Estados centroamericanos deben avanzar hacia una renta básica universal: Icefi

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) considera necesario que los gobiernos de Centroamérica amplíen y fortalezcan sus sistemas de protección social a través de la implementación de una renta básica universal. Con ello, se genera una garantía mínima de protección social que podría resolver las necesidades de la población en general y, a la vez, contribuir a la recuperación económica para contrarrestar el impacto de la pandemia del Covid-19. Esta medida también abonaría al cumplimiento de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible y, al plantear un cambio estructural en el modelo de bienestar y crecimiento económico, podría ser la base para la discusión de nuevos pactos sociales, políticos, económicos y fiscales en Centroamérica.

Frente a lo anterior, el Icefi urge a los Estados centroamericanos ampliar y fortalecer sus sistemas de protección social de manera que se proteja a la población, priorizando las necesidades de los grupos más vulnerables, se limiten los daños económicos y financieros derivados de la crisis y se acelere el proceso de recuperación económica. Para lograr estos objetivos de manera rápida y efectiva, el Instituto propone la puesta en marcha de una renta básica universal (RBU) que elimine la pobreza extrema y disminuya significativamente la pobreza general. En su III Informe centroamericano de política fiscal ―cuyos primeros capítulos serán publicados en el mes de julio―, el Instituto ha calculado los costos y efectos de la aplicación de tanto de una renta básica universal.

Para la implementación de una RBU, el Icefi plantea asignar una suma monetaria a cada miembro de la sociedad, equivalente al monto asociado al umbral internacional de pobreza extrema (USD 1.90 en paridad de poder de compra de 2011). De esa cuenta, se estaría abonando también a la consecución de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los objetivos 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, y 16.

La aplicación de una RBU reviste una simplicidad operativa que abona a su ejecución rápida, evitando crear más burocracia, abrir caminos a la corrupción y mantener a los beneficiarios sumidos en la trampa de la pobreza. Al asignarse de forma incondicional permitiría no sólo erradicar la pobreza extrema, disminuir la pobreza general, reducir la desigualdad en la distribución del ingreso, aumentar los niveles de actividad económica y crear las condiciones para nuevos empleos, al tiempo en que la medida debe provocar la modernización de la política fiscal y el reequilibrio necesario de las responsabilidades entre los ciudadanos, las empresas y los gobernantes. Al plantear un cambio estructural en el modelo de bienestar y crecimiento económico, la RBU podría ser la base para la discusión de nuevos pactos sociales, políticos, económicos y fiscales en Centroamérica.

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Las estimaciones iniciales realizadas por el Instituto sugieren que la inversión anual necesaria para la implementación de una RBU oscila entre el 1.2% y el 7.5% del PIB para los seis países de la región, siendo Honduras el país que exigiría una inversión mayor debido al tamaño de su PIB y al número de habitantes del país. Similarmente, Nicaragua requeriría de una inversión de, aproximadamente, un 5.8% del PIB; mientras que en Guatemala y en El Salvador, la inversión necesaria alcanzaría entre el 5.0% y el 5.3% del PIB, respectivamente. En contraste, los países que enfrentarían menor presión fiscal para la implementación de esta política son Costa Rica y Panamá, cuya inversión estaría en torno al 2.2% y al 1.2% del PIB, respectivamente.

A criterio del Instituto, la implementación de una RBU podría realizarse de forma gradual, como se observa en la Figura 1 ―en un tiempo máximo de diez años y atendiendo a la población en los territorios con mayor pobreza y menor desarrollo―, congruente con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la necesaria reestructuración institucional, fiscal y económica que garantice la efectividad y sostenibilidad de esta política a lo largo del tiempo. Esta forma de lograr gradualmente la universalidad de la renta básica permitiría a los Estados avanzar integralmente en la universalización de otros bienes y servicios públicos relacionados con la educación, la salud, el agua y el saneamiento ambiental, la vivienda, entre otros. Según estimaciones del Instituto, entre los mayores impactos de ejecutar esta agenda, además de la eliminación de la pobreza extrema, se encuentran la generación de 2.0 millones de empleos directos; el incremento promedio de 20% en el ritmo de actividad económica, principalmente impulsado por producción doméstica, y mejoras en los indicadores de bienestar social e igualdad.

Para el cumplimiento general de la Agenda ODS2030 en la región centroamericana, el Instituto ha identificado diversas fuentes probables de financiamiento, entre las que se destaca el incremento de impuestos como resultado de la reducción de los flujos ilícitos de capital, el contrabando, la evasión de impuestos y de privilegios fiscales; y el incremento de algunos impuestos que aumenten la recaudación y mejoren la progresividad global del sistema tributario. En algunos Estados el endeudamiento también puede ser un mecanismo de financiamiento. Adicionalmente, el Instituto reitera que, por el lado del gasto público, es posible generar espacios fiscales adicionales a través de dos vías: mediante eliminación de los rubros que no se encuentran orientados a metas de desarrollo, de manera que los recursos puedan ser reasignados hacia programas que tengan dicha orientación; así como mediante la mejora en la eficiencia de aquellos que pueden generar mejores resultados en términos económicos y sociales.

Para el Icefi, la implementación gradual de una renta básica universal, en conjunto con el avance de las inversiones públicas que garanticen el cumplimiento de las metas de desarrollo, y una reforma fiscal integral ―más ingresos, gasto público con base en resultados, mayor transparencia y lucha efectiva contra la corrupción―, son los elementos que permitirán a los centroamericanos enfrentar con éxito esta crisis sanitaria y económica ampliando derechos y reequilibrando responsabilidades sociales. Por ello,  el Instituto exhorta a toda la sociedad ―movimientos campesinos y promotores de derechos humanos particulares, trabajadores, empresarios, academia, partidos políticos y gobiernos en funciones― a promover un diálogo nacional abierto y sensato, con visión de futuro, que tenga como objetivo conseguir transformar los Estados por medio de un pacto social, económico y fiscal que cambie las tendencias políticas y socioeconómicas actuales y encamine a Centroamérica por la senda del desarrollo sostenible, inclusivo y democrático al que aspiran las grandes mayorías.