en estos territorios, es lo que llega a institucionalizar prácticas de corrupción, de comprar la conciencia de las personas y funcionarios.
“En el caso de Río Blanco, la investigación sobre el asesinato de Bertita Cáceres da muestra indubitada de esto. Es decir, la llegada de DESA a Río Blanco provocó esa espiral de violencia, esa confrontación entre personas afectas al proyecto motivadas por necesidades que no le corresponden a una empresa privada resolver o generar esas expectativas y finalmente se desencadenan los hechos de violencia que se conocen públicamente y muchos otros que no se logran conocer, incluyendo la subyugación de la institucionalidad del Estado, del sistema de administración de justicia, los gobiernos locales, las escuelas, los profesores”, explicó Fernández.
Es importante señalar que, en respuesta a la oposición de la comunidad Lenca de Río Blanco a la instalación del proyecto hidroeléctrico, entonces empleados de la empresa DESA fueron señalados, encarcelados y sentenciados por el asesinato de la lideresa Lenca, Berta Cáceres, en marzo de 2016. En ese entonces Cáceres junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) daban acompañamiento a esta comunidad.
El profesional del Derecho declaró que “cuando hay gente que entiende que la dignidad vale más, cuando hay procesos organizativos que reivindican los derechos de las comunidades y recuerdan las obligaciones del Estado, entonces terminan siendo las víctimas de estos hechos de violencia”.
Escucha el audio completo del Twitter Spaces Juicio Fraude Sobre el Gualcarque aquí: https://twitter.com/criteriohn/status/1567678736446758913
La interrogante fue realizada a Fernández durante el Twitter Spaces de Criterio.hn sobre el Juicio Fraude Sobre el Gualcarque. Fernández ha acompañado por años al Copinh en la lucha por justicia en la Causa Berta Cáceres. Además, forma parte del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) que enfrenta al Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, que de instalarse sería la cuarta hidroeléctrica en el municipio de Arizona, Atlántida, dejando al municipio sin fuentes de agua para consumo humano.
