Junio 2021

Créditos

 Diseño de Investigación: Daisy Bonilla y José Luis Guillén 

Investigación de campo: Daisy Bonilla | José Luis Guillén 

 Edición: Lourdes Ramírez|  

Redacción: Daisy Bonilla y Lourdes Ramírez

Visualización de datos: Dunia Orellana y Denis Arita

Fotografías: Héctor Gómez, Froilán Banegas, José Luis Guillén y Denis Arita

Edición de audio: Elia Castellón

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Adelante en América Latina

Criterio.hn reproduce este contenido en el marco de una alianza de periodismo colaborativo con el medio En Alta Voz 

San Pedro Sula, Cortés, Honduras. “Llegué a pensar que perdería a mi bebé y comencé a gritar cuando me vi con todo mi cuerpo inflamado”, relata Joseline Pineda, ex obrera de maquila, paciente con enfermedad renal después de padecer preeclampsia durante el embarazo.

Los dolores de cabeza eran constantes. La doctora del sistema médico de la empresa ignoraba esos síntomas y le recomendaba medicamentos paliativos sin permitir que visitara al especialista del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Sin embargo, los médicos de empresas no deben dar control prenatal, según el experto en medicina y salud en el trabajo, Luis Manuel Pérez H. Pantoja. Debido al mal manejo de la doctora Denise Murillo y como consecuencia de la preeclampsia, Joseline necesita ahora un trasplante renal. Ante el deterioro constante de su salud, además tuvo un tumor en el paladar.

Casos como el de Joseline esperan a un donante de riñón, dentro o fuera de Honduras. Se trata de un derecho humano no garantizado por el Estado de Honduras, aunque consta en la Constitución de la República.

Joseline es una entre aproximadamente 4,000 pacientes con enfermedad renal afectados por la disminución de la frecuencia de las sesiones de diálisis durante la pandemia de la COVID-19. Más de 800 pacientes renales han muerto por sospecha del virus. El resto espera ser vacunado como sector prioritario.

El Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Salud, coordina todas las actividades públicas de los organismos centralizados y descentralizados del sector sanitario mediante un plan nacional que prioriza a los grupos más necesitados, según la Constitución de la República de Honduras, Artículo 149, Capítulo VII. Corresponde al Estado supervisar las actividades privadas de salud conforme a la Ley.

Aunque la Ley Magna del Estado de Honduras asegura que es una garantía atender las demandas de Salud Pública, Honduras ha experimentado durante décadas un sistema de salud insuficiente e incapaz de atender a la población enferma. Esta crisis se ha agudizado desde inicios del 2020 con la pandemia de la COVID-19, disminuyendo y negando los servicios de salud a los pacientes con enfermedad renal.

La insuficiencia renal es una enfermedad con sintomatología silenciosa que mina la calidad de vida de los hondureños. La incidencia es bastante variable y cambiante en ciertas partes del mundo. Las estadísticas reflejan que unos 850 millones de personas están afectados a nivel mundial, afirma el médico especialista en nefrología del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Arturo Ávila.

 “A la basura 176 riñones al mes”

El diputado y presidente de la comisión de salud del Congreso Nacional, Denis Castro Bobadilla, es el promotor de la creación de un banco de órganos, que bien pudiera ser administrado por la Cruz Roja Hondureña.

“En Honduras se tiran a la basura unos 176 riñones al mes, tomando como ejemplo solo 88 fallecidos en accidentes de tránsito en 2020”, afirmó el diputado.

Según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, desde enero a diciembre de 2020, se registraron 5,600 accidentes de tránsito, de este total, 1,060 personas perdieron la vida. Eso representa 2,120 riñones que permitirían alargar la vida de los pacientes renales si hubiera un banco de órganos, dado que ya existe una Ley de Donación y Trasplante de Órganos Anatómicos en Seres Humanos, decreto aprobado en 2013.

“La salud ha sido soslayada por esta administración pública. Desconozco por qué, pero me imagino porque la salud es el segundo gran negocio que tiene este país después de la energía”, dice Castro Bobadilla.

Hay oposición en el Congreso Nacional para hablar de un banco de órganos, afirma el diputado, a pesar de que Honduras tiene experiencia en trasplantes de riñones, córneas y médula ósea, pero no se ha querido, en primer lugar, como gobernanza. “Yo estoy pidiendo lo que está en la Ley y no lo quieren aprobar porque se les quita el negocio de varios de miles de millones de lempiras, unos 1,500 millones de lempiras al año por servicios de hemodiálisis que le prestan compañías privadas al Estado”.

Tres profesionales de la medicina integran la junta directiva del Congreso Nacional, uno en el cargo de presidente y dos en las vicepresidencias. A pesar de ello, Castro afirma que nunca en dos años se han reunido para abordar el tema.

Es importante destacar que la Ley Nacional Renal se aprobó en el año 2013. Han transcurrido unos ocho años desde entonces y la Secretaría de Salud está pendiente de emitir el reglamento de aplicación de esta Ley.

Ley del Registro Nacional de las Personas en Honduras no incluye relación con donantes de órganos

Durante el proceso de enrolamiento para la emisión de una nueva tarjeta de identificación en Honduras (DIN) se determinó consultar a la ciudadanía “si estaba de acuerdo o no en donar sus órganos”.

A la mayoría de las personas entrevistadas sobre este tema no se les requirió aprobación de donar sus órganos. Quienes sí fueron consultados y estuvieron de acuerdo recibieron su DNI sin el símbolo del corazón rojo, distintivo como donante.

Mediante solicitud de acceso a la información pública se le consultó al RNP si esta pregunta estaba basada en alguna cláusula de la Ley del RNP y la respuesta fue: “En relación a la solicitud de información que hace referencia sobre el proyecto de donantes de órganos, manifestamos que la Ley del RNP no establece relación con el tema”, firmada por el jefe de asesoría legal del RNP, Félix Ambrosio Sabio Gonzáles.

Hay una Ley Renal aún no reglamentada. También existe una Ley de Donación de Órganos y Trasplante de Órganos Anatómicos en Seres Humanos. Se incluye la opción en el DNI de ser donante al momento de morir; sin embargo, no hay un banco de órganos ni un reglamento basado en ética médica ni un proyecto en proceso que indique que se contará con los recursos logísticos y estudios especializados para el adecuado manejo de los órganos y a quién se va a destinar como beneficiario de la donación, como es administrado en otros países, con listas de espera.

“No existe voluntad política para priorizar la salud”

Las principales causas de la enfermedad renal crónica son la diabetes y la hipertensión arterial, o sea, en casi el 80% de los casos, según el nefrólogo del Hospital Mario Catarino Rivas (público) en la zona norte de Honduras, Arturo Ávila. Si adicionamos obesidad, quizás llegamos al 90%.

Todos estos factores tienen un componente genético, se integran entre sí y favorecen la enfermedad, pero son negativos para el bienestar de la humanidad. Los órganos son vitales porque cumplen funciones básicas para la vida. Si no se dan estas condiciones, la persona fallece, explica el doctor Ávila. Esto incluye a los riñones, mediante los cuales se filtra la sangre y se extrae lo que puede ser tóxico. De ese modo se forma la orina con la que se elimina lo que no es beneficioso para el cuerpo.

Existen cinco estadios del daño producido por la enfermedad, basados en el cálculo de los riñones por medio de la zafra filtradora medular. El laboratorio obtiene el valor de la creatinina y es posible calcular si el riñón está en el estadio número 5, por lo cual solo queda dar terapia sustitutiva al paciente.

El doctor Ávila agrega que la terapia sustitutiva integral consiste en tres opciones: la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante de riñones. En países donde hay voluntad política, se prioriza la atención de estos pacientes y el trasplante da mayor calidad de vida a las y los pacientes.

Pero en Honduras solo hay hemodiálisis y diálisis peritoneal, que se da a los pacientes en estadios 4 y 5, cuando la función de sus riñones está por debajo del 15%. En casos muy excepcionales se han hecho en el país trasplantes, pero no se ha tenido apoyo adecuado.

El especialista está convencido de que solo si se informa sobre esta enfermedad a la población, tomará conciencia para cambiar los hábitos alimenticios y estilo de vida y adoptar actitudes positivas con el fin de evitar que estas enfermedades aparezcan y, si aparecen, evitar su progresión.

El Estado, en la Ley Nacional Renal, reconoce que, ante las deficiencias del sistema público de salud que limitan los recursos para el tratamiento de la insuficiencia renal, es urgente emitir una regulación especial que desarrolle el derecho fundamental de salud que los pacientes requieren y crear mecanismos legales y presupuestarios necesarios.

“Se debe crear un programa especial con cobertura nacional, adscrito a la Secretaría de Salud, mediante el cual se brinde atención gratuita a los enfermos renales sin exclusión alguna, previo convenio suscrito entre estas instituciones y la Secretaría de Salud”. Esta información consta en el diario oficial La Gaceta del primero de noviembre del 2013, decreto número 200-2013.

A pesar de esa supuesta “gratuidad” para los pacientes renales, la promesa gubernamental es falsa, ya que en la mayoría de las ocasiones les toca comprar medicamentos e insumos para recibir los servicios de diálisis en las instituciones de salud pública.

El contrato de privatización de los servicios de salud

El contrato dice que la empresa “Diálisis de Honduras” brindará los servicios de hemodiálisis, diálisis peritoneal continua ambulatoria y diálisis peritoneal ambulatoria intrahospitalaria a los pacientes de referencia de nefrólogos de los hospitales Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula y Hospital Escuela Universitario de la capital, Tegucigalpa.

Diálisis de Honduras atiende a más de 4,300 pacientes en 12 de los 18 departamentos del país, según datos proporcionados por el portavoz de la empresa, Lester Torres.

La Secretaría de Salud, mediante licitación para la contratación de servicios subrogados a enfermos renales, ha delegado en la empresa Diálisis de Honduras la atención a estos pacientes, invirtiendo mil seiscientos noventa y tres millones ciento noventa y siete mil novecientos ochenta y dos lempiras con 92 centavos (1,693,197,982.92, o sea, 70,130,883.92 dólares). Este monto corresponde a diez contratos entre 2011 y 2018.

Durante los últimos tres años no se han renovado los contratos. Aun así, la empresa sigue prestando a los pacientes en todo Honduras servicios de diálisis que se suspenden cuando enfrenta dificultades en la adquisición de insumos médicos por falta de pago de la Secretaría de Salud.

La suspensión de las sesiones afecta la salud de los pacientes, quienes experimentan múltiples alteraciones y efectos negativos, de acuerdo con los testimonios de varias personas afectadas.

La alarma se encendió de nuevo el pasado 26 de abril de 2021, cuando voceros de los enfermos denunciaron que no iban a recibir diálisis debido a la morosidad del Estado hondureño con la empresa subrogada.

“Los pacientes renales ya estamos cansados y sumamente preocupados por esta acción. No es un caso aislado. Es repetitivo y cíclico que les suspendan los tratamientos como una medida coercitiva para que el gobierno les honre alguna deuda”, denuncia Armando Mencía, de Tegucigalpa.

“Hay una serie de condiciones por falta del tratamiento que derivan en la muerte, empezando por la carga hídrica, que va a pegar directamente en el corazón. Somos unos 3,900 pacientes que formamos parte del grupo que atiende Diálisis de Honduras”, concluye Mencía.

La denuncia se presentó desde Santa Bárbara, Choluteca, Atlántida, Cortés y Francisco Morazán, donde Diálisis de Honduras cuenta con una clínica de atención. El 20 de diciembre del año 2020 se suspendió la atención de los pacientes renales por la misma razón.

Muestra de contratos suscritos por Diálisis de Honduras y Secretaría de Salud (2011, 2012, 2014, 2015)

Años 2015, 2016, 2017 y 2018

Pacientes renales que recibieron diálisis en el sistema de Salud Pública por departamento (2015-2020)

Los departamentos con mayor número de reportes de enfermedad renal crónica y que reciben atención de diálisis son Francisco Morazán, Cortés y Choluteca. El territorio hondureño se divide en 18 departamentos con una población superior a los nueve millones de habitantes.

“El Negocio más rentable en Honduras”

“Subrogar el servicio significa que a usted le dan las máquinas y lo único que tiene que hacer es comprar los filtros de esas máquinas, pero el Estado dejó de dar esa asistencia y se la cedió a la empresa privada”, dice el diputado Castro Bobadilla.

Los inversionistas en esta asociación privada incluyen a varios médicos que visualizaron un gran negocio de más de 1,500 millones de lempiras al año, añade Castro. “Es un negocio donde están metidos muchos funcionarios grandes, facilitadores de candidaturas, que financian campañas políticas y es así como los contratos son aprobados y ratificados cada año”, denuncia. “Después de la energía eléctrica, creo que es el segundo negocio más rentable en Honduras. Me refiero a la hemodiálisis como empresa”.

El nefrólogo Arturo Ávila, al igual que el proyectista Castro Bobadilla, apuesta por el trasplante de riñón. Incluso ha diseñado programas de trasplante que han sido aprobados en otros países que ya cuentan con la legislación pertinente.

Trasplantes realizados (2016-2019)

Un total de 29 trasplantes se han realizado durante el periodo 2016-2019; las edades oscilan entre 4 y 19 años y 4 de estos se realizaron en el HMCR en el 2016 y 2017 y 25 en el Hospital Pediátrico María de Tegucigalpa.

Se realizan trasplantes de riñón desde 2016 en Honduras, según datos oficiales. El doctor Ávila señala, sin embargo, que eso es una ilusión, no la realidad. “Sí hay trasplantes para niños, pero de forma muy simbólica, casi solo dirigido a los medios de comunicación para recibir aplausos. Es más, un discurso, que una acción real que dé respuestas a las necesidades del pueblo. Nos quieren vender algo que no existe en el país y forma parte de la corrupción y la mentira”.

821 pacientes renales han muerto por sospecha de COVID-19

“Sin medicamentos y con máquinas obsoletas, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social agilizan las muertes de los pacientes renales”, dice el presidente de la Asociación de Pacientes Renales de Tegucigalpa, Daniel Mairena. Lamentó la deplorable administración de las autoridades del IHSS, “que buscan la privatización de los servicios de salud”. Hasta el 12 de mayo del 2021, 821 pacientes renales han muerto durante la pandemia de la COVID-19.

Confinados bajo riesgo de muerte

A inicios de febrero de 2020, el gobierno hondureño declaró estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional para contener la propagación del coronavirus y mitigar los impactos negativos en la salud de las personas. El Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 restringía por un plazo de siete días el derecho de libre circulación de personas y la circulación de vehículos particulares. Esta disposición se extendía semana tras semana.

Las restricciones alteraron la rutina de los familiares y pacientes renales, quienes se desplazaban con mayor dificultad a las clínicas para recibir el tratamiento. Esta situación multiplicó el riesgo de muerte, ya que el personal de atención se redujo debido a las limitaciones y al contagio del virus.

El manejo estatal de la pandemia ha sido caótico, inadecuado y pésimo, según el nefrólogo Arturo Ávila. Como consecuencia, agrega, Honduras es uno de los países donde el virus se comporta con mayor mortalidad. Explica que, en países desarrollados (Estados Unidos de América y Europa), la letalidad va del 2% al 1%. En Honduras, el primer rebrote andaba en 3% y la tendencia es que aumente.

La población con más enfermedades y edades son quienes corren más riesgo. Por ejemplo, nueve de cada 10 pacientes son hipertensos, diabéticos con enfermedad renal en estadio 5. Los factores de riesgo de estas personas tienden a agravar el pronóstico y hacer la mortalidad mucho más alta que en la población en general.

No existe un programa de salud pública garantizado de nivel primario, secundario y terciario, añade Ávila, y por lo tanto no hay medidas de prevención para la salud y la promoción de la salud. Y si las hay, solo es de forma publicitaria, pero no tienen una aplicación práctica ni se muestran en la sociedad.

Pacientes se quejan por tratamientos incompletos e instalaciones deplorables

 Aumentar el personal de salud es el clamor generalizado de los pacientes que requieren del servicio de diálisis en San Pedro Sula. “Ya tenemos dos años de estar en esto y ni la comisión interventora ni el director del hospital del Seguro Social nos escuchan. Parece que nos tienen mala voluntad o indiferencia”, expresa uno de los derechohabientes que ha luchado desde hace seis años con esta enfermedad. Las cosas siguen igual, reclama.

Otra queja continua es que los aires acondicionados en el área de hemodiálisis no funcionan desde hace más de un año. Pacientes y las enfermeras que nos atienden tienen que soportar el agobiante calor. Recordemos que en San Pedro Sula el clima es tropical monzónico y las temperaturas oscilan entre 29 y 39 grados centígrados”, relató Roy Flores, quien falleció por sospecha de COVID-19 el primero de marzo de 2021.

El representante de la Asociación Latina de Pacientes Renales (ALPAR), Enrique Flores, denunció ante varios medios de comunicación que su compañero Jesús Portillo murió de COVID-19, con síntomas agravados por su condición de paciente renal, pero también por negligencia. En el hospital Mario Catarino Rivas no se habilitó un área para que Portillo y otros pacientes con enfermedades renales y sintomatología de la COVID-19 fueran atendidos y se les limitó la atención médica programada según cada caso.

Denuncian discriminación por COVID-19

Edwin Blanco e Isabel Amaya murieron recientemente en circunstancias similares, relata Enrique Flores. Asegura que Diálisis de Honduras les ha negado atención a los pacientes renales que resultaban positivos en las pruebas de COVID-19 o se recuperaban de la enfermedad. La empresa, por decisión unilateral, remitió a los enfermos al Mario Catarino Rivas.

Según Lester Torres, de la empresa Diálisis de Honduras, “los pacientes positivos de COVID se atienden en una sala especial, por gestiones de la empresa, en el edificio de Plaza Las Banderas. En el caso de que se compliquen son transferidos de forma inmediata al hospital Mario Rivas para que sean atendidos de acuerdo a la capacidad. Las clínicas especiales están en varias ciudades para aislar a quienes son sospechosos de portar el virus o tienen diagnóstico de COVID-19”.

“Un día menos de vida”

Froilán Banegas Fiallos, presidente de la junta directiva 2021-2023 de la Asociación de Familiares y Pacientes Renales, capítulo norte, del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se pronunció sobre el incumplimiento de los horarios en la unidad de diálisis. Señaló que hay tres turnos: de 7:00 a 12:00 meridiano, de 1:00 a 4:00 o 5:00 p.m. y de 4:00 a 8:00 p.m.

En este último turno, remarcó el entrevistado, “a veces lo quieren sacar antes de la hora solo porque quien lo está asistiendo quiere irse temprano. Muchos compañeros lo consienten, pero yo no porque sé que esas horas van en detrimento de mi salud, de mi vida”. Hay casos de pacientes renales que no acuden puntualmente a su cita porque no tienen dinero para pagar el transporte, otros lo hacen de forma grupal para reducir costos.

Generalmente, en el turno C, agrega Banegas, los pacientes son conectados tarde y las asistentes les reducen el procedimiento a dos horas o dos horas y media cuando lo idóneo son cuatro. Los receptores del tratamiento lo aceptan en silencio, aunque esta acción significa un día menos de vida.

Dificultades por la pandemia

La principal dificultad durante la pandemia fue el transporte de los pacientes de Danli (a 90 kilómetros), Choluteca (a 139 kilómetros) y Olancho (a 233 kilómetros) que tenían que venir a Tegucigalpa. Se buscaba, que quienes necesitaban trasladarse desde lugares lejanos pudieran recibir el tratamiento en los centros de la empresa Diálisis de Honduras en los departamentos donde se encuentran sus servicios, pero no se logró.

En teoría, hay suficiente personal de enfermería para atender. Son 64. Pero la realidad es totalmente diferente porque algunas se van de vacaciones profilácticas, normales, otras se enferman y terminan con 10 o 15, Sin embargo, tocan seis en cada turno para atender a un promedio de 50 pacientes.

En cuanto a médicos, hay dos nefrólogos y dos internistas en la mañana. En la tarde hay tres médicos internistas y no hay nefrólogos.

No existe uniformidad en el número de personal. Al ofrecer esta entrevista, Mairena estaba recibiendo su sesión de hemodiálisis y aseguró que en ese momento no había ninguna enfermera, solo un ayudante para 50 personas. En la estación de enfermeras no había nadie.

Como en el resto del país, en Tegucigalpa, la COVID-19 afectó a los pacientes renales que no estaban en estadio 5 y los llevó a la unidad de hemodiálisis, incluyendo a varios menores de 40 años. Por eso no se nota el índice de mortalidad porque también aumentó el número de afectados con falla renal.

“Podría decirse un descuido. Tenía hipertensión y nunca me di cuenta de que lo era para actuar a tiempo”, cuenta Daniel, de 39 años de edad. “Es como un cáncer. Es asintomático y cuando lo detectas es invasivo y metastático. Así es la hipertensión. Si no morís de un paro cardiaco, morís de una falla renal”.

Daniel ha adquirido deudas. Ya había sacado un préstamo y no siguió pagando por la pandemia. “Las tarjetas y los bancos aprietan. Pagas y pagas, pero el saldo es el doble. Creo que toda la población está así. En la empresa donde trabajo dijeron que no iban a cobrar intereses y ahora son intereses sobre los intereses. Esta es la situación de todo mundo en nuestro país, no solo de los pacientes renales. No hemos recibido durante toda la pandemia ni una sola mascarilla del Seguro Social de Tegucigalpa”.

“Me cuesta respirar”

Alexa María Girón era una joven madre que perdió la vida después de serias complicaciones de salud. Desde los 16 años de edad recibió diálisis en un centro asistencial de Tegucigalpa.

Las prohibiciones decretadas por el gobierno en el marco de la pandemia limitaron la movilización de los familiares y pacientes renales. Era más complicado trasladarse de sus casas a las clínicas para recibir tratamiento.

Transcurrieron julio y agosto de 2020 y Alexa sentía que su salud se deterioraba. Se lo dijo a la tía Susy: “Ahorita no ando muy bien y hasta la vista la tengo bien borrosa por no recibir bien el tratamiento. Me cuesta respirar. Estoy ahogada, no he dormido una gota”.

Su angustia se acentuaba al afirmar: “Tengo hinchadas las piernas, el estómago con líquido rezagado y toxinas porque ese tratamiento nos limpia la sangre y no lo estamos recibiendo completo, solo nos están dando dos hemodiálisis y son tres las que necesitamos y nos han quitado horas”. Su justo reclamo no trascendió y su voz se apagó.

Alexa murió. No tuvo la oportunidad de reclamar, pues el nefrólogo que la atendía se enfermó de COVID-19 y estaba en su casa en proceso de recuperación.

El IHSS en Tegucigalpa atiende a 290 pacientes y San Pedro Sula a 235, solo en hemodiálisis. Es evidente que la planilla de médicos especialistas no se incrementa al ritmo que aumentan los enfermos renales. El promedio de pacientes por médico es de 58 en Tegucigalpa y de 78 en San Pedro Sula.

Pacientes renales fallecidos (2018-2020)

Un banco de órganos, la diferencia entre la vida y la muerte

Joseline Pineda es una joven que el 11 de agosto de 2010, a los 18 años, entró a laborar para la empresa maquiladora de prendas de vestir Hanes Brand Inc. Choloma, en el departamento de Cortés, en el norte de Honduras. Se le asignó, como parte de su trabajo, la tarea de unir hombros y cerrar cuellos. Tenía que alcanzar una meta de producción de 3,600 piezas diarias.

A los dos años de laborar para dicha empresa, Joseline salió embarazada. La gestación transcurrió al inicio de manera normal. La joven asistía al control prenatal en la clínica del Sistema de Médico Empresa con la doctora general Denisse Murillo en el consultorio dentro del predio de la maquila, según información proporcionada por la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), organización defensora de los derechos humanos laborales de las trabajadoras de la maquila.

A los seis meses de embarazo comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza, inflamación en varias partes del cuerpo, especialmente en brazos, manos y muñecas. Alarmada, acudió a consulta en la clínica de la empresa.

Después de ser auscultada en varias ocasiones por la doctora Murillo, Joseline le preguntó si era preeclampsia, de acuerdo con los síntomas. La médica respondió: “No, eso es normal. Es porque la bebé le aprieta el útero y por eso retiene líquidos. Al retener líquidos es lógico que se inflame”. Y agregó: “Puede regresar a su trabajo”.

Transcurrieron siete días después de esa consulta, relata nuestra entrevistada, y cada día que pasaba, su salud desmejoró. Los dolores de cabeza eran más fuertes y repetitivos, las inflamaciones no cedían y se extendían a los tobillos.

Joseline recordó que el 10 de abril del año 2014 sintió un dolor agudo en el estómago y fue a la enfermería, donde la atendió la misma doctora Murillo, quien le aplicó una inyección de ranitidina y la envió a reposar 15 minutos en una camilla mientras esperaba que la inyección hiciera efecto.

Los dolores y las inflamaciones del cuerpo no cesaban, relata Joseline, así que se presentó de nuevo ante Murillo. La doctora la levantó de la camilla donde minutos antes le había recomendado acostarse y la mandó a sentarse en una silla.

“Llegué a pensar que perdería a mi bebé y comencé a gritar”, agrega la obrera de la maquila. La enfermera Dora Mejía la auxilió. Se alarmó al detectarle una presión arterial de 180/160. Inmediatamente llamó a la ambulancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para trasladarla y darle atención especializada en el hospital. La asistencia del IHSS llegó cinco horas después del llamado de emergencia.

En 2014, a los 22 años, Joseline tuvo que aprender a convivir con la enfermedad renal originada por el mal manejo de la preeclampsia que la afectó durante su segundo embarazo.

Negligencia destruye los riñones de Joseline

“Lo que sucedió fue un manejo incorrecto y negligente de la preeclampsia porque el control prenatal en las maquilas lo hace normalmente el médico de empresa. Es un error. El manejo prenatal es una de las causas por las cuales se creó el servicio médico de empresa para que los y las trabajadoras vayan lo menos posible al seguro social”, dice el doctor Luis Manuel Pérez H. Pantoja, de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana de Xochimilco, México, quien, como investigador y asesor de CODEMUH, conoce a profundidad el caso de Joseline.

“La hinchazón y el edema en la parte superior es un dato muy indicativo de que el embarazo es de alto riesgo. El médico debe interpretar que hay un mal funcionamiento renal e investigar la causa. Debió haber elaborado el diagnóstico de preeclampsia y derivarla de inmediato al Seguro Social”, explica Pantoja.

La preeclampsia le produce la crisis hipertensiva a Joseline y esta origina insuficiencia renal aguda. Obviamente, no había estado bajo un tratamiento hipertensivo. La preeclampsia es de fácil diagnóstico. Se necesita nada más observación clínica, estetoscopio y manómetro, apunta el doctor Manuel Pantoja.

Se solicita el trasplante al Instituto Hondureño de Seguridad Social

Tras la solicitud formal y escrita de trasplante, se inició un largo proceso. Finalmente, el Seguro Social aceptó. Joseline cumplía con los requisitos médicos. Era elegible para realizar el trasplante. No le dijeron cuándo iba a llevarse a cabo la operación ni le dieron indicaciones de iniciar el protocolo a Nefrología en San Pedro Sula.

Por eso fue necesario pedir una ejecución de la resolución. Dos años después (de septiembre de 2016 a septiembre de 2018) se presentó la resolución y finalmente empezó para Joselyn la aplicación del protocolo.

Joseline pasó por la revisión de su estado físico médico y psicológico para determinar si está sana para recibir un trasplante. Se concluyó que sí lo es. No tenía ninguna otra enfermedad, no es diabética ni padece cáncer, por ejemplo.

El riesgo no era tan grande. Se trataba de ser apta o no. El riesgo quirúrgico es independiente. Joseline posee condiciones físicas y mentales para ser sometida a un trasplante. El segundo paso fue elegir a un donador. Como no hay banco de órganos, no había dónde anotarse.

El Seguro aceptó hacer el trasplante, pero hay exámenes o estudios que no se hacen en Honduras para verificar si el donador y el enfermo son compatibles en ciertas características histológicas. Joseline tenía que correr con esos costos. Lo cual no era aceptable.

Se introdujo un escrito diciendo que, si el Seguro no tiene la técnica, era obligatorio pagar. Se le hicieron los estudios a Joseline y después fue necesario que ella llevara a un donador. Su hermana aceptó donar el riñón, para lo cual había que hacerle todos los exámenes médicos. En ese punto surgieron más piedras en el camino, ya que el Seguro Social quería cobrar todos los estudios de la donadora porque no estaba asegurada. Se impugnó esa pretensión y el Seguro aceptó hacer los estudios. Por desgracia, hasta allí llegó.

Al principio, Joseline se excusaba diciendo que su hermana no había podido ir porque no había encontrado quien le cuidara los niños. La hermana no se presentó a hacerse los estudios.

Si hubiera estado aprobado el banco de órganos, Joseline Pineda habría tenido la alternativa de un trasplante precoz. ella cumplía con los criterios médicos y socioeconómicos. De inmediato debió haber entrado a un protocolo de trasplante renal, según el doctor Pantoja.

Joseline se siente asustada e insegura ante la posibilidad de un trasplante, pero anhela convivir días completos con su familia, ver crecer a sus hijas y tener un estilo de vida diferente al que ha tenido hasta hoy. Lograrlo no solo depende de ella, sino también de las políticas públicas de las autoridades del gobierno al aprobar el banco de órganos propuesto por el doctor Denis Castro Bobadilla.

En Atlántida, la historia es la misma: diálisis y pobreza van de la mano con la COVID-19

Walter Amaya, de 33 años de edad, empezó a adolecer hace 15 años de insuficiencia renal crónica. Estuvo trabajando a tiempo completo con la Asociación Latina de Pacientes Renales en múltiples gestiones.

“Se necesita mucho para defender al paciente en cuanto a insumos médicos para ayudar a los de bajos recursos, que son más del 90% en todo el país”, afirma Amaya. “Muchos de los pacientes solo viajan a sus tratamientos con su pasaje. Gestionamos donaciones para la compra de medicinas, pasajes, exámenes de laboratorio y cirugías. Es una lucha constante”.

El Estado de Honduras es el responsable de garantizar el derecho a la salud de toda la población, indistintamente de religión, sexo y edad. No solo es el tratamiento de diálisis.

“Hemos luchado por un tratamiento integral, recibir hemodiálisis, medicamentos y exámenes de laboratorio, tener nutricionista y psicólogo. ¿En qué se ha empeñado el gobierno de la República a través de la Secretaría de Salud? Solo en pagar el tratamiento de diálisis, pero no con responsabilidad porque, durante varios años, las organizaciones tenemos que estar exigiendo que pague los compromisos en la privatización de los servicios, cuando la obligación no es de los pacientes, sino del Estado”, enfatizó el dirigente.

Si el gobierno no paga a tiempo, se reduce el tratamiento e incluso puede haber suspensión. Esto provoca la muerte, según Amaya. Ya han tenido casos como el de Yesenia Hernández, quien falleció por el recorte de tratamiento debido a la falta de pago en el gobierno de Porfirio Lobo. ¿Por qué esperar a que el proveedor se quede sin medicamentos?, dice Amaya.

Los representantes han presentado a la Secretaría de Salud proyectos para capacitar a médicos, para identificar futuros casos en una base de datos, para tener trasplantes sin costos. Pero no se ha dado seguimiento a las propuestas de la organización. El cambio de funcionarios de Salud Pública los afecta porque vienen con nuevas ideas.

En el municipio de Tela se abrió en 2017 la clínica con 30 pacientes. Ahora hay casi 100 personas. En La Ceiba, los pacientes exigen mejores condiciones en las instalaciones.

Al inicio de la enfermedad, al paciente se le pone un catéter. Seguidamente se le pone una fístula, que es una operación con anestesia local en el brazo o antebrazo consistente en la unión de la vena con la arteria. Esta operación únicamente la realizan los cirujanos vasculares y vale unos 20 mil lempiras ($800) que pagan los pacientes (en La Ceiba solo hay un especialista).

Los pacientes solo pueden llevar el catéter un máximo de tres meses, pero, debido a que tienen poco dinero, lo portan varios años, lo cual aumenta el riesgo de morir. Es lamentable que el gobierno restrinja también las gestiones de especialistas para ayudarles con operaciones realizadas por médicos de otros países.

En todas las ciudades, los enfermos afrontan los mismos riesgos de contagio porque no hay separación entre los contagiados y no contagiados con el virus. En La Ceiba no se ha suspendido el tratamiento, pero se está solicitando una clínica para pacientes renales con COVID-19. Actualmente, no hay un espacio médico para quienes se ponen mal. El Catarino Rivas en San Pedro Sula no tiene espacio para un paciente renal con COVID-19 y se ha solicitado a Salud Pública la disponibilidad de un predio para ese fin.

En Tocoa, Colón, 183 pacientes renales asisten dos días a la semana en cuatro turnos. Solicitan a Salud Pública un nefrólogo que los visite una vez al mes. Eso los beneficiaría mucho.

En mayo de 2020, Juan Pedro Canizales falleció en La Ceiba de un ataque cardiaco. Se había quejado de abandono después de 13 años de recibir tratamiento. Dijo que la máquina ya no le quería dar vida, que él ya no servía. Le exigió al gobierno que supervisara lo que estaba pasando en la clínica de Diálisis de Honduras en La Ceiba porque la capacidad estaba superada y estaban sufriendo las consecuencias de muchos errores. Necesitaban una nueva clínica que les prometieron.

Jacqueline Funes viuda de Canizales se quejó porque el Gobierno no les ayuda a los pacientes al cien por ciento, como debería. Demandó un local más acondicionado y amplio porque en el sitio donde están todo falla. Hasta las enfermeras los tratan mal a veces.

Una debilidad presentada desde el inicio de la pandemia es la falta de efectividad de las pruebas practicadas para determinar el contagio porque en el hospital Escuela y el Instituto Hondureño de Seguridad Social no se realizaban PCR, solo pruebas rápidas, o falso positivo o falso negativo.

Un nefrólogo por 500 mil habitantes

“No existen campañas de prevención que lleguen a la población y por eso hay tantos pacientes renales o diabéticos”: Óscar Lorenzana.

La insuficiencia renal crónica es considerada como una pandemia por la OMS, dice el especialista nefrólogo y director médico a nivel nacional de Diálisis de Honduras, Óscar Lorenzana. Actualmente atiende a 215 pacientes solo de la ciudad de La Ceiba. La población más afectada es la tercera edad, pero están creciendo los índices en la juventud.

Pacientes por ciudad y departamento

Las dos causas principales de la insuficiencia renal son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. En la zona sur se presentan casos de nefropatía o enfermedad renal crónica de causa no tradicional, sobre todo entre trabajadores agrícolas expuestos a altas temperaturas. En el resto del país, la principal causa es la diabetes, con 65 por ciento. A nivel nacional, en Diálisis de Honduras se habla de que el enfermo está en una etapa terminal de la insuficiencia renal crónica. Hay más de 3,600 pacientes.

Este problema de salud se presenta después de los 40 años, más que todo en los hombres porque no le dan importancia a la enfermedad de base, no acuden a cita con médicos, no se toman los medicamentos que les indican. También por trabajo o por ignorancia. Algunas personas ni sabían que eran diabéticas o hipertensas y no acuden a ninguna consulta. “Todas las semanas estamos metiendo de siete a 10 pacientes nuevos de más de 50 años en programas de diálisis a nivel nacional”.

Hay tres alternativas cuando se presenta esta enfermedad: la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante. Aunque está aprobada una Ley de Trasplante, no se ha implementado en Honduras. No hay un banco de trasplante de órganos, que sería la mejor opción para estos enfermos. Para el gobierno sería mucho más barato. No tendría que estar pagando tratamientos sustitutivos como la diálisis.

El promedio de vida es indeterminado. “Tenemos pacientes que llevan casi 30 años recibiendo diálisis. Aquí en La Ceiba, el paciente Walter Amaya lleva 16 años. Hay gente que se ha cuidado, se le diagnosticó joven. Algunos han fallecido por otras complicaciones médicas. La diálisis se da tres veces por semana de forma permanente. Si el paciente no recibe el tratamiento, desgraciadamente se sub dializa y a la larga fallece”, explicó.

En las clínicas privadas, estos tratamientos son sumamente costosos. En Tegucigalpa y San Pedro Sula, una diálisis puede costar alrededor de 15 mil lempiras ($602). En La Ceiba ronda los siete mil lempiras ($281) en la parte privada y, en la pública, el costo real es de unos 70 dólares (1,743 lempiras).

La nefrología es una especialidad nueva en el país. Hasta hace 10 años, en Honduras había cuatro especialistas y actualmente hay unos 23. Es decir, un nefrólogo por 500 mil habitantes. En el litoral atlántico, desde El Progreso hasta Atlántida, Colón, Olanchito e Islas de la Bahía, solo atiende el doctor Lorenzana.

Se necesitan más especialistas y medicamentos que no existen en los hospitales públicos. La gente que tiene dinero puede comprarlos, pero la mayor parte de la población no tiene acceso a un hierro intravenoso. Algunas personas han muerto por la falta de medicamentos, no por falta de diálisis.

Debilidades del sistema en atención a pacientes con enfermedad renal

• En Honduras no existe una política pública para los pacientes renales orientada a la prevención, educación y asistencia psicológica después de recibir el diagnóstico de enfermedad renal para que puedan enfrentar la depresión manifestada por todas las personas entrevistadas.
• La documentación estadística de los casos presenta inconsistencias, sin reflejar datos claves en algunos periodos, así como la desagregación por género, edad, causas de la enfermedad en casos como los de las mujeres embarazadas que sufren preeclampsia y como resultado experimentan enfermedad renal. (En el IHSS el registro de datos es más organizado y detallado)
• Los pacientes entrevistados sufren discriminación laboral por la necesidad de asistir un promedio de tres veces a la semana a recibir el tratamiento.
• El papel de los medios de comunicación en la denuncia de falta de atención a pacientes tiene un rol importante, pero no en la educación y promoción de la prevención.
• Más de 821 pacientes renales fallecidos por sospecha de COVID-19 no tienen un documento legal que garantice la causa de muerte. No se les hizo autopsia para determinar complicaciones o neumonía.
• Los pacientes reportan que no tienen opciones frente a la crisis económica. Su endeudamiento se agrava debido a las políticas públicas engañosas, donde la banca privada reproduce la mora por el cobro de intereses sobre intereses.
• No hay mujeres liderando mecanismos en defensa de los pacientes renales.

De 2015 a 2020 han fallecido 479 personas por enfermedades renales según información suministrada por el Instituto de Acceso a la Información Pública.

En el marco de la pandemia, hasta el 12 de mayo de 2021 han muerto 821 personas, manifestó el presidente de la Asociación Familiares de Pacientes Renales de Tegucigalpa, Daniel Mairena.

El 25% de pacientes renales se niega a vacunarse por miedo a los efectos de la vacuna según Lester Torres de la empresa Diálisis de Honduras, esto incrementa el riesgo de muerte por Covid19, ese porcentaje representa a 798 personas.

 En Honduras no hay cultura preventiva en salud, políticas públicas de prevención ni campañas educativas de prevención de enfermedades para las nuevas generaciones.

Con todos los millonarios fondos que invierte el Estado en contratar empresas privadas perfectamente podría comprar los equipos e insumos y pagar a médicos especialistas sin necesidad de privatizar los servicios de salud.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Adelante en América Latina