Entre 2016 y 2023 los magistrados se recetaron seis incrementos salariales
En agosto de 2018, el expresidente Juan Orlando Hernández entregó al Poder Judicial una flota de 35 carros blindados que serviría para jueces y magistrados
Conozca los casos en los que estos “altos” jueces otorgaron impunidad a personas entramadas con la corrupción
Texto: Luis Escalante
Gráficos y portada: Guillermo Burgos
Fotos: Horacio Lorca
Tegucigalpa. – Siete años de una Corte Suprema de Justicia que se caracterizó por otorgar impunidad en emblemáticos casos de corrupción y criminalizar la lucha social le costó al Estado hondureño L294,824,509.98, según los salarios, gastos de representación y vacaciones que devengaron los 15 magistrados y magistradas del Supremo Tribunal entre el 11 de febrero de 2016 y el 31 de enero de 2023.
Estos profesionales del derecho, muchos de ellos señalados por favorecer a corruptos, cesaron en sus funciones el 16 de febrero de 2023, fecha en que el Congreso Nacional eligió a sus sustitutos que permanecerán en sus cargos durante los próximos siete años, es decir, hasta el 16 de febrero de 2030.
Dicha elección, que se entrampó ante la falta de acuerdos entre los partidos políticos y que se efectuó después de cuatro intentos, representó el fin de una de las Cortes de Justicia Suprema más cuestionadas en la historia de Honduras.
Los cuestionamientos varían. Hay quienes la reprocharon desde su concepción, cuando el 11 de febrero de 2016, en un escenario sombrío, la ciudadanía vio cómo se completaba el pleno de magistrados y magistradas, después de que se realizaron varios intentos de votación entre los diputados del Congreso Nacional, al no lograrse la mayoría calificada requerida, es decir, 86 votos. Aunque nunca se probó, se habló hasta del pago de coimas a diputados para completar la elección.
En la urgida lista estaba Rolando Argueta, un amigo cercano del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien, desde la titularidad del Ejecutivo, generó influencia en su elección y posterior unción como titular de la Corte Suprema.
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Pero más allá de ello, la Corte Suprema de Justicia, que acaba de finalizar sus funciones, se caracterizó por su complicidad frente a la corrupción y por su voracidad cuando le correspondió recetarse jugosos aumentos salariales. Según un análisis de datos que efectuó Criterio.hn, entre el 11 de febrero de 2016 y el 16 de febrero de 2023, los 15 magistrados del Supremo hondureño se beneficiaron con seis aumentos salariales.
Cuando los magistrados asumieron sus cargos, iniciaron devengando un salario mensual de L117,855.45, el cual sufrió varias modificaciones hasta llegar al actual salario de L 171,218.17. Eso quiere decir que, anualmente, los jueces del Alto Tribunal pasaron de cobrar L1,287,374.48, en 2016, a devengar L1,969,794.36, en 2023. Estos valores no incluyen los salarios del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario.
Al analizar la planilla de la Corte Suprema de Justicia, Criterio.hn detectó que el primer aumento que se recetaron los magistrados y las magistradas del Supremo hondureño ocurrió en agosto de 2016, apenas seis meses después de haber asumido el cargo, cuando el salario pasó de L117,855.45 a L124,691.07. El del presidente, Rolando Argueta, pasó de L 136,489.21 a L 144,405.58.
El segundo aumento se hizo efectivo en septiembre de 2017, tiempo en que los 14 magistrados pasaron de L124,691.07 a L131,923.15, mientras que el presidente de L144,405.58 a L152,781.10. Un tercer aumento se efectuó en octubre de 2018, momento en que a los 14 magistrados se les subió su sueldo a L142,477.00 y al presidente a L165,003.59.
Un cuarto aumento se generó en octubre de 2019, cuando el salario de las magistradas y los magistrados ascendió a L149,600.85, mientras que el de Rolando Argueta a L173,253.77. El quinto y penúltimo aumento ocurrió en julio de 2021, pasando los altos jueces a devengar un sueldo mensual de L157,080.89 y el presidente L181,916.46.
Como se puede observar los aumentos salariales ocurrieron anualmente, a excepción de 2020, año en que se mantuvo el ajuste que se efectuó en octubre de 2019. Sin embargo, un sexto y último incremento se hizo efectivo en julio de 2022. El presidente de la Corte Suprema de Justicia pasó a tener un salario de L198,288.94 y los magistrados restantes L171,218.17. Su sueldo anual subió de L1,490,917.11, en 2016, a L2,281,232.40, en 2023.
A lo anterior se debe añadir que, a lo largo de los siete años de funciones, las magistradas y magistrados captaron, individualmente L1,913,269.38 en concepto de decimotercer y decimocuarto salario. Adicionalmente, en sus cuentas bancarias recibieron pagos acumulados de L940,982.94, en concepto de vacaciones por los siete años de labores al mando del Poder Judicial.
En concepto de vacaciones, al expresidente de la Corte, la Pagaduría del Poder Judicial le depositó, entre 2016 y 2022, L1,084,265.71, Mientras que, por décimo cuarto y decimotercer salarios, las sumas de dinero desembolsado ascendieron a L1,172,458.10 y a L1,043,314.79, respectivamente.
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, MÁS GASTO QUE OTRA COSA
A Los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia se les beneficia además con un pago en concepto de gastos de representación, que inicialmente estaba tasado en L40,000.00 mensuales, y en L49,000 para el magistrado presidente, Rolando Argueta.
Sin embargo, a partir del 1 de julio de 2017, 13 magistrados del Supremo hondureño comenzaron a ser beneficiados con un incremento de L20,000.00 en sus gastos de representación, pasando de L40,000 a L 60,000. Solo un magistrado, el coordinador de la Sala de lo Laboral, Edgardo Cáceres Castellanos, no accedió a ese “ajuste” y se mantuvo con L40,000 durante los siete años de mandato constitucional.
Lo anteriormente expuesto refleja que, entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de enero de 2023, además de un salario que sufrió considerables aumentos, a 13 magistradas y magistrados se les entregó en concepto gastos de representación L60,112,000.00.
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Para Rolando Argueta los gastos de representación pasaron de L49,000.00 a L69,000.00, a partir de agosto de 2018.
A consideración del exinvestigador de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Álex Navas, se debería verificar si los incrementos que 14 magistrados se aplicaron en concepto de gastos de representación están fundamentados en el marco legal o una necesidad probada.
“Es necesario verificar si estaban dentro del marco legal, si estos gastos de representación significaban algún tema de seguridad o algún tema de algo en beneficio para el Estado o si, por el contrario, representa un acto de exceso y de poder asociado con la corrupción”, consideró, Navas, en entrevista con este medio digital.
Dentro del análisis que Criterio.hn efectuó se determinó que, en cuanto a los 14 magistrados y magistradas, y al presidente de la Corte Suprema, el Poder Judicial erogó entre el 11 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2023, L69,767,818.56 en gastos de representación.
El Reglamento de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial, en su sexto artículo, establece que los “gastos de representación dentro y fuera del país son montos que se determinan por los gastos no liquidables y únicamente se podrán otorgar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
Sin embargo, no se especifica a cuenta de qué 13 magistrados se recetaron un aumento que pasó de L40,000.00 a L60,000.00, mientras que, en el caso de Rolando Argueta, el presidente, el incremento fue de L49,000.00 a L69,000.00, adicional a los aumentos salariales que se les aplicaron durante casi todos los años del período constitucional.
El reportaje Magistrados del Poder Judicial reciben jugosos salarios y prebendas por obstaculizar la justicia, publicado por Criterio.hn el 24 de noviembre de 2022, desnudó cómo de manera adicional a los exorbitantes salarios que recibían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se les pagaba también por viáticos en un período de tiempo en que incluso, argumentando la emergencia por la covid-19, sesionaban de manera virtual y se ausentaban al Palacio de Justicia.
“LA CORTE DE LA IMPUNIDAD”
A la Corte Suprema de Justicia, que recientemente cesó en sus cargos, se le atribuye la libertad de los 22 implicados en el Caso Pandora, un caso de corrupción a gran escala que evidenció la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
El 13 de junio de 2018, la UFECIC y la MACCIH presentaron el Caso Pandora, el cual desnudó malversación superior a L282,000,000.00 sustraídos de las arcas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
La operación fue dirigida por Hilda Hernández, en carácter de secretaria de Comunicaciones y Estrategia y fenecida hermana de Juan Orlando Hernández. En dicho entramado de corrupción se vieron involucrados varios funcionarios y diputados, entre ellos el diputado por el Partido Liberal, Elvin Santos, los exdiputados del Partido Nacional, José Celín Discua y Rodolfo Irías Navas, presidente del Congreso Nacional entre 1990 y 1994; el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, extraditado el 31 de enero de 2023 y acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por suponérsele responsable de delitos de narcotráfico.
La jueza natural designada para conocer el Caso Pandora fue Lidia Álvarez Sagastume y los encargados de inadmitir los recursos de apelación y favorecer con libertad a varios de los imputados fueron Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, Edwin Francisco Ortez Cruz y María Fernanda Castro Mendoza.
Esta Corte Suprema de Justicia también estuvo a cargo de un complot que trazó como objetivo la criminalización de los defensores del río Guapinol, en Tocoa, Colón, a través de la implementación de manera arbitraria de la medida de prisión preventiva a ocho de los defensores, así como el engavetamiento por dos años, de recursos de amparo presentados en defensa de estas personas, con el fin de obstaculizar la justicia mediante jueces de primera instancia y Cortes de Apelaciones.
Dentro del abanico de tachas que caracterizó a la Corte Suprema que actuó entre 2023 y 2030 está además el favorecimiento a exdiputados y diputados del Congreso Nacional implicados en otros casos emblemáticos de corrupción como Arca Abierta y Red de Corrupción en el Congreso.
La impunidad en el caso Arca Abierta se consumó cuando el 14 de noviembre de 2022, cinco diputados y exdiputados del Partido Nacional, procesados por malversación de caudales públicos, recibieron cartas de libertad “en vista que la causa criminal no puede seguirse”.
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Los favorecidos con el manto de la impunidad fueron los diputados Milton Puerto y Gladis Aurora López, quien además fue vicepresidenta del Congreso de la República entre 2014 y 2022, así como de los exdiputados Welsy Vásquez, Fabricio Puerto y Gustavo Pérez.
El Caso Arca Abierta, según las investigaciones que efectuó la MACCIH y la UFECIC, representó el desvío de L21,000,000.00 de fondos provenientes de Casa Presidencial, Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas que fueron a parar a cuentas de diputados y personas cercanas a sus círculos íntimos, a través de oenegés fantasmas.
Los exmagistrados y exmagistradas que tienen involucramiento en este acto de impunidad son Reynaldo Antonio Hernández (juez natural), al igual que Wilfredo Méndez Romero, Miguel Arturo Pineda Valle y Rafael Bustillo Romero (magistrados de apelación).
Otro caso en el que la Corte Suprema de Justicia actuó con poco apego a la ley, en el ocaso de sus funciones, ocurrió el 1 de septiembre de 2022 con los sobreseimientos emitidos por el Caso Corrupción en el Congreso.
En esa ocasión se sobreseyó al diputado nacionalista Alberto Chedrani, mientras que otros exdiputados de ese partido, Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Díaz, Rodimiro Mejía y Vicente León también se vieron beneficiados por la determinación de la exmagistrada que actuó como jueza natural, Reina Auxiliadora Hércules Rosa. La Corte de Apelaciones la integraron los exmagistrados Edgardo Cáceres Castellanos, Reynaldo Antonio Hernández y Wilfredo Méndez Romero.
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En esta ocasión, la Fiscalía argumentó que existían los indicios suficientes para abrir un juicio oral y público contra las personas imputadas, sin embargo, la jueza únicamente argumentó la vigencia del decreto 116-2019 y trasladó el caso al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Como si no fuese suficiente, en sus últimas semanas como magistrados y magistradas, la Corte del 2016-2023 también favoreció otorgándole medidas sustitutivas a la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien había sido condenada a 14 años de prisión por los delitos de fraude continuado y apropiación indebida.
Además, absolvió definitivamente a la ex vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez y su familia, acusados en el conocido caso Astropharma o “pastillas de harina” como se le bautizó a este caso de corrupción mediante el cual se acusó a esta poderosa familia ligada al Partido Nacional de vender medicamento adulterado al Estado hondureño.
Aun con todo lo anterior, seis de estos magistrados que fungieron entre 2016-2023 pretendieron reelegirse en sus cargos, sin embargo, la Junta Nominadora los descartó durante la etapa de denuncias y tachas, y los dejó sin posibilidades de continuar en el más alto tribunal de la República de Honduras.
LOS “REGALITOS” QUE DIO JOH
El 13 de agosto de 2018, dentro de los predios del Poder Judicial hondureño, el expresidente Juan Orlando Hernández le entregó al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, las llaves de un vehículo en un acto simbólico.
Detrás estaba la adquisición de una flota de 35 carros blindados que serviría para jueces y magistrados, después de que la compra, hecha a la Corporación Flores, S. A. con fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, derivó de una aprobación hecha por los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), del cual formaban parte Hernández y Argueta.
Entre los vehículos que figuraban dentro de la flota había Toyota Land Cruiser Station Wagon, que tiene un valor superior a los USD 125,000.00, al igual que Toyota Land Cruiser Prado, que, dependiendo del nivel de equipamiento, su costo ronda entre los USD 55,400.00 y los USD 79,500.00. La mayoría eran Toyota Hilux con características de lujo, que, por su parte, puede costar entre USD 47,500.00 y USD 49,800.00.
En aquella ocasión, el expresidente Juan Orlando Hernández aseguró que la flota de 35 vehículos, que se había entregado al Poder Judicial, le había costado al Estado L53,000,000.00 (USD2,150,397.09 al cambio actual). Sin embargo, también se mencionó que algunos de los automotores contaban con blindaje, un equipamiento extra que, dependiendo del nivel y la carrocería del vehículo, ronda entre los USD 25,000.00 y los USD 50,000.00.
Lo más preocupante es la poca rendición de cuentas y discrecionalidad que existió con los fondos procedentes de la Tasa de Seguridad Poblacional, mediante los cuales fueron adquiridos estos lujosos automotores que sirvieron para movilizar, de manera “segura”, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Criterio.hn observó que, previo a concluir su mandato, la exmagistrada María Fernanda Castro Mendoza y el exmagistrado Edwin Francisco Ortez Cruz, al igual que su esposa, quien realizaba diligencias personales en vehículos del Poder Judicial, se movilizaban en Land Cruiser Station Wagon, blancas y posiblemente blindadas, características similares a las que poseían las adquiridas por el Poder Judicial en agosto de 2018.
El jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, considera que algunos cargos, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia o jefes de unidades fiscales del Ministerio Público, sí ameritan transportarse de forma segura. El problema, dijo, radica en que a veces estos carros no son utilizados por las personas a quienes les fueron asignados.
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“Está bien que ellos se transporten en carros blindados, el problema es que otras personas, como sus asistentes o los propios motoristas, anden circulando en estos carros y haciendo mandados personales. Me parece un abuso de autoridad”, comentó a Criterio.hn el reconocido fiscal, quien en su momento denunció por prevaricato a varios de los magistrados salientes de la Corte Suprema, sobre todo después de las resoluciones emitidas en el Caso Pandora.
INEQUIDAD
A consideración de analistas consultados por Criterio.hn, la inequidad y la incoherencia está a la orden del día en el Poder Judicial. Raúl Pineda Alvarado, analista político y exdiputado del Congreso Nacional, manifestó a este medio digital que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia tiene el derecho a percibir un salario alto y ser beneficiado con incrementos. Sin embargo, también indicó que el problema radica en la inequidad que existe cuando, por ejemplo, un juez de letras de lo civil puede percibir un salario mensual muy por debajo de lo que gana un magistrado supremo.
“El problema es que los jueces de los juzgados civiles ganan 21 mil lempiras y tienen que resolver juicios de millones de lempiras, lo cual vuelve casi justificable el hecho de que haya corrupción en los juzgados donde se resuelven estos temas”, señaló en conversación con Criterio.hn.
Cuando se le consultó si la recién investida Corte Suprema de Justicia debe revisar los salarios mensuales y los gastos de representación, Pineda Alvarado declaró que no lo ve necesario y que, más bien, mediante el poder que ejercen los altos jueces dentro del sistema judicial, deberían abogar por mejores condiciones para las personas que están debajo suyo.
“Verdaderamente uno de los objetivos de esta nueva Corte debería ser mejorar las condiciones de los jueces para elevar su autoestima y si es posible evitar tanto caso de prevaricato. El mundo de la Corte Suprema de Justicia es un mundo de opulencia, pero el mundo de los juzgados es mundo de necesidades y limitaciones”, añadió.
En similares términos se pronunció el exinvestigador de la MACCIH, Álex Navas, al señalar que, aunque los magistrados y magistradas del Supremo ameritan un salario alto, se debe comenzar por fortalecer el sistema judicial.
“Es necesario elaborar un marco comparativo cuando tenemos jueces y fiscales que han sido asesinados por no tener seguridad, cuando no tenemos infraestructura en los tribunales del interior del país, donde no hay vigilantes, no hay secretarios, donde a un solo juez le toca llevar todas las causas de ese tribunal”, ejemplificó a Criterio.hn.
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Para 2023, el Congreso Nacional le aprobó al Poder Judicial un presupuesto de L3,426,359,154.00, superior a los L2,996,120,035.00 de 2022. Los gastos por concepto de salarios pueden ser o no justificados, pero algo que no es canjeable para los hondureños es que la Corte, electa el pasado 16 de enero, siga favoreciendo la impunidad y actuando con tanta voracidad, al anteponer los intereses personales por encima de las mayorías.
