Tegucigalpa.- En cuestión de horas respondió el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al recurso de habeas corpus interpuesto por el equipo legal de los ocho defensores de Guapinol quienes tienen más de 27 meses de permanecer en prisión arbitraria.
La Sala de lo Constitucional nombró como juez ejecutor para efectos del habeas corpus a la abogada Claudia López, quien deberá solicitar en las próximas horas los informes respectivos a las autoridades jurisdiccionales que han conocido del expediente y corroborar el estado de los imputados con las autoridades carcelarias.
Una vez que la jueza ejecutora solicite los informes, estos deberán ser rendidos en un plazo que no debe exceder las 24 horas de acuerdo con lo establecido en la sustanciación de la acción, posteriormente esta jueza presentará el informe de sus conclusiones a la Sala Constitucional.
La acción de habeas corpus corresponde a una resolución de la Sala de lo Penal de fecha 12 de agosto de 2021 referente a la ampliación de la Prisión Preventiva de los ocho ciudadanos acusados por el Ministerio Público, la defensa técnica de los imputados calificó la decisión como arbitraria, mencionó un comunicado emitido por el Poder Judicial.
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EXIGEN AL PLENO DE LA CSJ QUE NO VACACIONE MIENTRAS NO RESUELVA HABEAS CORPUS
Más temprano, en la mañana del martes 14 de diciembre, el equipo legal que representa a los defensores de Guapinol presentó un recurso de habeas corpus basado en la ilegalidad de la detención de los ocho ambientalistas quienes han permanecido encarcelados por más de 27 meses, tras la ampliación a seis meses más de prisión «preventiva».
El abogado del bufete Justicia Para los Pueblos, Edy Tabora, dio voz a la exigencia para que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no vacacione mientras no resuelva el recurso de habeas corpus, esto bajo el imperativo que señala la Constitución de la República a través del artículo 182 en el que plantea «proceder de inmediato para hacer cesar la violación a la libertad».
Afirmó que no se pueden permitir más arbitrariedades de una CSJ cuyo «origen es ilegal». De igual forma, reclamaron al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que preside Rolando Argueta que nombre «inmediatamente a un juez ejecutor para que exija un informe a la Sala de lo Penal que arbitrariamente amplió la prisión preventiva».
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Tabora recordó que han transitado casi 3 años de arbitrariedades por parte de jueces, fiscales y magistrados que han conocido el caso contra los defensores de Guapinol, por lo que dijo que ya es tiempo de que el Pleno de la CSJ ponga un alto a este tipo de accionar en detrimento de los ambientalistas.
El profesional del derecho también apuntó que la «Sala de lo Penal con once palabras justifica una ampliación de seis meses de prisión preventiva contra ocho ciudadanos de este país que han sido además declarados nacional e internacionalmente como defensores de derechos humanos».
Sumado a esto, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Ilegal concluyó que la detención de los ocho activistas era arbitraria y que debían ser liberados a la brevedad. Asimismo, instaron a una investigación exhaustiva e independiente de los jueces y fiscales que promovieron el juicio.
El Poder Judicial hizo oídos sordos a la resolución. La recomendación fue realizada a finales de febrero y nueve meses después Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnold Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz, continúan detenidos arbitrariamente.
FAMILIARES EXIGEN LIBEREN A DEFENSORES ANTES DE NAVIDAD
En representación de los familiares de los defensores de Guapinol apresados, Gabriela Sorto, afirmó que la exigencia de los parientes está enfocada en que se cumpla el debido proceso y que los ocho ambientalistas «puedan quedar en libertad para que puedan pasar una Navidad con nosotras en Familia». Agregó: «Ellos son inocentes y exigimos justicia, que ya pare tanta injusticia en este caso, injusticia para las familias, injusticia para los compañeros».
Sorto resaltó que pese a la inocencia de los ocho defensores, se «les han ido imputando delitos y delitos» por un «sistema nefasto», por lo que como familiares exigen justicia tanto para los defensores del agua, como los ríos Guapinol y sector San Pedro, amenazados por la mina de óxido de hierro a cielo abierto en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Recientemente en medio del juicio, el Ministerio Público e Inversiones Los Pinares incorporaron una cuarta acusación por supuestos daños agravados. Esta acción fue admitida por el Tribunal de Sentencia de Tocoa, lo que provocó que la defensa legal de los ambientalistas recusaran a los jueces por tomar una decisión ilegal y mostrar parcialidad en favor de la acusación.
Este martes, también se presentó una acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional por la amenaza que representa el proyecto minero «Las Golondrinas» a las cuencas de agua que abastecen a la población del municipio de Sabá, ubicado a 25.3 kilómetros de distancia de la comunidad de Guapinol, ambos en el departamento de Colón y colindantes con el Parque Nacional Carlos Escaleras.
La presencia tanto de la empresa minera Canteras y Más a través del proyecto minero «Las Golondrinas» en Sabá, y la presencia de Inversiones Los Pinares en Guapinol, indicaría que se concesionaron dos proyectos mineros dentro del área protegida del Parque Carlos Escaleras.
