Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – En Honduras, la niñez en condición de calle no solo debe sobrevivir a la intemperie, también está obligada a ejercer el trabajo forzado, situación que además de vulnerar sus derechos humanos los enfrenta a distintos peligros, alejándolos de la educación y ubicándolos en la extensa lista del analfabetismo, la falta de oportunidades, la pobreza, la criminalidad y la migración.
Parece irónico celebrar el Día del Niño al contemplar ese terrible panorama que en lugar de menguar se fortalece, cuando sus derechos más básicos no son garantizados, siendo la niñez una gran parte de las poblaciones vulnerabilizadas y violentadas dentro de la sociedad hondureña.
Aunque existen algunos destellos y un primer paso que podría generar cambios y proteger a la niñez en condición de calle que ha históricamente has sido invisibilizada.
Esa expectativa, nace luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó un fallo a favor de la niñez en condición de calle ante el recurso de amparo presentado por un grupo de organizaciones sociales, como ser: el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), la Coordinadora de instituciones privadas pro las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos (Coiproden) y Bufete Estudios para la Dignidad.
El amparo fue presentado el 13 de abril de 2020, realizándose en el contexto de emergencia por pandemia covid-19, momento de dificultad para toda la ciudadanía, en especial para quienes son obligados a sobrevivir en las calles.
La acción de amparo admitida por la Sala de lo Constitucional, busca proteger a la niñez en condición de calle, entre sus puntos menciona que el Estado de Honduras ha vulnerado el derecho a la vida, a la salud, la dignidad y la integridad física, psíquica y moral.
Además, alcanzan a peticionan 11 medidas cautelares que pueden asegurar la atención inmediata y otorgar las normas con las cuales se pueda brindar atención de manera permanente.
Por medio del amparo, las organizaciones civiles solicitaron informes desde el 2020, a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), la Presidencia de la República y al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), ente destinado a encargarse de la emergencia sanitaria de la pandemia.
El abogado Víctor Fernández, director del Bufete Estudios para la Dignidad, manifestó que la gran campaña del gobierno en 2020, fue que “nos quedáramos en casa”, ignorando que la casa de muchos niños y niñas, es la calle.
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El mundo está lleno de niños es condición de calle, pero en este momento, en Honduras la sentencia significa un estímulo para que la confianza tenga una cotidiana existencia en la vida del país, fueron algunas de las palabras del togado, al mencionar el sentido humano de interponer la acción de amparo y los resultados.
“Uno puede contemplar la realidad, conmoverse, sufrir la realidad o, lo más fácil, es desarrollar actitudes de beneficencia, dar lo que nos sobra a los que están sufriendo”, expresó Fernández, quien compartió que decidir litigar sobre la situación de los niños que viven es las calles es un asunto de conciencia.
Entre las consideraciones del Bufete Estudios para la Dignidad, aunque la sentencia es por ahora un asunto estrictamente declarativo, constituye un precedente motivador y moralizador, al demostrar que sí pueden hacerse acciones en favor de quienes son vulnerabilizados.
“Me alegró que el Ministerio Público opinara parcialmente favorable, de mi experiencia, en la mayoría de casos, opinan en contra, en cosas absurdas”, dijo el expresidente de la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH).
Una sentencia parcialmente favorable, significa que, aunque se diga que es parcial, en la práctica es absolutamente favorable, al declarar “con lugar” el amparo, configurando un escenario en el país sobre los desafíos que implica la implementación de dicha sentencia, explicó el togado.
El director del Coiproden, Wilmer Vásquez, informó a Criterio.hn que hay al menos 15 mil niños y niñas en condición de calle en Honduras. La niñez y la adolescencia representan casi el 50% de la población total de casi 10 millones de habitantes, más del 70% son personas menores de 18 años.
Aunque esos datos surgen de un estimado porque no existe una sistematización de información, ni datos oficiales que señalen cuantos niños y niñas están viviendo en situación de calle, en ese sentido, corresponde documentar, sistematizar la información y darle la importancia que merece, sin embargo, no se le ha otorgado, siendo un sector mayoritario en el país.
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MEDIDAS INTERPUESTAS CONTRA SECRETARÍAS DEL ESTADO
Con la petición del recurso de amparo presentada ante la Corte Suprema de Justicia a favor de más de 15 mil niñas y niños, se busca que el Estado de Honduras asuma la responsabilidad que le corresponde en función de lo que cada institución debe hacer, siendo esto presentado desde el anterior gobierno a las secretarías antes mencionadas.
La sala de Sala constitucional ha resuelto a partir de siete medidas importantes a tomar en cuenta por la Dinaf, la Presidencia de la República y el Sinager, que se ejecute lo siguiente:
- Un Plan de identificación plena: identificar cuántos niños y niñas viven en situación de calle a nivel nacional, en qué condiciones viven, si tienen familia, por qué viven en la calle, cuál es su condición física, emocional psíquica, entre otros.
- Apertura de refugios para los niños y niñas.
- Dotar inmediatamente de todos los recursos necesarios a las organizaciones que han atendido a la niñez en situación de calle, para que puedan cumplir con el rol encomendado.
- Constituir un equipo multidisciplinario en el cual exista participación en la coordinación estratégica entre las organizaciones de sociedad civil, las instituciones del Estado y la cooperación internacional para mayores avances en el cumplimiento de la sentencia.
- Identificar las prioridades a partir de las problemáticas de la niñez y adolescencia en condición de calle.
- Construir una política pública para garantizar permanentemente los derechos de las niñas y los niños en situación de calle.
- Que las instituciones contra las cuales se dirigió el amparo: la Presidencia de la República, Dinaf y el Sinager, destinen el presupuesto inmediato, suficiente y sostenido para la atención de la niñez en situación de calle.
“El presupuesto lo tiene que construir el Estado, por eso es importante partir un levantamiento de información de los niños y niñas en situación de calle, para conocer el presupuesto necesario para el cumplimiento de sus derechos”, detalló Vásquez.
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En el foro sobre el mandato de la Corte para garantizar los derechos de la niñez en condición de calle, el abogado Fernández razonó que la sentencia podría ser una especie de salvaguardia ante una posible responsabilidad internacional del Estado frente al tema de niñez.
“Honduras ha sido condenada en reiteradas ocasiones en el sistema interamericano por la violación de derechos, y ciertamente la responsabilidad del Estado ha sido repetida sobre los funcionarios y funcionarias que contribuyeron a esa responsabilidad, es decir, yo conozco jueces y fiscales que están respondiendo a una demanda de la Procuraduría General de la República, porque en el marco de sus responsabilidades incumplieron sus deberes”, apuntó Fernández.
El togado aplaudió el fallo, aunque enfatizó que esta también puede ser motivada indistintamente por auto protegerse de una futura responsabilidad.
