Durante la época de confinamiento las mujeres hondureñas han sido afectadas por los diferentes tipos de violencia que van desde violencia doméstica e intrafamiliar, violencia sexual y hasta por falta de atención a la salud sexual y reproductiva.
Por: Signy Fiallos
Edición: Emy Padilla
Ilustración de Portada: Reynaldo Raudales
Fotografías: Fernando Destephen
Diseño gráfico: Guillermo Burgos
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Históricamente los grupos vulnerables a nivel mundial son las poblaciones más afectadas ante las catástrofes generadas por el hombre y también por la naturaleza. Honduras no es la excepción y prueba de ello es que durante los primeros seis meses de la pandemia, generada por el Coronavirus (Covid-19), estos grupos vulnerables se han visto más dañados de lo habitual al no ser considerados con todos sus factores de riesgo por los tomadores de decisiones.
El informe anual del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) 2013, titulado “El estado de los derechos humanos en Honduras”, establece en su página 51, que se denominan grupos vulnerables a aquellos grupos o comunidades que, por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.
Es así como, en este período de confinamiento, las mujeres, la comunidad LGBTI, la niñez y adolescencia, los indígenas y negros y los adultos mayores han resultado ser más invisibilizados y a quienes más se les han violentado sus derechos humanos, pese a que el Estado es el garante para hacer cumplir las leyes que se han establecido para equilibrar la balanza.
Según los sicólogos, el estrés por el confinamiento, la falta de recursos económicos, el hacinamiento en los hogares, la falta de alimentos, entre otros factores, exacerbaron los ánimos de los abusadores, generando una elevación en los casos de violencia doméstica e intrafamiliar, entre las que se ven afectadas las mujeres, niños, niñas y adultos mayores de ambos sexos, en estos últimos hay un buen número que también presentan capacidades disminuidas.
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Sólo de enero a septiembre de 2020, las estadísticas recabadas por la línea de auxilio estatal 911, que se habilitó para denuncias, reportó más de 50,000 por violencia doméstica e intrafamiliar, mientras los refugios para mujeres que huyen de la violencia familiar, sexual, intrafamiliar, en movilidad y por trata de personas, se encuentran abarrotados.
Los niños, niñas y adolescentes no sólo se han visto obligados a dejar las aulas de clases y a estudiar a través del WhatsApp y de otras plataformas digitales, los que han tenido la oportunidad de contar con la tecnología para continuar con su educación, pero en muchas escuelas e institutos del área urbana han revelado que han tenido una deserción escolar de un 4 %, debido a que la suspensión laboral de sus padres los ha dejado sin la posibilidad de adquirir servicios de internet para realizar sus labores educativas.
Hasta el momento, las autoridades educativas no oficializan de cuánto es el abandono de los estudiantes de las aulas, sin embargo, docentes estiman que la deserción a nivel de todo el país anda arriba del 14 % y que el mayor problema se presenta en zonas rurales y en la niñez y adolescentes que viven en la calle.
Por otra parte, la suspensión de las garantías constitucionales generó una mayor militarización, especialmente en los territorios indígenas y negros que ya tenían problemas por la defensa de los ríos y los recursos naturales de sus comunidades que se han visto amenazadas por grupos económicos y políticos que ostentan el poder. En medio de esa vorágine de opresión, cuatro líderes comunitarios garífunas de la comunidad de El Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida, fueron raptados desde junio pasado, sin que hasta la fecha se conozco su paradero.
La comunidad LGBTI, que siempre ha sido estigmatizada y discriminada, por no regirse por la hetero norma, es otra parte poblacional que se ha visto afectada por los efectos de la pandemia y que va desde la restricción en el acceso a los servicios de salud. El periodo de confinamiento también ha afectado a este grupo de personas que también están sufriendo por hambre ante la falta de trabajo, especialmente las mujeres trans, quienes han sufrido la incomprensión de la sociedad que las expone a la agresión verbal y física llegando, en algunos casos, hasta los crímenes de odio.
Criterio.hn a través de una serie especial de reportajes de profundidad que se denomina “Los marginados de siempre viviendo en pandemia”, pone al descubierto la crítica situación que viven los grupos vulnerables en Honduras.
Mediante esta primera publicación comenzamos con un reportaje de profundidad que describe las dificultades que han vivido las mujeres durante el confinamiento con los diferentes tipos de violencia que van desde violencia doméstica e intrafamiliar, violencia sexual, violación de derechos y hasta la falta de atención a la salud sexual y reproductiva.
¡No más golpes y gritos, tengo alternativas!
¡Ya no me golpees, me vas a matar, pensá en tus hijos!, eran los gritos de María para frenar la golpiza que Juan le dio en abril anterior, luego de haberse embriagado en el interior de su casa, después de casi un mes de estar encerrado con su mujer y sus tres hijos menores.
Los gritos de María despertaron a los vecinos de una aldea en un municipio cercano a la capital, quienes llamaron a la policía y lograron salvar la vida de la joven madre de 27 años, que fue llevada al hospital con severos golpes. Sus hijos de doce, nueve y cinco años quedaron en poder de una cuñada.
A raíz de este incidente María determinó dejar a Juan, con quien tenía 13 años de vivir en pareja y con quien procreó tres hijos varones. La joven relató que al inicio de su relación todo era bonito. “Mi marido era cariñoso conmigo y aunque bebía casi todos los fines de semana, yo creí que cuando naciera nuestro primer hijo eso cambiaría, pero ahí comenzó el mayor problema, pues él comenzó a beber más y a acusarme de ser una “zorra” y otros insultos con palabrotas”, relató entre sollozos.
“Después de que nació mi segundo hijo comenzó a golpearme, mi familia me decía que lo dejara, que cualquier día me iba a matar, pero yo le tenía miedo porque él me había amenazado que si lo dejaba me iba a matar con todo y mis hijos. Ya en ese tiempo casi no llevaba dinero a la casa por lo que tuve que buscar cómo ganarme la vida para darle de comer a mis hijos y lo hice vendiendo tortillas y lavando y planchando ajeno. Los golpes y los insultos aumentaron, incluso, en algunas ocasiones Juan golpeaba a mi hijo mayor cuando este le gritaba que no me pegara”, narró
María contó que la situación se iba empeorando con el tiempo. “Juan me obligaba a acostarme con él, aunque no quisiera y así me embaracé de mi tercer hijo. Cuando nació el niño, varias vecinas me aconsejaron que lo dejara y me dijeron que lo denunciara por violencia doméstica en la policía o en la Fiscalía en Tegucigalpa, pero me daba miedo, sin embargo, poco a poco fui tomando valor y después de la golpiza que me dio en abril logré que lo sacaran de la casa y pusieran una orden de restricción. Ahora ya me siento más segura de llamar a la policía cuando él llega bolo a insultarme a la puerta de la casa, porque sé que tengo alternativas y me he ido enterando de mis derechos.
Juan ya tiene orden de captura por incumplimiento de la orden de alejamiento y un juicio por violencia doméstica en los juzgados.
El caso de María es una de las 43,590 denuncias que recibió la línea de emergencia 911 por violencia doméstica y 32.930 denuncias por violencia intrafamiliar entre enero y septiembre de 2020 y que se intensificó durante el período de confinamiento por Covid-19.
Para la Trabajadora Social del Comité de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Cristina Alvarado, el confinamiento puso en mayor riesgo a las mujeres porque las encerró con los agresores o abusadores, exponiéndolas a un mayor nivel de violencia, tanto doméstica, intrafamiliar y sexual, con más carga laboral al interior de la vivienda y sufriendo mayor estrés.
“Como las mujeres históricamente nunca han sido una cuestión prioritaria para los gobiernos que han sucedido, no tomaron en cuenta que, al realizar el confinamiento, con los agresores, se iban a desbordar las denuncias por violencia”, dice Cristina.
La directora de la ONG Calidad de Vida, Ana Cruz, coincide con Cristina al señalar que la pandemia agudizó la situación de las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia. La falta de transporte o el no tener un teléfono celular a la mano impidió que muchas mujeres, especialmente de la zona rural, denunciaran los abusos a los que han sido sometidas y cuando ya no aguantaron huyeron de su confinamiento, refiere Ana.
“Nosotros tenemos tres refugios y los mismos se han visto desbordados, estamos saturados con los casos que nos han llegado y todos son graves, el hecho que no haya habido transporte y el distanciamiento social limitó a las mujeres a buscar ayuda temprana con sus familiares y cuando les fue insoportable la violencia recurrieron a las organizaciones para que les ayudáramos con su sufrimiento y este hecho se triplicó”, cuenta la directora de Calidad de Vida.
Los datos brindados por el 911 revelan que la violencia contra las mujeres fue mayor este año que en el 2018 y 2019 y las especialistas en el tema atribuyen este comportamiento al confinamiento y al estrés generado por la pérdida de los empleos.
Al hacer un breve análisis se determina que los departamentos con los mayores índices de violencia doméstica son los de mayor concentración poblacional. En primer lugar, se ubica Cortés con 12,391 denuncias y Francisco Morazán con 8,704, seguidos por Yoro, con 3,789, Copán con 2,168, Atlántida con 2,094, Santa Bárbara con 1,843, Choluteca con 1,880, Comayagua con 1796, Olancho con 1,689 y El Paraíso con 1,522 denuncias.
En el caso de la violencia intrafamiliar siempre Francisco Morazán, Cortés y Yoro ocupan los primeros lugares con 7,314 el primero, 6,290 el segundo y 2,901 el tercero, invirtiéndose los papeles con los casos de violencia doméstica en los dos primeros departamentos. Siguen en el orden Choluteca con 2056, Copán con 1,879, Comayagua con 1,613, Santa Bárbara con 1,540, Olancho con 1,462, Atlántida con 1,451 y El Paraíso con 1,428 denuncias.
Por otra parte, el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH), señaló que de enero a mayo se reportaron 118 muertes violentas de mujeres y en el país, y que solo en el período de emergencia por el coronavirus (COVID-19) se contabilizaron 45 casos. Esta institución académica aún no ha actualizado los datos registrados durante todo el periodo de confinamiento.
Pese a que en Francisco Morazán se presentaron más de 8,700 denuncias por violencia doméstica el Ministerio Público, a través de la Sección Contra la Violencia Doméstica de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER), reportó que, de enero a septiembre del año en curso, sólo se ha tramitado ante el Juzgado en Tegucigalpa 2,454 denuncias por este delito.
Según el Ministerio Público 247 agresores fueron detenidos infraganti o cometiendo el delito, a quienes se les siguió el proceso en los Juzgados Contra la Violencia Doméstica en la capital donde fueron sancionados; se impusieron 487 medidas de seguridad a los agresores para evitar daños mayores a las víctimas y a través de la Fiscalía de la Mujer se lograron 427 sentencias con lugar por violencia doméstica y 40 sin lugar, lo que suman 467 sentencias emitidas por el juzgado especializado en Tegucigalpa.
La representante del Comité de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Cristina Alvarado, reiteró que otro de los muchos aspectos que el gobierno no tomó en cuenta durante el confinamiento por la Covid-19, y que es intrínseco en ser mujer, fue la asistencia de la salud sexual y reproductiva, ya que todo se concentró en la pandemia, cuestiona la defensora de los derechos de las mujeres.
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¿UN PARTO SEGURO Y SIN RIESGOS?
“Atiéndanme por favor doctor, mire que mi bebé se me puede morir y va a ser por culpa de ustedes”, gritaba Iris en la emergencia del Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa el pasado 02 de octubre. Sólo así logró ser atendida, pues era la cuarta vez en dos semanas que llegaba al centro hospitalario solicitando le hicieran una cesárea. Las tres veces anteriores la habían regresado por no presentar los síntomas de parto.
Para la joven de 22 años, originaria y residente en una aldea del municipio de Sabana Grande al sur de la capital, este es su segundo embarazo, pues a los 15 años tuvo a su primer hijo por cesárea porque no presentó dolores de parto y ya tenía 42 semanas. El día que la vimos en el hospital argumentaba que se le había pasado la fecha de parto, pero como su embarazo fue manejado por una partera no llevaba un recuento preciso de las semanas de gestación.
Uno de los médicos, al ver su desesperación, le mandó a hacer un ultrasonido que reveló que tenía 42 semanas de gestación y era urgente que le hicieran una cesárea para salvar su vida y la del bebé.
El caso de esta joven resultó bien, aunque su niña absorbió un poco de líquido amniótico y presentó más flemas de lo normal. Ahora la madre y la recién nacida se recuperan satisfactoriamente en casa de la suegra de Iris en el municipio de Santa Lucía, un pintoresco pueblo, ubicado a 13.5 kilómetros de la capital. Pero no todas las mujeres que llegan a un hospital procedentes del interior del país tienen la misma suerte, especialmente en este tiempo de emergencia por la Covid-19.
De acuerdo con los datos revelados en el foro virtual Salud Reproductiva de las Mujeres en Honduras, realizado por la Plataforma Derechos Aquí y Ahora Honduras, al menos 129 mujeres jóvenes mueren por cada 100,000 nacidos vivos, de éstas el 12 % corresponden a un aborto inseguro y lo más alarmante es que se registran más de 800 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, de los cuales el 35 por ciento corresponde a embarazos por abuso sexual.
En lo que va de 2020 Médicos Sin Fronteras, ha atendido a 1,100 mujeres violadas, de las cuales el 37 por ciento son menores de 18 años
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ¿DÓNDE ESTÁ?
En la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (1994 se definió como salud reproductiva “aI estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”.
Ana es otra víctima del sistema que discrimina a la mujer. Tiene 23 años, vive en pareja desde hace tres años con Mario con quien procreó a un niño de dos años y ahora tiene cinco meses de embarazo de su segundo hijo, que no planificó.
¡Por favor déjeme entrar, mire que necesito comprar varios víveres y ya se me hace tarde!, decía la joven un poco molesta y exaltada por no poder ingresar a la Feria del Agricultor Unión y Esfuerzo de la colonia Alemán de Comayagüela. Los encargados le explicaban que no podían dejarla pasar porque las autoridades habían dado orden de no permitir la entrada a niños y mujeres embarazadas.
Muy enojada y llorando de rabia, Ana les dijo que lejos de ayudar a la población, más bien la exponían a más contaminación porque como no podía comprar allí tendría que ir junto a su niño de dos años a los mercados de Comayagüela, pues no tiene quien le haga los mandados y tampoco tiene con quien dejar a su hijo.
Al dar la vuelta la joven reflejaba en su semblante impotencia, frustración y cólera. Al abordarla y tratar de calmarla, expresó que ese viernes era uno de los peores días desde que inició la “maldita pandemia” que sólo problemas le había traído.
La joven relató entre sollozos que no quería otro hijo en ese momento, pero que a raíz del encierro por la Covid-19 todo se le complicó. “Yo usaba como anticonceptivo la inyección de tres meses, que me aplicaba en el Centro de Salud de la colonia Monterrey, pero al inicio de la pandemia todo se concentró en la pandemia y cuando fui al centro asistencial no me pudieron atender. La enfermera me dijo que no me preocupara que era poco probable que saliera embarazada porque el efecto del anticonceptivo costaría que saliera de mi sistema”, pero también le advirtió que mientras tuviera relaciones lo hiciera con preservativo. “Pero ese método no le gusta a mi marido, quien lo usaba a regañadientes y algunas veces se negaba a utilizarlo”, nos relató.
“Y ahora esto”, dijo al referirse a la limitante de su ingreso a la Feria del Agricultor. “está semana pusieron esa disposición que prácticamente nos obliga a mi hijo y a mí a mantenernos encerrados sin alimentos. Esto no es justo, a uno de mujer siempre le ponen más obstáculos. No sé por qué a los hombres no les hacen lo mismo”, dijo con frustración.
Para la experta en ginecología y obstetricia y panelista del Foro Salud Sexual y Reproductiva, Tania Henríquez, la salud reproductiva abarca diferentes ejes de la salud, constituye uno de los principales ejes de la promoción y protección de la salud de las personas.
En Honduras el derecho a la salud reproductiva no se garantiza en su totalidad, las mujeres no cuentan con la garantía del derecho a decidir sobre sus vidas y cuerpos.
La libertad de tomar esas decisiones está controlada por el Estado, por profesionales médicos, e incluso por la propia familia. A menudo se hace uso del derecho penal y de medidas punitivas para controlar tales decisiones.
“AI final, a muchas personas se les impide por completo decidir. Uno de los fines que se busca con el derecho a decidir es la autonomía y autodeterminación que tiene cada persona. El no tener acceso a información, métodos anticonceptivos y la penalización del aborto hace que este derecho sea violentado”, concluyó la profesional de la medicina.
