Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Administración de Control de Drogas (DEA) presentaron una acusación formal para la solicitud del arresto de Juan Carlos Bonilla Valladares por considerarlo responsable por los delitos de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
La imputación fue presentada un día después de que se dictó la sentencia de cadena perpetua, más 30 años de prisión y la restitución de US $138.5 millones, contra Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras. Resolución durante la cual, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla fue mencionado tanto por el juez como la fiscalía, por su supuesta participación en el homicidio de Franklin Arita, asesinado en 2011, mientras Bonilla era el jefe regional de la Policía Nacional en Copán.
De acuerdo a la documentación presentada, por el cargo de conspiración de importación de cocaína; entre 2003 y 2018, Juan Carlos Bonilla junto a otros imputados, incluido «uno de los cuales ha sido llevado y arrestado por primera vez en el Distrito Sur de Nueva York», intencionalmente conspiraron para violar las leyes de narcóticos de los Estados Unidos e introducir sustancias controladas.
En abril de 2020 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya había sindicado a Bonilla como narcotraficante y socio de Juan Antonio y Juan Orlando Hernández Alvarado
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En relación a la acusación de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, en el mismo periodo de tiempo arriba mencionado y en relación a la comisión del primer delito, Bonilla junto a otros acusados, «ayudó e instigó el uso, porte y posesión de armas de fuego, es decir, ametralladoras que eran capaces de disparar más de un disparo, sin recarga manual, por un solo función del disparador, así como dispositivos destructivos».
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Por el tercer cargo sobre conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, el expediente plantea que el acusado junto a otros, durante y en relación al crimen de tráfico de drogas uso y portó armas de fuego para el fomento del tráfico de droga.
La declaración jurada fue firmada por un agente de la DEA, identificado como Brian J. Fairbanks, quien afirmó que la misma está basada en conversaciones con agentes del orden, empleados y conversaciones con testigos colaboradores durante el curso de la investigación. Sin embargo, previene que dado que la declaración jurada tiene «el propósito limitado de establecer una causa probable, no incluye todos los hechos que he aprendido durante el curso de la investigación».
La relación de «El Tigre» Bonilla con los Hernández Alvarado
De acuerdo a lo declarado por Fairbanks, entre 2003 y 2020, múltiples organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en Honduras y otros lugares, trabajaron en conjunto y con el apoyo de prominentes figuras públicas y privadas, incluidos políticos y oficiales del orden público «para recibir cargas de varias toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia y Venezuela, vía aérea y marítima, y transportar la droga hacia el oeste de Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos».
A cambio de recibir protección por parte de las fuerzas del orden y la facilitación del trasiego de toneladas de cocaína a través de Honduras, narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos miembros del Congreso Nacional de Honduras y la Policía Nacional de Honduras, de la cual Juan Carlos Bonilla formaba parte desde 1985.
Fairbanks afirma que a lo largo de su carrera, Bonilla ocupó altos cargos, incluido el de Jefe Regional de la Policía y que entre 2012 y 2013 fue jefe nacional de la organización policial. «Bonilla Valladares explotó corruptamente estos cargos oficiales para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger en particular la celula de
narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluidos Juan Antonio Hernández Alvarado, excongresista hondureño y hermano del presidente de Honduras, que es referido a continuación como «CC-4″».
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En 2011, un traficante rival de droga hondureño identificado como Víctima-1, intentó prevenir el tránsito de cocaína por parte de Hernández Alvarado y CW-1 hacia la frontera guatemalteca a través de Santa Rita, Copán, Honduras. Tras conocer el hecho, Hernández Alvarado dijo a CW-1 que la Víctima-1 debía ser asesinada para lo cual dirigiría a Juan Carlos Bonilla, quien era el jefe regional de la Policía Nacional, con autoridad en varios departamentos fronterizos con Guatemala, incluido Copán.
Aproximadamente tres días después, según Fairbanks, Hernández Alvarado dijo a CW-1 que Bonilla Valladares tenía vigilado y había planificado el asesinato de la Victima-1, el cual finalmente se llevó a cabo pese a la seguridad que le rodeaba debido a que Bonilla Valladares tenía acceso a seguridad armada y vehículos blindados.
Fairbanks indicó que en el transcurso del transporte de toneladas de cocaína para CC-1, CC-2 y Hernández Alvarado, CW-2 observó a miembros armados de la Policía Nacional de Honduras, incluido Juan Carlos Bonilla Valladares, quien habría facilitado el paso de los vehículos cargados de cocaína de CW-2 a través de los puestos de control sin ser detenidos ni examinados. Los oficiales de la Policía involucrados en facilitar el paso de la cocaína estaban armados, incluso con rifles AK-47 y rifles AR-15. CC-1 informó a CW-2 que Hernández Alvarado sobornó a estos oficiales de la Policía Nacional hondureña para asegurar que no se incautara la cocaína en los retenes, y que Hernández Alvarado sobornó a Bonilla Valladares en particular.
En un punto del trasiego de droga con CW-3, Hernández Alvarado habría asegurado a CW-3 que Juan Carlos Bonilla Valladares protegería la operación de narcotráfico. Por ejemplo, en 2010, Hernández Alvarado dijo a CW-3 que su hermano, CC-4, entonces presidente del Congreso Nacional ayudaría a Bonilla Valladares a avanzar en sus cargos dentro de la Policía Nacional y que a cambio el acusado protegería sus actividades de tráfico de droga. También le dijo que Bonilla Valladares era muy violento y que tanto él como su hermano CC-4 le habían encomendado varias asignaciones especiales, incluidos asesinatos.
Fairbanks sostiene que CW-3 entendió que Bonilla Valladares protegía las operaciones de transporte de cocaína de Hernández Alvarado, además de asegurarse que la Policía Nacional no detuviese los vehículos que transportaban la droga de Hernández Alvarado y proveer información confidencial sobre los servicios aéreos y operaciones de interdicción marítima.
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Basándose en la información proporcionada por el testigo cooperante (CW-4) y conversaciones con oficiales del orden público, el agente de la DEA relata que CW-4 se reunió con Bonilla Valladares quien le dijo que a cambio de pago, él y otros miembros de la Policía Nacional localizarían y rastrearían los movimiento de la Víctima-2, para que esta fuese asesinada. CW-4 habría pagado US $300 mil para llevar a cabo el asesinato. Sin embargo, CW-4 en última instancia, asesinó a la Víctima-2 por otros medios.
A lo largo de los juicios contra su hermano «Tony» Hernández y Geovanny Fuentes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el presidente Juan Hernández ha tuiteado su inocencia y afirmado que los testimonios contra él y su hermano son falsos. La familia Hernández Alvarado manifestó a través de un pronunciamiento público que «Tony» Hernández era inocente y víctima de los narcotraficantes y de una mala impartición de justicia por parte de los fiscales y de los tribunales del distrito sur de Nueva York.
