Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. – Todos los que manejan fondos públicos tienen que ser transparentes y rendir cuentas, dijo Edison Lanza, Relator Especial de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, ante la pregunta de CRITERIO sobre el escudo de impunidad de que gozan los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) para no rendir cuentas sobre su gestión del ente de previsión gremial.
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CRITERIO entrevistó a Edison Lanza –en el marco de su visita a Honduras– para conocer su opinión sobre la posición de los directivos del Colegio de Periodistas que, sistemáticamente, rechazan la transparencia y la rendición de cuentas sobre las operaciones financieras y administrativas del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP).
“Es un tema que, la verdad, no he analizado en profundidad, pero digamos, todos los que manejan fondos públicos tienen que ser transparentes y rendir cuentas de acuerdo a la ley de Acceso a la Información, incluso”, dijo Lanza a un reportero de CRITERIO en un evento el jueves en Tegucigalpa, en el que disertó sobre las repercusiones del llamado “Código Penal de la Impunidad” en la libertad de expresión en Honduras.
El Relator de nacionalidad uruguaya, respondió en esos términos a la pregunta de Criterio: “?Cómo califica que desde el poder en el Congreso Nacional se otorgue a directivos del Colegio de Periodistas de Honduras un escudo de impunidad para que no rindan cuentas sobre los dineros del Instituto de Previsión Social del Periodista?”.
El ente de previsión social del periodista ha captado desde que inició operaciones en 1987, un total de 53.2 millones de lempiras de transferencias estatales en cumplimiento de su ley de creación, de acuerdo a los estados financieros de la institución que ha operado casi 500 millones de lempiras.
El Relator Edison Lanza tampoco tiene conocimiento de que los directivos del CPH pretenden escudarse en la libertad de expresión para no rendir cuentas sobre sus operaciones administrativas y financieras en el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP).
Y es que el presidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez Coello, convocó a una asamblea el 28 de septiembre de 2019, después de que fiscales del Ministerio Público citaron a los directivos del IPP y al gerente Nelson Omar Calderón a declarar sobre denuncias de afiliadas jubiladas sobre el otorgamiento arbitrario de míseras pensiones.
En la asamblea, poco concurrida, los directivos encabezados por Rodríguez, dijeron que era “para abordar los siguientes temas: Ataque a la libertad de expresión y de la institucionalidad del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y el Instituto de Previsión Social del Periodista”.
Aseguraron que la reunión era para “preparar pronunciamiento y denuncia internacional ante los órganos nacionales e internacionales que defienden la libertad de expresión y de prensa” y Rodríguez aseguró, entonces en su twitter que “vamos a denunciar al Estado ante @RELE_CIDH y @EdisonLanza”.
Los directivos liderados por Rodríguez manipularon el hecho como si se tratara de un ataque a la libertad de expresión y de prensa, aunque se trataba realmente de responder a unas denuncias presentadas por afiliadas del ente de pensiones.
Consultado Lanza por CRITERIO sobre si se puede usar como escudo la libertad de expresión y de prensa para no rendir cuentas, dijo: “vuelvo a decirle, me entero por usted de la situación, ahora lo que digo es que quien maneja fondos públicos, siempre debe rendir cuentas sobre el manejo de esos fondos”.
Los directivos del CPH, que a su vez son dirigentes del ente de pensiones, se resisten a cumplir la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no obstante que son sujetos obligados debido a que el decreto de creación del ente establece la captación de fondos públicos.
El presidente del CPH y a su vez del IPP, Dagoberto Rodríguez, ha sido sancionado en dos ocasiones por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con tres salarios mínimos en cada ocasión, unos 29.000 lempiras actualmente, por violar la ley de Transparencia al no publicar información de las operaciones financieras y administrativas.
Rodríguez, jefe de redacción del diario La Prensa en Tegucigalpa, fue sancionado pecuniariamente, después de que también al ex presidente del CPH y el IPP Eduin Natividad Romero García se le impuso una multa de un salario mínimo de 8.000 lempiras, en el año 2016 por no entregar información a afiliados del ente de pensiones.
Los directivos del ente de pensiones de los periodistas fueron calificados desde 2016 en 6 ocasiones con un porcentaje de cero por ciento en cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debido a que no atienden la obligación de publicar en el Portal Único de Transparencia del IAIP la información administrativa y financiera del ente.
Los directivos de CPH se resisten también tenazmente a someterse a la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, escudándose en un ilegal decreto que le reformaron y ampliaron a finales de 2019 diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal de la facción leal al ex presidente Carlos Flores Facussé, que exime al IPP de la vigilancia y control de sus operaciones financieras y administrativas.
CRITERIO ha publicado casi 40 artículos sobre lo que ocurre en el ente de pensiones de los periodistas, en los que se pone al descubierto el desvío y despilfarro de fondos, compra sobrevalorada de propiedades y el cálculo arbitrario de pensiones a los afiliados.
Un comentario
Habrá visto usted manejar fondos públicos sin transparencia.