La política de seguridad implementada en El Salvador inspira a líderes latinoamericanos a costa de garantías ciudadanas.
Tanto en El Salvador como en Honduras, los cabecillas de los grupos criminales tienen sus “cuarteles generales” en el sistema financiero y las zonas residenciales de las principales ciudades y no en las comunidades populares, que suelen ser las más asediadas por las políticas de mano dura, declaró un integrante de una organización de base salvadoreña.
El populismo punitivo se vende durante ciclos electorales, sobre todo al ser acompañado por la maquinaria de manipulación mediática de la que se ha hecho uso en El Salvador, refieren entrevistados de dicho país al ser consultados sobre si la presidenta hondureña, Xiomara Castro, podría estar implementado el “modelo Bukele” de cara a las elecciones generales de 2025.
Tegucigalpa. – Las políticas de mano dura y el populismo punitivo ya llevan varias décadas de reciclaje en el norte de Centroamérica, sin que a largo plazo solucionen las problemáticas de corrupción y crimen organizado que se han enraizado en la sociedad, producto del debilitamiento institucional.
Para algunos las políticas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, son la muestra de que es posible limpiar las calles de la extorsión y el sicariato cuando se dejan de lado las garantías ciudadanas, olvidando que las estructuras del crimen organizado no solamente están en las calles de barrios populares, sino también en exclusivas colonias y residenciales habitadas por los representantes de las élites económicas y políticas que manejan y conducen los hilos del poder.
Intentando beneficiarse de la influencia y “popularidad” que han tenido las políticas del “exitoso” plan de control territorial implantado en El Salvador, lideres latinoamericanos buscan emular el llamado “modelo Bukele”.
Xiomara Castro, primera mujer presidenta de Honduras, desde diciembre de 2022 implementó un estado de excepción ininterrumpido que se extiende hasta la fecha, a la sombra de la ilegalidad, buscando calcar a Bukele, sin lograr hasta el momento los resultados que tanto aplaude una parte de la ciudadanía.
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Sin embargo, no fue sino hasta el pasado viernes 14 de junio que Castro terminó de dar el salto, anunciando a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional –remanente de la narcodictadura, que la mandataria en su plan de gobierno repudió por infringir la separación de poderes del Estado–una segunda fase de las “acciones radicales del plan de solución contra el crimen”.
Las medidas incluyen: la intervención de las fuerzas públicas de municipios con altos índices de criminalidad, la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia entre los Departamentos de Olancho y Gracias a Dios y el Centro de Reclusión Penitenciario en Islas del Cisne; la captura de miembros de maras y pandillas, narcotraficantes y extraditables; reformas al Código Penal y el Código Procesal Penal, este último con el propósito de incorporar medidas de juzgamiento colectivo, entre otras.
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DETENCIONES ARBITRARIAS DE EL SALVADOR PODRÍAN REPLICARSE EN HONDURAS
Para el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, las acciones radicales a implementarse en Honduras son una formula conocida en El Salvador.
Componentes como las detenciones masivas arbitrarias e indefinidas y los juzgamientos colectivos, son elementos que requieren de medidas de garantía de derechos humanos, de lo contrario en Honduras se repetirá el patrón de El Salvador con la comisión masiva de violaciones de derechos humanos.
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“Es importante, en primer lugar, comprender la magnitud de lo que está pasando en El Salvador. Y con eso me refiero a que 80,000 personas han sido detenidas, casi la mayoría, si no la totalidad, en detenciones arbitrarias, es decir, sin orden judicial, sin investigaciones previas, sin evidencias”, compartió el integrante de Cristosal, una organización no gubernamental de El Salvador.
Bullock señaló que, a través del análisis de más de 1,178 casos de detención en flagrancia, ninguno de estos reúne las condiciones de esta figura.
“Con mucha confianza decimos que hay una situación en El Salvador de detención arbitraria masiva. Y luego de esto, pues las personas que han sido detenidas han sido sometidas en centros penales a condiciones intencionalmente crueles inhumanos, e incluso hemos documentado prácticas de torturas sistemáticas”, expuso.
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El director ejecutivo de Cristosal afirmó a Criterio.hn que la tortura al interior de los centros penales de El Salvador se ha convertido en una política de estado. A la vez que este maltrato y tortura ha resultado en muertes en centros penales.
“Nosotros como organización hemos verificado en investigaciones forenses más de 261 casos de personas fallecidas en custodia del Estado. Y, encima de esto, hemos documentado cuatro casos de bebés que han fallecido en custodia del Estado. Estamos hablando de una política de seguridad construida sobre graves y sistemáticas y masivas violaciones de derechos humanos”, recalcó.
POLÍTICAS DE MANO DURA EN HONDURAS PERPETÚAN ABUSOS Y CORRUPCIÓN
Sin aplicar el “modelo Bukele”, la construcción de cárceles de máxima seguridad fue una dinámica implementada por los 12 años de gobiernos del conservador Partido Nacional de Honduras, sin que generaran resultados, más allá de convertirse en centros de exterminio, planteó el fiscal del Ministerio Público de Honduras Víctor Fernández.
El integrante del Bufete Estudios para la Dignidad y exfiscal del Ministerio Público de Honduras, Víctor Fernández, afirmó que la constante de las políticas de mano dura, desde hace décadas, es la disminución de derechos, o sea la vulnerabilidad de la ciudadanía frente a los excesos de los funcionarios encargados de aplicar este tipo de leyes.
Fernández planteó que el estado de excepción en Honduras ya no es un estado de excepción y se convirtió en la norma. Refiriendo que las administraciones de gobierno que operan bajo estado de excepción “se caracterizan por ser autoritarias, es decir, por necesitar siempre tener vía libre para intervenir en cualquier situación sin controles o con menores controles”.
El exfiscal hondureño apuntó que la política de más cárceles de máxima seguridad es algo que se ha venido viviendo en el país, sin aplicar el modelo Bukele. Recordando que, en doce años de administración del Partido Nacional, esa fue la realidad, la construcción de cárceles de máxima de seguridad como La Tolva en Morocelí, El Paraíso y El Pozo en Ilama, Santa Barbara, las cuales se convirtieron a lo interno en centros de exterminio.
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Para Fernández, quien admite que no hay fórmula matemática para solventar la problemática, la mejor forma de prevenir la delincuencia es satisfaciendo los derechos sociales y necesidades no resueltas de las personas, así como el combate de la corrupción de las élites en el país.
“Aquí, me parece que, hay que volver a la política criminal básica que redunda o que entiende la primacía de la dignidad humana, la primacía de las responsabilidades que tiene el Estado de generar bienestar a la población y no robustecer las herramientas de violencia estatal como es la policía, los militares, normas que facilitan el abuso”, remarcó.
El abogado defensor de derechos humanos puntualizó que lo expuesto no niega la realidad sobre el incremento de la criminalidad en Honduras y la necesidad de intervenir. Pero, advirtió, que el problema central es que los interventores no terminan de depurarse, y son parte de las estructuras del crimen organizado.
“Si no se controla, digamos, la fuente de la violencia que es la corrupción, el tráfico de influencias que hay a nivel institucional, pues no va a haber efectividad, puede haber resultados en cortos tiempos para dar la impresión de que funciona, pero luego emerge fuertemente las distintas manifestaciones del crimen”, previno.
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Argumentó, que los sacrificados siempre son las personas que no tienen poder, que no tienen condiciones para defenderse de la actitud invasiva del Estado. Prueba de esto son cárceles colmadas siempre de gente empobrecida.
“[D]e los más de 20,000 presos que hay aquí, pues todos son gente empobrecida. Muy pocos son la gente vinculada a la corrupción que fue juzgada, la gente de la estructura económica que ha saqueado el país”, concluyó.
Algo en lo que concuerda Enrique Córdoba, integrante de una organización de base salvadoreña, quien refirió a Criterio.hn que está claro que se debe perseguir el crimen, se deben buscar a los líderes.
Pero, aclaró, que se debe tener en cuenta que los “cuarteles generales” de estos cabecillas, tanto en El Salvador como en Honduras, está en el sistema financiero y las zonas residenciales de las principales ciudades y no en las comunidades populares.
Córdoba expuso que en ambos países no se escucha sobre la implementación de políticas de seguridad que contenga un enfoque integral que conlleve a procesos de inclusión o rehabilitación.
“De nada sirve que se endurezcan las penas si estas no van a estar dirigidas […] a quienes están a la cabeza de las organizaciones criminales. Todos los narcotraficantes y líderes de pandillas a la cárcel, pero establezcan la diferencia entre un criminal de cuello blanco y un ‘robagallinas’. Eso solo se logra con una persecución del delito sobre la base del fortalecimiento de la inteligencia policial”, declaró Córdoba.
MEDIDAS PUNITIVAS EN HONDURAS: ¿ESTRATEGIA PARA GANAR VOTOS EN 2025?
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, al ser consultado sobre si la decisión de acoplar estas medidas radicales en Honduras puede estar relacionada a ganar votos de cara a las elecciones generales de 2025, aportó que “está comprobado que el populismo punitivo se vende durante ciclos electorales”.
Agregó que es una reacción entendible de la ciudadanía por el dolor que siente por el daño causado por estos grupos. Ejemplificó que en un inicio la población celebra las medidas, luego justifica las acciones cuando tocan a vecinos que quizás no estaban involucrados. Sin embargo, cuando comienzan a capturar a familiares, ya es demasiado tarde y hay miedo para denunciar o incluso defender los derechos propios.
“Puede que a corto plazo genere rédito político en un contexto electoral, pero a lo largo vemos que eso también es un arma de doble filo”. explicó.
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Ejemplificó que, en El Salvador, si bien la mayoría de la población al ser consultada afirma apoyar el estado de excepción como política de combate al crimen organizado, también la mayoría refiere preocupación por la violación de derechos humanos.
“No es cierto que en El Salvador la gente ha estado dispuesta a sacrificar sus derechos a cambio de la seguridad”, agregó
Enrique Córdoba, integrante de una organización de base salvadoreña, indicó que, si bien Bukele puede gozar de popularidad en Honduras, esta “es la popularidad que pudiera tener Juan Orlando Hernández en El Salvador, por el desconocimiento del pueblo salvadoreño de todas las tropelías de un autócrata vinculado con el narcotráfico y el crimen organizado”.
Señaló que las medidas represivas de la nueva ultraderecha, como es el caso de Bukele, son muy eficaces en términos propagandísticos y más cuando son acompañadas de la maquinaria de manipulación mediática de la que se ha hecho uso en El Salvador.
Córdoba refirió que este tipo de medidas buscan un golpe propagandístico y que si bien no se sabe con certeza si eso es lo que busca Xiomara Castro, sí se conoce que no se está hablando de crear nuevas fuentes de empleo sino de construir nuevas cárceles. Lo primero no tiene impacto mediático inmediato en la conciencia ciudadana y lo segundo sí.
“[U]n programa de este tipo lo que está haciendo es apelar a ese instinto primitivo de odio y venganza en las ciudadanías, en este caso ciudadanías centroamericanas. […] No le echamos la culpa a la ciudadanía salvadoreña ni a la hondureña, es como echarle la culpa a la ciudadanía alemana por tener un perverso Hitler y un perverso Goebbels, que es lo que tenemos en El Salvador. ¿Los tiene Honduras? ¿Los tiene el gobierno de Xiomara Castro? Sí, nos preocupa y nos preocupa que avance en esa dirección”, declaró.
Córdoba fue contundente al afirmar que las medidas tanto en El Salvador como en Honduras no son sostenibles a largo plazo y más pueden convertirse en una bomba de tiempo que explote. “¿Qué va a pasar cuando se le acabe al gobierno de Honduras el argumento del enemigo público?”, preguntó.
El plan de control territorial instaurado en El Salvador por el inconstitucionalmente reelecto presidente Nayib Bukele, goza de popularidad en Centroamérica, especialmente en Honduras, donde de cara a las elecciones primarías de marzo de 2025, precandidatos a la presidencia de diferentes partidos políticas afirman implementarán dicho modelo.
