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Directivos de periodistas se escudan en un ilícito para burlar la Ley de Transparencia

Cúpula de CPH ya no quiere ser cómplice

El presidente Hernández participó este jueves en la ceremonia del Colegio de Periodistas de Honduras.

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Se convierten en enemigos declarados de la transparencia con lluvia de amparos en la Corte Suprema.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- Los directivos del ente de pensiones de los periodistas, utilizan la violación a la ley en que incurren al desistir de gestionar la aportación del Estado, causando millonarias pérdidas al sistema, como una prueba de su defensa en los Recursos de Amparo que presentaron en la Sala de lo Constitucional para evitar entregar información sobre sus operaciones financieras y administrativas.

Los periodistas que integran la junta directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), en su empeño por ocultar la información del ente de pensiones que administran, en menos de un año han presentado ocho Recursos de Amparo para evitar ser sujetos obligados de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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La política anti-transparencia de los directivos del IPP, reporta ya una pérdida de casi 4 millones de lempiras al fondo de pensiones, porque dejaron de requerir las transferencias del Estado legalmente asignadas y, a la  vez, se han gastado más de 300.000 lempiras en pago de abogados para evitar rendir cuentas sobre las operaciones financieras y administrativas del ente.

La presentación de los Recursos de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia y de Recursos de Reposición ante el Instituto de Acceso a la Información Pública ha representado un gasto de más de 300.000 lempiras, de acuerdo a estimaciones basadas en el Arancel del Colegio de Abogados de Honduras.

Los directivos del Instituto de pensiones de los periodistas, que ha administrado más de 300 millones de lempiras sin la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), pretenden al desistir de requerir las transferencias estatales, no ser calificados como sujetos obligados de la Ley de Transparencia.

Los ministerios, organismos centralizados y descentralizados e instituciones no estatales que captan fondos públicos, como el IPP, son sujetos de la ley de Transparencia y están obligados a entregar información  al público sobre sus operaciones.

“Es una perversidad que los directivos no gestionen ni capten los recursos establecidos en la ley del IPP, y que  gasten considerables cantidades en el pago de abogados para evitar rendir cuentas, sabiendo que los periodistas jubilados reciben pensiones miserables que no les alcanzan para vivir dignamente”, dijo a Criterio.hn el periodista Gustavo Palencia, quien desde el año 2015 solicita información del ente de pensiones de los comunicadores.

Un primer recurso de los presentados por la abogada Claudett Asfura, en representación del presidente de la junta directica del IPP y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, ya fue denegado por la Sala de lo Constitucional, argumentando que no tenía fundamento por lo que tendrán que entregar la información solicitada y en caso de no hacerlo serán enjuiciados bajo cargo de desobediencia.

Los dirigentes del ente de pensiones, que es el único en Honduras que nunca ha sido auditado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y se resiste a entregar información de sus operaciones, es el que paga las más pobres jubilaciones en Honduras, en su mayoría entre 3.000 y 4.500 lempiras, pese a que la cotización, desde su fundación, en el caso del empleador es de un 10 por ciento, y en el de los afiliados se inició en 3.5 por ciento y se aumentó paulatinamente a un 9 por ciento, de las más altas en los entes de su tipo.

                              UTILIZAN VIOLACIÓN A LEY COMO DEFENSA

La abogada de los directivos del IPP en el escrito del amparo ante la Sala de lo Constitucional, utiliza como argumento de defensa en varios de los Recursos de Amparo, todavía en curso, que el ente de pensiones no recibe fondos públicos desde el año 2014, es decir que presenta como evidencia una transgresión a la ley del sistema de pensiones.

Y es que la abogada Asfura pidió a la Sala de lo Constitucional solicitar información al Ministerio de Finanzas sobre si ha hecho o no transferencias al IPP, pretendiendo probar que “en la actualidad dicho Instituto no recibe ni administra fondos públicos”.

No obstante, aunque los directivos del IPP dejaron de cumplir la ley, absteniéndose de gestionar la aportación estatal establecida en el Decreto 190-85, sí administran fondos públicos, pues los 53.2 millones de lempiras de aportación estatal acumulada hasta el año 2013 pasaron a formar parte  del patrimonio del Instituto.

Además, la Ley del IPP no ha sido reformada en lo atinente a los Recursos del Instituto, y la obligación de aportación estatal sigue vigente, prueba de ello es que se mantiene anualmente la partida presupuestaria de contribución al ente de pensiones de los periodistas.

La ley del IPP manda a los periodistas directivos a gestionar los recursos que nutren el sistema, para financiar las pensiones de los comunicadores.

 La ley dice en el artículo 4, que “el instituto tiene como objetivo la percepción, administración e inversión de todos sus recursos económicos”,  en el 27, que cuenta entre sus fuentes de recursos “una contribución del Estado a partir de 1986” y en en el 9 literal a), se manda a la junta directiva a “tomar las medidas que requiera la aplicación de la presente ley”.

El decreto 190-85, que es la ley de creación del IPP, establece además en el artículo 15 que: “En las resoluciones de la Junta directiva que infrinjan disposiciones legales se deducirán las responsabilidades por daños y perjuicios a todos los miembros de la junta directiva que hayan votado favorablemente a la resolución así tomada”.

Desde el año 2014, tres juntas directivas del IPP, que sucesivamente han presidido Juan Ramón Mairena, Eduin Natividad Romero y Dagoberto Rodríguez, este último desde enero de 2017, desistieron extrañamente de requerir la aportación estatal que hasta el año 2013 había acumulado 53.2 millones de lempiras al sistema, con el avieso propósito de burlar la ley de transparencia y evadir la supervisión de la CNBS.

                                            ENGAÑO AL DESCUBIERTO

Los dirigentes del IPP aseguran que ellos no desistieron de requerir los fondos estatales, sino que el Estado dejó de transferirlos. “Desde el 2013 el Estado dejó de aportar al Instituto de Previsión del Periodista”, dijo Rodríguez en una intervención el 14 de octubre de 2017 en la emisora HRN.

Pero las mentiras  de Rodríguez tienen piernas cortas. Un informe del Ministerio de la Presidencia, obtenido por criterio.hn vía peticiones de acceso a la información pública, evidencia que los directivos y la gerencia del IPP dejaron de gestionar los recursos.

“Durante los años 2014 al 2016 esta Secretaría de Estado, no ha realizado ningún tipo de trámite de pago a favor del Instituto de Previsión Social del Periodista, debido a que este instituto no ha presentado solicitud alguna para su respectiva  gestión de pago”, manifestó la Secretaría de la Presidencia en un Memorando.

“Como antecedente puede indicarse que en los años 2013 hacia atrás si se venían presentando – por parte del presidente del IPP — dicha solicitud, por tanto los fondos fueron tramitados en base a ley”, se agrega en el documento desmintiendo lo aseverado por Rodríguez.

“Esta Secretaría para proceder hacer un trámite de pago vía transferencia SIAFI, al Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) necesita una solicitud de autoridad máxima en este caso del IPP requiriendo el trámite de dichos fondos”, agregó la cartera ministerial en el Memorando.

Un grupo de periodistas afiliados al IPP advirtieron en su mandato a Eduin Romero García, el hecho de que se exponía a ser enjuiciado por desistir de requerir los fondos estatales tal como lo manda la ley del organismo, a lo que hizo caso omiso.

Su sucesor, Dagoberto Rodríguez, en respuesta a reclamos sobre el mismo aspecto, en una intervención en HRN, el 14 de septiembre del 2017, aseguró lo siguiente: “nosotros hemos solicitado, hemos presentado nota para que se siga aportando ese dinero, porque creemos que se pueden mejorar las pensiones de muchos colegas periodistas”.

Pero a juzgar por la evidencia propuesta por la abogada Claudett Asfura, pretendiendo probar que el IPP no recibe fondos del Estado, Rodríguez no cumplió en 2017 con su deber de gestionar la transferencia estatal asignada en el presupuesto nacional.

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ENEMIGOS DE LA TRANSPARENCIA

La resistencia de los directivos a entregar información sobre sus operaciones y a someterse a la supervisión de la CNBS, ocurre en un escenario de numerosos escándalos de corrupción en otros fondos de pensiones de Honduras, para el caso el del Colegio de Abogados, y el desfalco de 5,000 millones en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Rodríguez, que trabaja para el diario La Prensa como jefe de la oficina regional en Tegucigalpa, como periodista se ufana de hacer uso de las solicitudes de acceso a información pública para investigaciones, pero ocurre que en sus ejecutorias como directivo del IPP, su principal afán es evitar entregar información y rendir cuentas del ente de pensiones de los periodistas.

“Si no tienen nada que esconder lo más económico y fácil sería que los directivos del IPP entreguen la información y se abran a una supervisión de la CNBS, pero la tenacidad para evitarlo evidencia que hay problemas graves en la administración del instituto de pensiones de los periodistas”, dijo Palencia.

La omisión en el trámite de los fondos estatales, establecidos en la ley del IPP, que virtualmente desembocará en una demanda contra los periodistas directivos por incumplir con su deber de requerir estas transferencias, ha causado al ente una pérdida hasta el 2017 de 3.7 millones de lempiras y la suma se alzará a 4.6 millones de lempiras si el presidente actual del IPP, Dagoberto Rodríguez, reincide en 2018, en no gestionar los fondos.

Los directivos periodistas incluso utilizan una inaplicable legislación, Decreto 59-2000, similar a la que se aprobaron los diputados en el Congreso Nacional para evitar ser investigados por el Ministerio Público por el desvío de más de 1.300 millones de lempiras destinados a programas sociales.

El decreto del Congreso Nacional, que interpretó la Ley del IPP en el año 2000,  exime al fondo de pensiones de los periodistas de la fiscalización, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras, pero el mismo es inaplicable porque violenta normas constitucionales que afirman que “en Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley” y que  en un conflicto entre una ley y una norma constitucional, prevalece la Constitución.

La Ley Marco de Protección Social establece que en el caso de los Institutos de Previsión Social, en donde el Estado aporta directa o indirectamente fondos, deben ser supervisados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, de lo que huyen obstinadamente los directivos del ente de pensiones de los periodistas.

La aplicación de esta norma de la Ley de Protección Social representaría la desaparición del IPP, pues el ente apenas tiene unos 150 afiliados activos y sus fondos han sido despilfarrados en gastos administrativos, lo que lo coloca en una situación de inviabilidad financiera, y sus beneficios son los más raquíticos en comparación con los de otros entes de previsión, pese a que los periodistas y sus patronos pagan cuantiosas cantidades como aportación.

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