Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – En Honduras, se ha vuelto normal mencionar reiteradamente casos de funcionarios y exfuncionarios o personas que fungieron cargos públicos, a quienes relacionan con lavado de activos, narcotráfico y otras acciones ilícitas.
Este día inició el juicio oral y público de tres enjuiciados contra quienes existen 226 medios de prueba y se les acusa de lavado de activos, ellos son: José María Rojas, Mario Cruz Pérez Cuéllar y Erika Leticia Gómez.
Como parte del proceso de investigación, en los municipios de Cucuyagua, La Unión y Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, se ejecutaron 13 allanamientos de morada, también 10 inspecciones a negocios y se procedió al aseguramiento de 21 bienes inmuebles, 8 sociedades mercantiles, 29 vehículos y 58 productos financieros.
Las pesquisas para acumular los 226 medios probatorios, también incluyen información financiera, actas de allanamientos y decomisos, documentación de instituciones públicas y privadas, dictámenes de extracción y análisis de data de teléfonos celulares, asimismo, avalúos de bienes inmuebles e informes financieros y patrimoniales.
En octubre de 2015, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) recibió una denuncia, la cual exponía el exorbitante crecimiento económico desde el 2005 por medio de la adquisición de bienes, del exalcalde de Cucuyagua, Copán, Javier Adaly López Alvarado, acusación que permitió dar inicio a la investigación.
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RESALTAN ACTIVIDADES DE NARCOTRÁFICO Y ACTIVIDADES DELICITIVAS
En otras denuncias que surgieron después, se mencionó la supuesta vinculación del exalcalde de Cucuyagua, López Alvarado en actividades de narcotráfico, utilizando rutas y puntos clandestinos de la zona occidental de Honduras. De igual forma, se estableció que tenía relación con el ciudadano Mario Cruz Pérez Cuéllar, a quien vinculan con supuestas actividades de lavado de activos.
Cabe destacar que las actividades de investigación ejecutadas, se logró identificar el patrimonio de las personas bajo investigación y de su núcleo familiar. De tal forma, se ubicó viviendas y negocios y, además, se recopiló información sobre sus deberes tributarios y la titularidad de productos en el Sistema Financiero Nacional, con esto, determinaron un patrimonio sin causa, es decir, sin justificación económica, utilizándose para el movimiento de activos, acciones comerciales en los rubros de transporte, hotelería, comercialización de café y construcción.
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Revisar todo lo antes mencionado, llevó a determinar el análisis financiero preliminar, en el cual identificaron varias operaciones relacionadas a procedimientos de lavado de activos, en consecuencia, López Alvarado, no pudo justificar el monto de 815,825,692.26 lempiras.
El Ministerio Público (MP) anunció que las personas contra las que se libró orden de captura también contaban con cantidades similares de dinero que no podían justificar, sin embargo, no especificó más sobre esos montos.
