Por: Redaccion CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. Durante los meses de estado de emergencia sanitaria en Honduras, la pandemia ha empujado a la niñez hondureña a una condición de mayor vulnerabilidad, agravada por una inexistente estrategia gubernamental que ha invisibilizado aún más la situación de los niños y niñas en condición de riesgo social.
A esa conclusión enfática llegan expertos en la temática de la niñez abordados por Criterio.hn. Para el director de Casa Alianza, Guadalupe Ruelas, la pandemia del nuevo coronavirus ha constituido una excusa utilizada por el gobierno de Honduras para liberarse de su responsabilidad de actuar por erradicar la condición injusta que atraviesa la niñez.
Porque “la pandemia ha servido como una especie de pararrayos para echarle la culpa a la pandemia de lo que en realidad históricamente ha sido culpa de las malas políticas económicas y sociales que se han implementado en el país”.
En consecuencia, en la estrategia gubernamental para hacer frente a la crisis sanitaria, la niñez ha estado invisibilizada porque “no se ha tomado en cuenta sus necesidades diferenciadas para apoyarles”, explicó Ruelas. Aunque la deuda en materia de salud pública y acceso a educación existía mucho antes de la actual crisis, “con la pandemia eso ha aumentado cuantitativamente”.
A la falta de acceso a esos derechos fundamentales, se añade la profundización de la pobreza entre la niñez, puesto que durante la pandemia “la mendicidad es más fuerte debido a los niveles de pobreza extrema, está obligando a las familias a salir a pedir”, amplió el director de Casa Alianza.
Y “eso lo que evidencia es que el modelo de desarrollo del país ha fracasado, porque no hay forma que estas familias puedan satisfacer sus necesidades si no es con la mendicidad”, señaló. De acuerdo a los registros de Casa Alianza, se estima que hay unos 15 mil niños y niñas viviendo en condición de calle, que va desde mercados, botaderos de basura, aceras y crematorios.
En este contexto, la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), a través de su director ejecutivo, Wilmer Vásquez, analizó la agudización de violencia estructural contra la niñez como “un problema que tiene causas estructurales, multifactoriales, favorecidos por la débil institucionalidad del Estado, una desarticulación y falta de una respuesta coherente, ordenada e integral”.
Coiproden también expuso la vulnerabilidad de los menores reflejada en las estadísticas de las autoridades gubernamentales. En materia de condiciones de pobreza, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), registró que un 77 por ciento de niños y niñas viven en hogares pobres y más de 404,000 niños y niñas entre cinco y siete años de edad tienen que trabajar.
En el aspecto sanitario, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), hasta el pasado siete de septiembre, contabilizó que un total 3,918 niños y niñas resultaron contagiado con el Covid-19.
Por otra parte, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), en materia migratoria, solo en lo que va del 2020, unos 3,613 niños y niñas han sido deportados al país. Y según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), al menos el 55 por ciento de las muertes violentas corresponde a niños y niñas.
Ante ese panorama, Vásquez hizo un llamado a poner en discusión la condición de la niñez en Honduras como un punto principal de la agenda nacional, ya que el tema ha pasado inadvertido durante los meses de la emergencia sanitaria.
