A la fecha 24 países latinoamericanos firmaron el Acuerdo de Escazú y 13 de ellos ya lo ratificaron; sin embargo, Honduras se encuentra entre la minoría de países que no firmaron ni ratificaron el histórico acuerdo
Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, que coincide con el Día Internacional de la Madre Tierra este 22 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos) destacan el rol esencial de las y los defensores de la tierra y hacen un llamado a los Estados a proteger su labor.
En el comunicado, ambas organizaciones señalan que la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente es una actividad legítima y necesaria, cuya promoción debe ser garantizada por los Estados. Pese a esto, apuntan a que quienes defienden y promueven los derechos a la tierra, territorio y al medio ambiente son víctimas de actos de hostigamiento, amenazas, criminalización y estigmatización, así como ataques contra sus vidas e integridad personal y las de sus familias.
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Este accionar tiene un efecto amedrentador que busca paralizar las actividades de defensa que son cruciales para el futuro del planeta y de la humanidad. En América Latina, destaca el documento, muchas de estas agresiones contra personas defensoras del medio ambiente se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Durante la pandemia por Covid-19, esta defensa se ha visto aún más limitada a través de acciones que circunscriben el derecho de participación ciudadana y acceso a la información pública y a la justicia. En su proclama conjunta, CIDH y ONU Derechos Humanos indican que se ha observado una reducida capacidad y voluntad de los Estados para fiscalizar los delitos ambientales, proteger la naturaleza, tierras y territorios indígenas, y una erosión de los mecanismos para garantizar que las personas y organizaciones de la sociedad civil puedan participar plenamente en la toma de decisiones.
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Ambos organismos exhortan a los Estados a cumplir con su deber de proteger la vida y la integridad personal de quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente; remarcando que es crucial que reconozcan de manera pública e inequívoca la importancia de su labor, eviten el uso indebido del derecho penal en su contra e incluyan medidas específicas para proteger a las mujeres defensoras. Asimismo, alientan a los gobiernos de la región a que sus instituciones públicas tengan presencia activa en los territorios en conflicto.
A la fecha 24 países latinoamericanos firmaron el Acuerdo de Escazú y 13 de ellos ya lo ratificaron; sin embargo, Honduras se encuentra entre la minoría de países que no firmaron ni ratificaron el histórico acuerdo. Las autoridades hondureñas dilataron el proceso alegando que estaban a la espera de la respuesta de las instituciones consultadas.
La coordinadora de Incidencia del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (Idamho), Kelly Sorto, compartió con Criterio.hn en septiembre del 2020, que, al haber vencido el plazo para la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, Honduras deberá optar por adherirse, proceso que tiene los mismos compromisos jurídicos que la ratificación.
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La no firma y ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del gobierno de Honduras no es fortuita. Detrás de la misma, se disimula una estructura administrativa que antepone a los proyectos extractivistas por encima de las comunidades afectadas por estas concesiones y que impactan en el medio ambiente.
La adhesión al Acuerdo de Escazú daría un empuje legal al acceso a la información y la participación pública, garantizando una Consulta Previa, Libre e Informada a grupos indígenas y afrodescendientes sobre acciones que realizará el Estado. Asimismo, no se podrían modificar leyes, normas u otros documentos que permitan bajar los estándares con relación a la conservación del medio ambiente o protección a defensores.
