Tegucigalpa.-Ocho expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nuevamente instaron a Honduras a liberar a los ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, especialmente ahora que el país forma parte del Consejo de Derechos Humanos.
La Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, expuso que «como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Honduras debe redoblar sus esfuerzos para mejorar la situación de derechos humanos en el país. Un primer paso sería poner en libertad a los defensores de Guapinol».
Lawlor cuestionó «¿Cómo se puede esperar que Honduras promueva compromisos significativos de derechos humanos si no está dispuesto a comprometerse por sí mismo?», en referencia a la negativa del gobierno hondureño a cumplir con las resoluciones emitidas por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.
Dicho mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, integrado por cinco especialistas, especificaron, en febrero de este año, que la detención «preventiva» de los ocho defensores era ilegal pues incumplía con varios estándares de derechos humanos, incluidos el derecho a un juicio imparcial, por lo que hicieron un llamado para su liberación inmediata, entre otras disposiciones. Pese a esto, el Tribunal de Sentencia de Trujillo extendió su detención arbitraria.
«Desde el inicio de este proceso, se han planteado serias dudas sobre las bases de las acusaciones y la imparcialidad de los fallos judiciales», dijo Lawlor. «Parece no existir ninguna justificación para la extensión de la detención. De hecho, la detención prolongada de los defensores de Guapinol desprestigiaría los esfuerzos de Honduras para mejorar la situación de las personas defensoras de derechos humanos».
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Los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro en detención ilegal son: Jeremías Martínez Díaz, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán y Ewer Alexander Cedillo Cruz.
Todos vivían en la comunidad de Guapinol, cuyo río «ha sido contaminado por las actividades mineras», señaló el documento firmado por los ocho expertos. Su oposición a la actividad minera de óxido de hierro a cielo abierto en un parque nacional protegido en Tocoa, Colón, fue el motivo de su detención preventiva, ahondó.
A modo de recordatorio, el artículo señaló que cuando la Asamblea General eligió a Honduras para el Consejo de Derechos Humanos por primera vez en su historia, el país se comprometió a fortalecer los mecanismos internacionales y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los instrumentos de derechos humanos.
El llamado de Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; fue respaldado por Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; y Elina Steinerte (Chair-Rapporteur), Miriam Estrada-Castillo (Vice-chairperson), Leigh Toomey, Mumba Malila, Priya Gopalan, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
IMPLICACIONES PARA HONDURAS
Criterio.hn consultó con el abogado del Bufete Justicia Para los Pueblos y miembro del equipo legal de los defensores de Guapinol, Edy Tabora; así como al investigador y defensor de derechos Humanos, Joaquín Mejía, sobre las implicaciones de este llamado al Estado de Honduras por parte de los ocho expertos de la ONU.
Tabora resaltó que es una comunicación «sumamente relevante» porque le están recordando al Estado de Honduras que, al momento de su postulación y nombramiento al Consejo de Derechos Humanos, este dijo que «se comprometía a trabajar por la promoción de los Derechos Humanos y a cumplir las resoluciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y del Consejo de Derechos Humanos».
Mientras los funcionarios, entre ellos el presidente Juan Hernández, dicen al mundo que Honduras está comprometido a cumplir sus obligaciones en temas de derechos humanos, hay ocho expertos en derechos humanos de la ONU manifestándoles que en «términos de obligaciones han incumplido todo el marco normativo nacional e internacional», comentó el profesional del derecho.
«Esta comunicación al ser de alto nivel tiene una influencia muy importante en los gobiernos del mundo, en las organizaciones internacionales que le dan seguimiento a la situación de violaciones a derechos humanos y especialmente al caso de Guapinol. Así que va a tener un impacto muy importante esta comunicación, y cada vez va a ir habiendo más presión, hasta que dejen en libertad a los defensores de Guapinol», afirmó el abogado Tabora.
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Al igual que Tabora, el investigador en derechos humanos Joaquín Mejía consideró que el llamado es «una implicación política muy importante» y un recordatorio a los compromisos que adquirió Honduras al momento de su nombramiento por primera vez en la historia al Consejo de Derechos Humanos.
El hecho que el Estado de Honduras hace caso omiso a la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias «es realmente grave y evidencia el cinismo estructural del Estado de Honduras, porque por un lado sacaron pecho diciendo que habían sido elegidos parte del Consejo de Derechos Humanos por su gran trabajo en esa materia».
Sin embargo, -declaró Mejía- ocho personas expertas de mecanismos especiales, relatorías y grupos de trabajo que derivan del Consejo de Derechos Humanos, se han reunido «para volver a señalarle a Honduras que tiene que liberar a los compañeros de Guapinol porque no existe justificación jurídica para mantenerlos en la cárcel».
De igual forma, el investigador en derechos humanos sostuvo que es una «vergüenza internacional» tener un régimen como el de Juan Hernández con «un discurso hipócrita» y una «bofetada» al Ministerio Público y al Poder Judicial, que han demostrado no poseer independencia y «que por órdenes de arriba mantienen de manera descarada en prisión» a los ocho defensores de Guapinol, «solamente por defender la vida». Mientras «los corruptos y los narcos son liberados y se les otorgan garantías para que puedan ser defendidos en libertad».
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El juicio contra los ocho defensores de Guapinol está programado para ser conocido por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba a partir del 1 de diciembre de 2021, luego que los jueces Ricardo Rodríguez Barahona, Henry Duarte Zaldivar y Franklin Marvin Arauz Santos decidieron trasladar la sede del juicio de Tocoa, Colón, a La Ceiba, Atlántida.
