Tegucigalpa. Intimidación, estigmatización, hostigamiento, persecución y amenazas son parte del ciclo de violencia que sufren periodistas previos a su asesinato. En Honduras, el 92 por ciento de los crímenes de personas ligadas a medios de comunicación permanecen en impunidad, revelando la falta de voluntad para el esclarecimiento de estos por parte de las autoridades.
Sumado a esto, entre 2001 al 2020, al menos siete de los noventa y dos crímenes reportados contra comunicadores, están vinculados a actores intelectuales y ejecutores, ligados a bandas de narcotráfico, crimen organizado y el propio Estado.
La información fue revelada en el informe sobre libertad de expresión titulado «Honduras: La desinformación, plataforma de un régimen», publicado en 2021 por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) en el marco de su decimosegundo aniversario.
En sus conclusiones, el documento manifestó que «existe responsabilidad» por parte del estado de Honduras al no cumplir con su «obligación de investigar, perseguir y penalizar a los autores intelectuales y ejecutores de crímenes contra la prensa, en especial cuando existe evidencia de vínculos institucionales en los mismos».
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Subrayando que la «ausencia de diligencia fortalece la impunidad» y que es el Estado, el que debe garantizar medidas eficientes e idóneas en la protección de las y los trabajadores de los medios de comunicación «de cualquier índole y naturaleza».
El informe señaló: «Las declaraciones de altos funcionarios de Seguridad y Defensa en Honduras, sobre el asesinato de algunos trabajadores de medios de comunicación, revelan, la poca efectividad en las investigaciones, así como los vínculos de estos funcionarios con redes criminales».
LA COVID-19 COMO PRETEXTO PARA RESTRINGIR AÚN MÁS LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
C-Libre detalló que la pandemia de COVID-19 «sirvió como pretexto al régimen para restringir aún más la libertad de expresión, violentando la ley de transparencia y acceso a la información, aumentando la desinformación y otras agresiones al derecho de libre expresión».
Asimismo, pormenorizó que las cadenas nacionales tuvieron el objetivo de levantar el perfil del presidente Juan Hernández, pues no se justifica que el mandatario apareciera de forma cotidiana hasta tres veces al día por espacios de 25 minutos.
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De igual forma, el documento lee que la administración Hernández «reforzó decretos favorables al monopolio de la comunicación, ejerciendo mayor control -censura por diferentes vías, prestándose a la manipulación de la opinión pública, y el uso de fondos del Estado en publicidad y propaganda como disuasivo a la libre expresión, aprovechando la precariedad económica de las y los trabajadores de medios de comunicación, (corruptela), evidenciándose complicidad de propietarios de medios con el poder fáctico».
Sobre la entrada en vigor del nuevo Código Penal en Honduras, el informe declaró que se criminalizó la libertad de expresión y sumó a las limitaciones de la Ley de Transparencia, frente a otras leyes como la de Secretos Oficiales.
MECANISMO DE PROTECCIÓN O ¿DESPROTECCIÓN?
En relación con el Mecanismo de Protección para periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, C-Libre lo señaló como ineficiente y manifestó que «varias organizaciones de derechos humanos han solicitado el retiro de acompañamientos policiales-militares, por considerarlo inoperante».
Un ejemplo de esto fueron las diez denuncias que el periodista Luis Almendares realizó ante el ente, las cuales fueron desestimadas y su caso finalizó con su asesinato en Comayagua.
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C-Libre afirmó que el sistema de protección carece de un enfoque integral de seguridad y protección, «atendiendo únicamente las consecuencias de las agresiones y no las causas de estas». Así como incapacidad para diferenciar entre la atención de casos relacionados a temas territoriales y de género.
Asimismo, estableció que el mecanismo sigue sin contar con recursos humanos y presupuestarios para su operación, y que al cierre del informe se confirmó la reducción del número de analistas de riesgos a nivel nacional, pese al contexto de vulneraciones que se vive de cara a las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021.
