Tegucigalpa. – El Bufete Justicia para los Pueblos alertó sobre actos de intimidación y vigilancia contra personas defensoras que integran el Consejo Indígena Lenca de Reitoca, Francisco Morazán, y el equipo legal que les representa, previo a la cancelación de una audiencia el miércoles 8 de mayo.
De acuerdo con lo narrado, personas del consejo indígena que acompañaban el proceso afuera del juzgado fueron fotografiadas e intimidadas por un hombre ligado a la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa), quien posteriormente ingresó a la sala donde estaba agendado se realizaría la audiencia.
Tras entrar a la sala, esta misma persona habría fotografiado a la abogada Kenia Oliva, representante legal de los defensores criminalizados que solicitan la aplicación del decreto de amnistía, como es conocido el decreto 04-2022 Ley para la reconstrucción del Estado de Derecho y para que los hechos no se repitan.
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Oliva, entre otros integrantes del Bufete Justicia para los Pueblos, es beneficiaria de medidas cautelares No. 137-23 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación con su representación legal de los defensores del agua de Guapinol y del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa en el departamento de Colón, en el norte de Honduras
Wilmer Alonzo y Orlando Rodas son parte del grupo de defensores Lencas de Reitoca criminalizados. Alonzo y Rodas fueron condenados en noviembre de 2023 por un delito del cual no fueron acusados, demostrando a juicio de su abogada que existió una persecución política a causa de la lucha ambiental que emprendieron.
La persona, de quien no indican su nombre, también habría observado el juicio de los defensores del agua de Reitoca, Wilmer Alonzo y Orlando Rodas, en noviembre de 2023. El bufete legal indicó que, durante el desarrollo del juicio de 2023, el hombre habría seguido a Rodas para tomarle fotos en el pasillo cuando se dirigía al baño, y que pese a que esto fue puesto en conocimiento del tribunal, este no tomó medidas al respecto.
FISCALÍA IMPIDE AUDIENCIA PARA AMNISTÍA DE DEFENSORES
La audiencia programada para el miércoles 8 de mayo tenía como propósito contemplar la aplicación de amnistía a los defensores criminalizados. Sin embargo, el Tribunal notificó al equipo de defensa que la fiscal Sandra Lorena Zúniga, en representación de la Fiscalía de Defensa de la Constitución del Ministerio Público, presentó un recurso de amparo para impedir la amnistía.
A causa de esto el Tribunal notificó que la audiencia no se realizaría en tanto no exista una sentencia firme de parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
“La acción del fiscal de tomar medidas extraordinarias, a través de una acción de amparo, para detener la aplicación legitima de la ley de amnistía, que supuestamente fue creada para revertir los impactos del acoso judicial contra personas defensoras por motivos políticos, muestra una vez más las continuas acciones del Estado de Honduras para castigar a los defensores indígenas de la tierra y territorio”, publicó mediante un comunicado el Bufete Justicia para los Pueblos.
El bufete instó al Ministerio Público a cesar las acciones de criminalización contra las personas defensoras indígenas de Reitoca, que incluye el recurso de amparo para detener la aplicación de la amnistía en favor de los representados.
De igual forma, solicitaron se investigue y sancione al hombre vinculado a Progelsa, por el uso de tácticas de intimidación y vigilancia en contra de las personas defensoras y su equipo legal.
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Progelsa es la empresa que impulsa el proyecto hidroeléctrico en el Río Petacón, ubicado entre los municipios de Reitoca y Lepaterique, ambos en el central departamento de Francisco Morazán.
El proyecto fue concebido e implementado, de la misma forma que el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque en Intibucá por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), sin consultar al pueblo Lenca de la zona.
A consecuencia de la imposición del proyecto, las personas que se opusieron a este y externaron su preocupación con relación al acceso al agua y alimentos proporcionados por el río, fueron criminalizados y sometidos a un largo proceso de judicialización que ha impactado en el desarrollo de sus actividades diarias y vida familiar.
Criterio.hn publicó en 2020 el especial “Río Petacón, entre el poder y la corrupción”, en el que se analizó el papel del capital transnacional en el despojo de una importante fuente de agua, la criminalización de los ambientalistas Lencas por su oposición al proyecto, la migración en Reitoca y Lepaterique, y el impacto del proyecto hidroeléctrico en el ecosistema de la región.
