En marzo de 2018 un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) estableció que durante las protestas anti fraude electoral, al menos 22 hondureños murieron a causa de balas disparadas por agentes de seguridad del Estado
Tegucigalpa. — El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, presentó ante el juzgado con competencia nacional en materia penal, un requerimiento fiscal con orden de captura contra el coronel, Víctor Alonso Ponce Martínez.
Al alto militar se le supone responsable de cinco delitos de homicidio ocurridos durante las protestas por la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández ( hoy preso en Nueva York acusado de narcotrafico) y los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2017.
Las personas fallecidas son Víctor Evelio Martínez Álvarez, Roger Alberto Vásquez Reyes, José David Ramos Lamber, Mauricio Yonathan Echeverría Hernández y Michael Yair Ponce Sauceda.
De acuerdo a la relación de hechos investigada por el Ministerio Publico, el primero de diciembre de 2017 un grupo de pobladores protestaban en una de las calles de la Colonia López Arellano de la ciudad de San Pedro Sula al norte de Honduras, cuando el coronel Ponce Martínez al mando de 172 policías militares del orden público llegó a la zona con el propósito de desalojar a los manifestantes.
Posteriormente las personas que protestaban intentaron abrir paso al conductor de un camión, quien les manifestó que traía a un familiar enfermo y necesitaba llegar a un centro hospitalario en busca de atención médica.
En ese momento los policías militares, siguiendo la orden del coronel, se ubicaron en posición de ataque y abrieron fuego contra los manifestantes, dejando como saldo cinco ciudadanos muertos quienes quedaron tendidos en la carretera, relata el requerimiento fiscal.
El requerimiento detalla que luego de disparar contra los pobladores, los policías militares comenzaron a perseguirlos, siempre disparando y creando el pánico entre los manifestantes que huían de las balas en todas direcciones.
Los uniformados no solo disparaban, sino que les daban golpes con sus armas, toletes y patadas lo que provocó además que muchas personas terminaran heridas.
Al final, siguiendo siempre las órdenes del coronel Víctor Alonzo Ponce Martínez, varios militares comenzaron a manipular la escena del crimen recogiendo los casquillos de sus armas y colocando armas de fuego para hacer creer que los manifestantes portaban pistolas, sin embargo, el Ministerio Público logró comprobar que eso no fue cierto.
Se registra además que los militares tiraban tierra con sus pies a los charcos de sangre de las personas asesinadas que habían quedado en el lugar con la finalidad de ocultarlos.
MILITARES Y POLICIAS DENUNCIADOS
Entre los años 2017 y 2022 el Ministerio Público (MP) recibió 922 denuncias contra policías y militares por diversos delitos, mientras ejercían labores de seguridad ciudadana.
Un análisis de datos realizado por el equipo de Criterio.hn con base a información recabada del Ministerio Público especifica que fueron 769 denuncias presentadas, entre 2018 y 2022 en contra de elementos de la Policía Nacional por 20 delitos y 153 interpuestas en contra de miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras por 19 delitos entre 2017 y 2022.
Aunque no hay precisión en el origen de las denuncias, por los antecedentes, se podría deducir que, muchos de ellos fueron acusados en el marco de las represiones llevabas a cabo durante las protestas en contra del fraude electoral de noviembre de 2017 en pro de la reelección de Juan Orlando Hernández, privado de libertad en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
