Por: Gustavo Zelaya Herrera
La dependencia y el entreguismo son constantes en la historia hondureña, al grado que los gobernantes parece que compiten para profundizar tal condición servil y convertirla en ley de los políticos que ha gobernado; ese fenómeno está relacionada con la corrupción y la impunidad de esos grupos ligados también a la narcoactividad.
Parte de esa historia es la violencia fomentada desde el poder y por los grupos dominantes; tal circunstancia se agrava desde inicios del siglo XX con varios encuentros armados en las llamadas “revoluciones” entre liberales y nacionalistas, así: “La guerra más brutal que se vivió en territorio hondureño fue la de 1924…Las sanguinaria guerra de 3 meses, de los cuales 45 días fueron de asedio a la capital Tegucigalpa… Los hechos violentos se registraron en todo el país durante el primer mes y medio, donde las luchas por las toma de plazas aniquilaron miles de vidas humanas y destrucción de la infraestructura. Cuando la guerra llegó a las puertas de Tegucigalpa la matanza y el miedo llenaron el ambiente… La fatalidad se podía observar desde los cerros, muchas personas que se fueron al picacho u a otras montañas observaban a lo lejos el humo de la quema del mercado San Isidro, del Correo y de las casas destrozadas por las bombas lanzadas por el aeroplano o por la artillería. El humo también era humano, cerros de cadáveres eran incinerados por miedo a una epidemia… La brutalidad de la matanza de “hermanos contra hermanos”, término que trae a la mente la obra pictórica de Pablo Zelaya Sierra (1931), que por un siglo lideraron caudillos que veían la estructura del Estado como una hacienda –aun lo hacen- condujeron alienadamente a la población a los teatros de la muerte, y a través del odio a colores y fidelidad al cacique posesionaron el bipartidismo… Las secuelas de esa tradición política de masacres e imposiciones en nombre de la “paz y la democracia” sobreviven ahora con las componendas y fraudulencia para garantizar que los intereses de una oligarquía financiera y de estructuras partidarias cuasi-feudales se mantengan sin consideraciones a las terribles secuelas de violencia y pobreza en que vive más del 70% de la población hondureña”[1].
La dependencia, el entreguismo y la podredumbre de los grupos políticos en el poder tiene larga data, pero se expresó con más claridad a partir del golpe de Estado de 2009. El impacto se muestra en los indicadores de criminalidad, desempleo, salud, educación, deuda pública, despojos de territorios a pueblos originarios, privatización de servicios públicos, la escandalosa corrupción que afecta el tesoro nacional de modo que sólo en el 2018 ascendió a más de sesenta y cuatro mil millones de lempiras[2], las concesiones al capital extractivista y en la forma en que se diseñan y aplican las leyes. Incluso, la crisis se expresa en la norma que rige la conducta de los que están en el poder y en la tradición política que no es más que la normalización de la impunidad.
Recientemente el secretario de seguridad del régimen orlandista Fredy Díaz, en su papel de ministro y mal comediante afirmo que ya no somos el país más violento del mundo; “recalcó que ahora que se han bajado los índices de violencia se le puede conceder mayor atención a otros sectores que necesitan el apoyo estatal”[3]. Es posible que no sea aficionado a cualquier lectura pero podría ver al menos dos medios impresos de gran circulación nacional: La Tribuna, 5 de septiembre: En bolsa y sacos dejan cuerpos de tres personas en vía pública; dan con narco laboratorio y 88 mil arbustos de coca; en Siguatepeque egresado de agronomía y amigo mueren tiroteados; candidato a la alcaldía herido en San Luis, Santa Bárbara. El Heraldo de la misma fecha: cuando visitaba a su hermana fue asesinado director de banda de guerra en Choloma; captura, brutales asesinatos y accidentes en la ola de violencia que cerró el mes de agosto y recibió septiembre; matan a estudiante de la UNAG el mismo día en que culminó su práctica; asesinan a policía dentro de discoteca en Potrerillos; tres personas heridas y una muerta deja masacre en Puerto Cortez. O, los mismos medios del 9 de septiembre, El Heraldo: captan en video asalto a grupo que veía partido de la selección; capturan a taxista que asaltó a sus pasajeros en la capital; asesinan a conductor de taxi en el día del Taxista Hondureño. La Tribuna: dos jóvenes son ultimados en Omoa; guardia de seguridad fallece en frustrado asalto dentro de gasolinera en SPS; pistoleros ultiman a el “tembleque”. Y esto sin mencionar la criminalidad política practicada desde el Estado representada en las personas detenidas injustamente por proteger el medio ambiente. Eso es una minúscula parte de lo que nos brindan seguridad y defensa llaman “hechos aislados”.
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El deterioro del sistema social vigente en Honduras se revela en algunas investigaciones independientes que señalan índices de violencia que parecen normalizados y convenientemente ignorados por las autoridades[4]. Esos estudios proponen la necesidad de ir más allá de “la concepción de la muerte violenta como único indicador de violencia”[5] para estudiar la histórica violencia contra las mujeres. Esta violencia abarca actos de carácter sexual no deseados ni esperados por la víctima; sea acoso verbal, coacción, intimidación y fuerza física en contra de niñas, adolescentes y mujeres. Tales actos están “naturalizados”, no se asumen como violencia ni por la víctima ni por el agresor y se hace creer que la víctima es la que provoca tal situación. Según datos oficiales esas formas de violencia también ocurren dentro de los matrimonios y a nivel familiar en diversos rangos de edad.
Al parecer, esto no provoca mayor interés estatal, sea desde el municipio hasta el poder central, desconocen la realidad de mujeres víctimas y sobrevivientes; no se averiguan las consecuencias de esa violencia como enfermedades, embarazos no deseados, abortos, mortalidad materna, estrés, depresión, suicidio, etc. Más bien se nota un gran trabajo político y religioso para ocultar esa situación. Y, como es de esperar, desde ningún grupo de poder se hará algo contra los causales de esa violencia que son las formas patriarcales de las relaciones sociales originadas en la propiedad privada y el sistema económico que tiene en su fundamento la inequidad social, la desigual distribución de la riqueza, el despojo, la explotación del trabajo y de los bienes comunes. Es dentro de este contexto en donde ocurren los femicidios y los crímenes de ocio, la trágica realidad que, con más precisión, tendrían que llamarse “crímenes políticos del orden patriarcal, entendiendo que este orden permea las sociedades a todos los niveles, impregnando todas las prácticas sociales”[6].
La pandemia y el bicentenario no han servido para instaurar espacios de salud, respeto y solidaridad; más bien “Actualmente, Honduras es el segundo país con mayor índice de violencia contra las mujeres en Centroamérica. En estos dos años hubo una radical diferencia en el contexto nacional con el ingreso de la pandemia de COVID-19 y el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, pero la incidencia en violencia contra mujeres no cambió en la misma dimensión” [7].
Es una obviedad decir que en Honduras la violencia es un mecanismo de control y a ello se agrega la presencia del crimen organizado en las cúpulas políticas, la expropiación de los bienes comunes en las comunidades originarias, la militarización y armamentismo como medios de coerción, la privatización de recursos y servicios, la degradación del sistema de salud y educativo, la corrupción, la impunidad y la profundización del modelo neoliberal en la forma extrema de las ZEDES. Además, el país se ha convertido en lugar de altos índices de homicidios y productor de indicadores de medición de violencia en general, como la tasa de homicidios, que encubren otras formas específicas como la violencia contra las mujeres. En la producción de esa estadística oficial participan agencias estatales como el Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS) y el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), de la Secretaría de Seguridad.
Así, la estrategia del régimen parece dirigirse a la reducción de esa tasa por medio de alguna metodología que no considera la actualización del censo de población y la manipulación oficial de las cifras de homicidios sin reducir los casos concretos. Por ello, desde el Estado se responsabiliza la existencia de la violencia contra las mujeres al contexto y se desconoce su responsabilidad en la protección de la población y en asegurar una vida libre de violencias. A pesar de las declaraciones oficiales que hablan de reducciones en la tasa de homicidios, sigue manteniéndose en niveles propios de países inmersos en conflictos bélicos. “El altísimo número de muertes violentas, las múltiples violaciones de derechos humanos y asesinatos de sus defensoras y defensores, la gran cantidad de personas que migran a Estados Unidos o a otros países huyendo de la violencia, la enorme cantidad de desplazados internos que tiene el país, la inseguridad jurídica y política que se observa, la proliferación de armas pequeñas y de largo alcance, y la corrupción a niveles insospechados en todas las estructuras de gobierno, hacen pensar que efectivamente en Honduras se vive lo que se conoce como una emergencia o crisis compleja, término que hace referencia a crisis humanitarias producidas por conflictos no convencionales o guerras de baja intensidad, donde no es fácil identificar e intervenir en las acciones de los grupos armados causantes del conflicto, porque operan desde la más absoluta ilegalidad y sigilo” [8].
Es importante saber que el Estado de Honduras es firmante de convenios internacionales que incluyen tipos penales de violencia sexual presentes en las leyes nacionales. Da la impresión de que “cumple” formalmente con esos compromisos pero en la práctica no hay resultados significativos acerca de la prevención, atención y combate a esa violencia. Además, en el país el aborto está penalizado y esto complica más la vida de las víctimas de violencias sexuales y embarazadas a raíz de una violación; se les niega la posibilidad de interrumpir el embarazo y se les obliga a embarazos forzados o abortos clandestinos en las peores condiciones sanitarias.
Después de junio de 2009 aumentaron los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos; en especial contra defensoras de derechos humanos relacionadas con la defensa del territorio y los bienes naturales. Esto se relaciona con el hecho que desde ese año aumentaron las concesiones territoriales sin consulta previa con las comunidades. Gran parte de estas embestidas son perpetradas por agentes estatales, lo que convierte al Estado hondureño en el principal agresor. “En los últimos 10 años, según datos del Ministerio Público hondureño, han sido asesinadas 4,707 mujeres. La mayoría de los asesinatos ocurrieron con arma de fuego. Y el alto grado de impunidad que hay, anima a los agresores a seguir violentando a más mujeres “[9].
En resumen: “Las medidas de seguridad y militarización que el gobierno ha implementado responden a una concepción represiva de la seguridad. Se impulsa el militarismo y armamentismo, sin que el Estado asuma a cabalidad su obligación en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. La falta de voluntad política, corrupción y un sistema de justicia colapsado, resultado del colapso económico, social y cultural, se convierten en factores determinantes en el aumento de la violencia contra las mujeres al promover una cultura de impunidad. El acceso a justicia de las mujeres en general y a las defensoras de DDHH en particular se ve obstaculizado por la discriminación por razones de género, en claro irrespeto a la Convención CEDAW [10] . Pese al aumento de las desapariciones de niñas y mujeres, no existe registro de los casos, ni se actúa con la diligencia y celeridad indicada por los organismos internacionales. A causa de la discriminación y prejuicios sexistas las medidas de prevención están ausentes pese a que los hechos demuestran que estas agresiones suelen ser preludio de feminicidios” [11] .
La versión oficial que habla de “celebrar” el bicentenario pone mucha atención en lugares de alta concentración urbana como sitios predilectos para tal evento y, por supuesto, en la cuna en donde nació la persona que gobierna de Honduras, como espacios notables por su civismo y patriotismo: los informes citados indican que, durante 2020 tales regiones son las que “registraron 309 muertes violentas de mujeres, la mayoría de ellas ocurrieron en Francisco Morazán (35%); Cortés (23%) y Lempira (7%)”[12] . Esas son de las regiones más representativas del patriotismo hondureño de los que “celebran” el Bicentenario. Y para más claridad estadística: “en un período de 15 años la violencia prácticamente se ha duplicado. De enero del 2004 a diciembre de 2020 se han producido 77,257 homicidios en Honduras, 3,621 en el 20207. El 2012 se registra como el año más violento en la historia de Honduras, año en el que murieron víctimas de la violencia letal 7,172 personas. La tasa de homicidios para ese año fue de 79 por cada 100,000 habitantes. A partir de ese año la tasa de homicidios comenzó a bajar, hasta llegar a un 38.9 por cada 100,000 habitantes en el 2020 “[13].
Es importante saber que la violencia contra mujeres no es exclusiva del régimen actual ni se debe creer que se origina únicamente a partir del golpe de Estado de 2009; la desigualdad de género en el país está vinculada con las desigualdades de clase existentes que parecen profundizarse desde la independencia con los enclaves, el extractivismo y las concesiones del territorio nacional. Esa violencia es uno de los efectos más brutales de sistema social desarrollado desde 1821; es consecuencia de todo el proceso de desarrollo nacional que se acerca a 200 años, ahora profundizada a la sombra del narco poder que lleva a cabo campañas de vacunación como si fueran propaganda política y que despliega una sistemática entrega de porciones del territorio con el nombre de zonas de empleo y desarrollo. Así es la visión del bicentenario de la independencia del régimen de Juan Orlando Hernández.
[1] Publicado en Conexihon (http://old.conexihon.hn/site). Escrito por Edgar Soriano | Febrero 17 del 2014.
[2] Fosdeh-CNA: La estimación del impacto macro-económico de la corrupción en Honduras; p.18: En el año 2018 la cifra estimada de corrupción ascendió a un monto total de sesenta y cuatro mil
ochocientos ochenta y seis punto setenta y ocho millones de lempiras (L 64,886.78) equivalente
a un doce punto cincuenta por ciento (12.50%) del Producto Interno Bruto (PIB) a precios de
mercado, alcanzando el punto más alto en las cifras del estudio realizado. 08/02/2020.
[3] https://presidencia.gob.hn/index.php/seguridad/
[4] Dos documentos del CDM son fuente principal de este escrito: 1) “Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres” de julio de 2015; 2) “Honduras. Las mujeres y los mecanismos internacionales de observancia de los derechos humanos”, 2015.
[5] CDM: Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, julio de 2015.
[6] Muertes bajo la sombra de la impunidad: Femicidios en el contexto del crimen organizado en Honduras; publicación de CDM, SUDS, Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, Tegucigalpa, agosto de 2021, p. 15. La noción de crímenes políticos en vez de crímenes de odio es desarrollado por Segato, Rita Laura. (2018). Contra-pedagogías de la crueldad. Buenos Aires: Prometeo Libros.
[7] Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres; CDM, Violencia contra las mujeres en Honduras
2019 – 2020; junio de 2021.
[8] Muertes bajo la sombra de la impunidad: Femicidios en el contexto del crimen organizado en Honduras; publicación de CDM, SUDS, Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, Tegucigalpa, agosto de 2021, p. 21.
[9] Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres; CDM, Violencia contra las mujeres en Honduras
2019 – 2020; junio de 2021. .
[10] La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM; en inglés: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) es un tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es la declaración internacional de derechos para las mujeres, fue instituido el 3 de septiembre de 1981 y ha sido ratificado por 189 estados. La CEDAW está considerada como el documento jurídico internacional. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981; ONU, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado.
[11] CDM: “Honduras. Las mujeres y los mecanismos internacionales de observancia de los derechos humanos”, julio de 2015.
[12] Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres; CDM, Violencia contra las mujeres en Honduras
2019 – 2020; junio de 2021.
[13] Muertes bajo la sombra de la impunidad: Femicidios en el contexto del crimen organizado en Honduras; publicación de CDM, SUDS, Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, Tegucigalpa, agosto de 2021, p. 23.
