Distrito Central: vulnerabilidad, corrupción e indiferencia

Texto: Aimée Cárcamo

Fotografías: Fernando Destephen

Portada: Reynaldo López

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Tegucigalpa. -La casita de adobe en la que Giliana Mendoza vivía con sus hijos en la capitalina colonia Cataluña, salida al departamento de Olancho, no resistió el embate del huracán Eta. Antes de que el ciclón saliera del país el 6 de noviembre como depresión tropical, una de las paredes se había derrumbado y el agua y lodo cubrían sus pertenencias.

Llamó a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), pero nadie llegó; entonces, pidió ayuda a un canal de televisión.

La llevaron al albergue de la escuela Hernán Herrera en la colonia Los Pinos, en la parte oriental de Tegucigalpa, pero también se estaba derrumbando por lo que a los quince días fue trasladada por el Comité de Emergencia Municipal (Codem) al macroalbergue en el gimnasio José Simón Azcona, donde lleva ya alrededor de 45 días.

De la antigua casa en la que vivió los últimos siete años, gracias a la generosidad del propietario que se la prestó al ver que ella no podía pagar un cuarto que alquilaba, lo único que pudo sacar fueron “tres mudaditas del niño y los papeles”.

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Corrupción Honduras
Giliana Mendoza espera que la municipalidad o el gobierno central la reubiquen en una zona donde pueda vivir tranquila junto a sus dos hijos. En la imagen muestra, con satisfacción, un juguete que le regalaron en Navidad para uno de sus hijos, quien fue diagnosticado con autismo.

Giliana es madre soltera y trabajaba lavando ropa para sostener a sus hijos de 13 y 20 años, cuyos padres se desmarcaron por completo de su responsabilidad. El mayor no trabaja y el menor es autista, con retraso psicomotor y epilepsia, lo que para ella ha significado mayores penurias para conseguirle sus medicamentos o llevarlo a terapia a la Teletón.

Es la segunda vez que queda damnificada, en octubre de 1998 debido al peligro de deslizamientos de tierra, el huracán Mitch la obligó a salir de la casa que rentaba en la colonia Campo Cielo, una zona de alto riesgo al noroeste de la capital.

Entonces no tenía hijos, vendía frutas y verduras y hacía no mucho había emigrado a la capital desde la zona sur, específicamente del municipio de San Marcos de Colón, Choluteca, frontera con Nicaragua.

El ciclón tropical impactó en aproximadamente el 90 % del territorio hondureño y expuso a décadas de abandono y crecimiento desordenado al país, sobre todo a la capital hondureña.

Los muertos, 5,657 según cifras oficiales, y la enorme destrucción que dejó abrieron una válvula de recursos sin precedentes. Para mayo de1999, los compromisos de la comunidad internacional para apoyar la reconstrucción, sobre todo de Honduras y Nicaragua, ascendían a 12 mil millones de dólares en donaciones, créditos blandos y alivio de la deuda.

El gobierno de Honduras anunció el Plan Maestro de la Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), cuya “meta esencial” era “edificar un nuevo país”. Mencionaba entre sus objetivos el combate a la pobreza, la generación de empleo, el desarrollo humano integral, la reducción de la vulnerabilidad y el uso eficiente y transparente de recursos destinados a la reconstrucción.

Giliana recibió tres mil lempiras (unos $ 215 al cambio de la época) después de responder muchas preguntas a personas que “tomaban datos y datos”, dejó la casa que alquilaba por 700 lempiras (unos $ 50 de entonces) cerca de un gran abismo y durante las dos décadas siguientes logró estar a salvo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Hasta ahora, cuando la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión vuelven a juntarse y la obligan a empezar de cero.

Esta vez, Giliana espera algo más que una dádiva, “lo que necesito más que todo es una vivienda… que me cedieran un terrenito” y ella vería cómo levantar su casa. “Saliendo de aquí (del albergue) nosotros no tenemos dónde vivir”, dice esta madre de 40 años.

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La falta de acceso a las tecnologías ha impedido que los niños de las familias afectadas por los huracanes Eta y Iota, tengan acceso a las clases virtuales.

CULPABLES DEL DESORDEN

El paso de los huracanes Eta e Iota es el segundo peor desastre natural en la historia de Honduras después del Mitch, con más de 45 mil millones de lempiras en pérdidas, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Y dejaron al menos 95 muertos -según Copeco- y un “escenario catastrófico”, señala un reporte de la organización Reporteros Sin Fronteras.

En el Distrito Central más de 50 casas fueron dañadas, “la mayoría son covachas” a orillas de los ríos o que fueron impactadas por rodamientos de piedra, dijo el gerente del Codem, Mario Reyes.

Una de esas “covachas” está ubicada en la colonia Altos de El Edén, a poca distancia del barrio La Leona, y es el hogar de Denia Mejía, su pareja y sus hijos de 16, 8, 3 y 2 años. Ellos son parte de las 2,900 personas que según el funcionario del Codem fueron evacuadas y distribuidas en unos 45 albergues en la capital hondureña.

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Esta es la casa de Denia en la colonia Altos de El Edén, en Tegucigalpa, donde las grietas son visibles en varias casas.

Denia (32) trabajaba de mesera, pero está desempleada desde marzo debido a la pandemia por la Covid-19; su compañero de hogar, motorista, tampoco tiene trabajo. Las lluvias provocaron desprendimientos de piedras y el agrietamiento del suelo de su casa, ubicada en uno de los sectores por donde pasa la falla geológica de El Bambú y donde ella ha vivido toda su vida.

Tiene claro que, si no hay otra opción, volverá a su casa, “aunque no nos guste la condición en la que esté”.

En estas condiciones vive Denia con su esposo y sus cuatro hijos.

El gerente del Codem dijo que las casas evacuadas por “riesgo latente” serán inspeccionadas para determinar si son habitables y si no sus residentes serán alojados en un solo albergue; después, Sedis (Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social), Copeco y la Alcaldía evaluarán la situación para “ver la reubicación cómo la hacemos en conjunto”.

Pero es claro al decir que a Giliana o a Denia “yo no le puedo solucionar como alcaldía municipal”.

Las autoridades, dice, no son culpables de la situación de riesgo en que se encuentran muchos habitantes, sino de ellos por instalarse en zonas vulnerables.

“Si usted no quiere respetar las leyes no las va a respetar ni así le pongan un policía por persona”.

Cuestiona que en la colonia El Reparto, por ejemplo, “los vecinos tienen casas de más de dos pisos sabiendo que están ubicadas en una falla”.

Este crecimiento desordenado es resultado “de un actuar permisivo de las autoridades anteriores”, justifica el funcionario.

Desde 1986, con excepción del período 1994-1998 cuando el alcalde era liberal, las autoridades municipales de la capital han sido nacionalistas.

Reyes aseguró que hay varios proyectos en marcha con el patrocinio de la cooperación internacional y recursos propios de la Alcaldía y el Gobierno central. Cuando se le preguntó a qué proyectos se refería, explicó que “primero son las evaluaciones técnicas serias” y luego las obras de protección y mitigación.

 

POLITIZACIÓN Y CORRUPCIÓN

Hasta 2009, cuando fue aprobada la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), las situaciones de emergencia y desastre nacional eran reguladas por la Ley de Contingencias Nacionales -aprobada en 1990 y con la que se creó Copeco.

Con el huracán Mitch fue evidente su obsolescencia y los vacíos que presentaba.

La diputada pinuista Doris Gutiérrez trabajó en la elaboración de la nueva ley, con la que Copeco dejó de ser el único ente en la atención de desastres al crear un comité coordinador nacional en el que participan diferentes instituciones “para atender de manera integrada una emergencia o desastre natural”.

Otro aspecto importante “es que también define la participación comunitaria” así como de los comités de emergencia local, municipal, departamental y hasta regional. Sin dejar de ser perfectible, la ley es “modelo para otros países porque es muy buena”, asegura.

Junto con la Ley de Municipalidades (1990) y la Ley de Ordenamiento Territorial (2003) forman parte del marco legal para la gestión de riesgos en Honduras.

El problema es que la ley “no se aplica como debería de aplicarse” y faltan políticas públicas concretas para el manejo de emergencias tanto en el Distrito Central como a nivel nacional, reflexiona la congresista.

Doris Gutiérrez
La diputada Doris Gutiérrez fue regidora de la Municipalidad del Distrito Central en el periodo 2010-2014 y, antes, 2006-2010 presidió la Comisión de Desastres del Congreso Nacional.

En consecuencia, las instituciones no desarrollan acciones de prevención, sino que son reactivas. Esta falta de estrategias tiene que ver en parte con la politización y corrupción que existen a todo nivel.

Gutiérrez, entonces diputada por Unificación Democrática, recuerda que cuando presidió la Comisión de Desastres del Congreso Nacional se vio limitada porque le ponían gente (de otros partidos) que no se interesaba en el trabajo de ese comité. Tampoco contaba con presupuesto ni personal ni oficina.

Como presidenta de la Comisión asistía a las reuniones del Sinager, hasta que el presidente del Legislativo, Roberto Micheletti, le quitó la designación para poner a un liberal e impedir que ella “tuviera una acción relevante”.

Cuando llegó a la Corporación Municipal por un movimiento independiente, tenía una fuerte experiencia en el tema de desastres y aspiró a coordinar el comité de gestión de riesgos, pero ni siquiera llegó a integrarlo. Quedó, dice Gutiérrez, un regidor “que no conocía nada de la ley”, pero pertenecía al partido de gobierno. Estas decisiones siguen manejándose igual, como quedó evidenciado con el nombramiento del nuevo titular de Copeco, “que ni siquiera, creo yo, tiene idea de lo que es atender una situación de emergencia nacional”.

Recuerda que se hicieron obras de mitigación en los cerros El Bambú, El Reparto y El Berrinche con la ayuda de la cooperación japonesa, pero “daba pena que los funcionarios nacionales no actuaban correctamente” y muchas veces quedó al descubierto que “sustraían algunos productos”.

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Así lucía el Gimnasio “José Simón Azcona del Hoyo” en diciembre. Los afectados por los fenómenos naturales no cumplían con las medidas de bioseguridad, convirtiendo este lugar en un foco de propagación de la Covid-19.

Otra irregularidad es la falta de controles y la aprobación de permisos de construcción para quedar bien con empresarios y políticos sin pensar en las consecuencias.

La diputada menciona el caso del centro comercial Las Cascadas, en el bulevar Fuerzas Armadas, y el estacionamiento de la Iglesia Vida Abundante, en la colonia Las Colinas, por los que pasa una quebrada. El primero ha registrado inundaciones y hasta la formación de un enorme agujero en su estacionamiento en época de lluvias. El segundo, según Gutiérrez, ha provocado inundaciones en las casas vecinas.

“Aprobamos una ley precisamente para todo este tema de las construcciones” en zonas vulnerables “y de nada sirvió” porque hay intereses muy grandes.

El tema de los permisos de construcción, o su incumplimiento, ocurre también con los proyectos de vivienda. Para el caso, la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor cuenta con 11 denuncias en el Distrito Central contra constructoras por hundimiento de terrenos, alta amenaza por deslizamiento y proyectos en zona con amenaza alta a inundaciones, entre otros.

Según dato del Gremio de Profesionales de la Ingeniería Ambiental de Honduras (GIAH), los costos de mitigación son de dos a cuatro veces menores que los costos de desastres.

Doris Gutiérrez añade que la etapa de recuperación es un asunto delicado, requiere de muchos fondos que son concentrados por el Gobierno Central y no se distribuyen de forma correcta porque se politizan y, casi siempre, se atienden personas o situaciones que favorecen al partido en el poder.

La rendición de cuentas es uno de los puntos torales en la gestión de emergencias, ya que la misma Ley de Contratación del Estado establece las compras directas que son una fuente de corrupción, como quedó evidenciado con la emergencia de la COVID-19.

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Dos de militares demuelen una casa que se vino abajo con las tormentas ocasionadas por Eta en el barrio El Reparto de Tegucigalpa.

FALTA ACCIÓN

En 2002 y a solicitud del gobierno hondureño, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) elaboró un estudio sobre el control de inundaciones y prevención de deslizamientos en la capital que proponía un plan maestro para la mitigación de desastres.

Otros estudios y planes de acción se fueron sumando en los años siguientes, entre ellos el que elaboró el BID junto a la Alcaldía del Distrito Central en 2018 bajo la iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES),  el Plan Acción Local para la Reducción de Riesgos de Desastres y Resiliencia (2019) y el Plan Local de Adaptación al Cambio Climático (2020) que sirven de referencia para la planificación de obras de prevención y mitigación, según la AMDC.

Pero el problema de la vulnerabilidad en la capital hondureña, y del país en general, no es la ausencia de estudios, que son solo “un gasto que se ha hecho”, sino la falta de acción, dijo el arquitecto Dino Rietti.

Tampoco es de falta de leyes. “La ley de dejar libre las riberas de ríos y quebradas después de Mitch no se cumple”, entonces para qué hacen leyes, cuestionó.

Después del Mitch “debimos haber hecho mucho más de lo que se hizo” para disminuir la vulnerabilidad del Distrito Central y aumentar la resiliencia ante estos fenómenos, dijo por su parte la arquitecta Alejandra Padilla.

“Tenemos medido hasta qué zona se inunda, qué zonas tienen deslizamiento, cuáles son los tipos de fallas”, pero falta inversión pública, un plan específico de gestión de riesgos y de seguimiento porque “cada cierto tiempo se botan los planes anteriores y se comienzan unos nuevos”.

Padilla menciona también la falta de alternativas para que las personas que emigran a la capital no sigan instalándose en zonas de riesgo.

En 2014 fue creada la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda) como respuesta al problema de vivienda social, desarrollo urbano y reubicación de la población en zonas de alto riesgo.

Uno de sus programas es el Bono Habitacional para el Reasentamiento por causas de vulnerabilidad (Borea), sin embargo, no se aplica en el Distrito Central.

Criterio.hn consultó a través del Instituto de Acceso a la Información Pública cuántas familias ha reubicado Convivienda dentro de los planes de reasentamiento o reubicación para la población que habita en zonas de alto riesgo y la respuesta fue que “en el Distrito Central no se ha trabajado con población que habita en zonas de alto riesgo”.

Lo anterior refleja la ausencia de una política de reasentamiento para las familias que habitan en zonas de riesgo en la capital y que todos los años se enfrentan a la misma problemática, especialmente en la época de lluvias, debido a deslizamientos e inundaciones ocasionadas por quebradas y el embravecido río Choluteca.

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En esta ladera descansan las estructuras de muchas casas en la colonia Altos de El Edén de Tegucigalpa. El peligro de derrumbes es inminente.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

“En el Distrito Central hay un problema que a mi punto de vista sería lo que ha agravado la situación, es la falta de ordenamiento territorial”, dijo a Criterio.hn la analista de riesgo ambiental Inti Alvarado.

Como resultado, hay muchos asentamientos humanos en zonas que son de alto riesgo, lo que además ha provocado degradación del suelo, acceso limitado al agua y deforestación.

“Todo eso va sumando hasta generar un Distrito Central con alto riesgo”, pero además está la contaminación de residuos sólidos que tienen colapsados todos los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial que en época de lluvias no funcionan “y ahí vienen las inundaciones”, agregó.

En esa misma línea, el geógrafo Carlos Sabillón recordó que la Ley de Ordenamiento Territorial fue aprobada en respuesta a los estragos del Mitch.

De los 298 municipios de Honduras, aproximadamente 250 cuentan con su estudio de ordenamiento territorial, de los cuales, según Sabillón, 150 están ya aprobados.

Pero ninguno se aplica rigurosamente “y esto nos lleva al otro punto, si ya existen los planes de ordenamiento territorial, si existe una ley, ¿entonces por qué no se aplica? Bueno, aquí viene la respuesta: la maldita corrupción”, apunta el geógrafo.

A juicio de Sabillón la Ley de Ordenamiento Territorial es la herramienta principal que las alcaldías municipales tienen para ordenar el uso del territorio.

Desde 2014, Tegucigalpa cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial que debe ser retomado, señala un estudio del BID y de la Alcaldía.     

Pero mientras en algunos lugares del país hay una urbanización desmedida, otros se están despoblando, dijo Sabillón, quien recomendó erigir ciudades satélites en los valles de Támara, a unos 10 km al norte de la capital, e Ilamapa, a unos 40 kilómetros al oriente de la capital en la carretera a Olancho, e incluso en el de Comayagua, en el departamento del mismo nombre, para reducir la presión que hay en la capital por la tierra y el agua.

Esa distribución de la población debe hacerse en zonas que no sean agrícolas porque la mayoría del territorio es de vocación forestal y hay que pensar dónde van a cultivar sus alimentos las generaciones futuras.

Además, señaló la necesidad de elaborar una estrategia para reasentar a la población que vive en zonas de riesgo y que pueda construir con seguridad sus viviendas.

Sabillón advierte que si no se empieza a respetar el ordenamiento territorial “vamos a seguir teniendo la destrucción que hemos tenido y de repente, a futuro, con mayores consecuencias”.

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