El domingo 9 de julio arribó a Honduras la misión de expertos de Naciones Unidas, encabezado por el representante de la división de asuntos políticos para Centroamérica, Andrés Salazar
Foto portada: Congreso Nacional
Tegucigalpa, Honduras. -El grupo de expertos enviados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que brindará asistencia técnica con respecto al futuro establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), ha iniciado las reuniones con funcionarios hondureños y con una comisión de diputados del Congreso Nacional.
El equipo de Naciones Unidas evaluará los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la corrupción y la impunidad. Además, brindará asistencia técnica para identificar las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del ordenamiento jurídico hondureño para el posible establecimiento de un mecanismo anticorrupción.
La misión fue recibida por una Comisión de Alto Nivel integrada por el canciller, Eduardo Enrique Reina; la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada y el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana.
Los funcionarios, señalaron el compromiso del gobierno en la lucha contra la corrupción y su voluntad de cumplir lo previsto en el memorándum de fecha 16 de diciembre de 2022 para combatir las redes de corrupción público-privada de alto impacto.
Por la tarde, la misión de expertos se reunió con varios diputados y con la junta directiva del Congreso Nacional. Andrés Salazar, agradeció a los congresistas el recibimiento y aplaudió la disposición de las autoridades hondureñas para combatir la corrupción.
Tras la reunión, que duró al menos dos horas, el vicepresidente del Congreso Nacional Rasel Tomé, dio una escueta conferencia de prensa, sobre los puntos que se tocaron en la reunión con la misión exploratoria de Naciones Unidas.
El también congresista del oficialista Partido Libre, afirmó que hay un compromiso del Congreso Nacional de acompañar y apoyar con todas las herramientas jurídicas que se necesitan para la llegada de esta misión anticorrupción.
Tomé aseguró que las Naciones Unidas quieren ayudar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y es por ello que se va a trabajar en generar las condiciones para que esa CICIH llegue al país y pueda realizar una excelente labor.
Los legisladores aseveran que está comisión internacional contra la corrupción, trabajará con independencia, autonomía y con capacidad de presentar las acusaciones relacionadas a los crímenes de corrupción que tanto daño le han hecho al país.
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DECRETOS QUE SE DEBEN DEROGAR
Hasta el momento, el Congreso Nacional se mantiene en deuda con la aprobación, derogación o reforma de algunos decretos que están establecidas en el memorándum de entendimiento firmado por el Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El documento señala que la misión de expertos de la ONU, en coordinación con el Gobierno de Honduras, apoyará y asistirá técnicamente con relación a las reformas legales y constitucionales que se consideren necesarias, entre ellas la derogación del decreto 116-2019, la reforma al Código Penal y a las figuras de lavado de activos y fideicomisos, así como a las regulaciones a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
El decreto 116-2019, que necesita de mayoría calificada para ser derogado, es una normativa que ha blindado a diputados y exdiputados investigados por malversación de fondos públicos.
Este decreto es de los más señalados por fiscales y sociedad civil, como uno de los que ha fomentado la corrupción en el país, sin embargo, el oficialismo no cuenta con el apoyo necesario para eliminarlo.
Al respecto el vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé, indicó que la directiva del Poder Legislativo tiene como prioridad la derogación de decretos que fomentan la corrupción, y que han sido sugeridos por Naciones Unidas y la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Al finalizar la conferencia de prensa en el Poder Legislativo, Criterio.hn consultó al diputado Rasel Tomé sobre los consensos para poder derogar el decreto 116-2019, ya que para su eliminación se necesitan 86 votos, pero Tomé aseguró que no se necesitan el acompañamiento de la mayoría calificada.
“Para aprobar una derogación de decretos y leyes ordinarias se necesitan 65 votos. La Constitución de la República dice qué leyes y qué reformas -constitucionales- ocupan 86 votos, por ejemplo, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ocupábamos la mayoría calificada, pero todo lo que sea reforma de una ley ordinaria solo ocupa usted mayoría simple”, declaró.
No obstante, el presidente del Congreso, Luis Redondo, ha expresado en diferentes ocasiones que se debe derogar el decreto 116-2019, que contempla la creación de una ley especial, en octubre de 2019, que permite que los diputados manejen fondos públicos para el desarrollo de obras sociales.
Durante su participación en un foro televisivo (el 9 de mayo de 2023), Redondo, declaró que tiene los votos necesarios (86, mayoría calificada) para la derogación del decreto 116-2019, y para la reforma o eliminación de los decretos 97-2021 y 57-2020 que contemplan la receptación y lavado de activos.
