Por: René Novoa
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Tegucigalpa. Ejercer el periodismo y la libertad de expresión en Honduras conlleva altos riesgos. Así lo afirma el informe “Del Silencio Informativo al Éxodo”, elaborado por el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre), y presentado este martes 11 de febrero, en el marco del 50 aniversario de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Para el periodo 2018-2019, C-Libre registró 237 alertas de agresiones a la libertad de expresión y de prensa; que representan el 13.1% de las alertas que esa organización ha registrado desde 2003 (1,816 en total).
C-Libre presentó el informe en el marco del 50 aniversario de la facultad de Periodismo de la UNAH
Y según el informe, “el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Honduras, enfrenta un panorama violento y poca respuesta por parte de los organismos de justicia”.
Sin embargo, los estudiantes de periodismo, comunicadores sociales, periodistas, docentes y cuerpo diplomáticos asistentes, aplaudieron la participación activa de C-Libre para frenar, al menos en parte, la Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, más conocida como “Ley de Secretos”, que este lunes fue declarada parcialmente inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
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No más silencio
Al margen de eso, el informe denota su preocupación por las 11 vidas arrebatadas contra trabajadores de medios de comunicación, de los cuales siete eran periodistas, entre ellos una mujer. “La privación de la vida representa la más cruenta anulación de la libertad de expresión y de los otros derechos humanos, por cuanto todos pierden sentido sin la existencia del ser. En su interpretación de principios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que las agresiones cometidas en contra de periodistas, se proponen silenciarlos, silenciarlas”, afirma el texto.
Esas constituyen –prosigue C-Libre–, violaciones al derecho del pueblo por el libre acceso a la información. De aquí que el asesinato contra periodistas y comunicadores, se encarna como un censura bestial; la máxima censura, que simboliza un silencio mortal.
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El texto prosigue explicando que el panorama se complicó desde que en 2017 se recrudeció la represión contra las protestas ciudadanas, debido a los vicios de nulidad en el proceso electoral de noviembre de ese año, que permitieron la reelección de Juan Hernández como mandatario por un segundo periodo presidencial.
Además, las alertas tienen un nuevo matiz: el desplazamiento forzado de comunicadores sociales y periodistas, debido a amenazas por su labor informativa. Las denuncias se evidenciaron en vista de las migraciones masivas, llamadas caravanas, que partieron de Honduras con destino a Estados Unidos. Por ejemplo, en el periodo analizado se identificaron 20 casos confirmados de trabajadores de la información, que “huyeron” para garantizar su integridad física y emocional.
Por otro lado, los departamentos que registran más violaciones a la libertad de expresión son Francisco Morazán, con 117 (porque la capital forma parte); Choluteca, con 38 y Cortés, con 22.
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Principales agresiones
En un enfoque específico en materia de seguridad para periodistas y comunicadores sociales, el informe expone que:
1- Asesinatos: C-Libre registró 237 alertas por agresiones a la libertad de expresión, incluido el asesinato de 11 trabajadores de la comunicación, es el reflejo de la extrema violencia en contra del gremio periodístico.
2- Desplazamiento forzado: Esta categoría se identifica como nueva tipología de agresión, con 20 casos confirmados.
3- Censura: Cierre de espacios informativos producto del abordaje crítico contra el actual gobierno.
4- Bloqueos informativos: Este tipo de agresión obstruye la labor periodística, producto del bloqueo o impedimentos informativos, siendo los agresores más recurrentes los representantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
5- Negación de la información: Este es un eje importante en la obstrucción al acceso a la información pública, pues debilita la transparencia y, por tanto, la opinión pública.
Y concluye el informe diciendo que: “Es imposible desvincular la libertad de expresarse e informarse, con la defensa y protección de la vida… su práctica real es indispensable en la construcción de una sociedad justa, buena y desarrollada, a la que todos los pueblos merecen llegar”.
Un comentario
Son una porqueria las leyes de este pais!!!