Diputados oficialistas votan para que el convenio de la MACCIH no sea ratificado

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Setenta diputados oficialistas determinaron esta noche mediante una votación que el convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) no sea renovado.

Los diputados, pertenecientes a las bancadas del Partido Nacional, algunos del Partido Liberal y de los partidos minoritarios, votaron a favor para que la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) se vaya del país y deje de investigar a los corruptos.

La votación contó con el rechazo de 52 diputados pertenecientes al Partido Libertad y Refundación (Libre) parte de la bancada del Partido Liberal y la bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD).

LA VOTACIÓN:

70 SÍ

52 NO

4 NO VOTARON

1 ABSTENCIÓN

ASISTENCIA 127

La votación se produjo luego que una comisión especial, integrada por siete diputados del ofiacialismo, presentara un informe mediante el cual se argumenta que el convenio pactado con la OEA no debe ratificarse porque violenta la independencia de los órganos contralores, de investigación y de juzgamiento.

Los diputados oficialistas determinaron que luego de la votación se enviará una certificación al Poder Ejecutivo “para los efectos correspondientes”. 

La comisión especial fue integrada por los diputados: Felicito Ávila (Democracia Cristiana), Leonor Osorio (Partido Nacional), Walter Chávez (Partido Nacional), Juan Carlos Ávila (Partido Liberal), Sergio Figueroa (Partido Nacional), Erik Alvarado (Partido Nacional) y Dunia Ortiz (Alianza Patriótica).

El Poder Ejecutivo, mediante una nota emitida hoy por la Cancillería respondió a la petición de Estados Unidos—de ratificar el convenio—que la determinación de ratificar o no el acuerdo es una decisión soberana del gobierno de Honduras y que actuará con base a los resultados de la evaluación que realice la comisión internacional, integrada por funcionarios de la OEA.

En el informe, los diputados manifiestan su malestar a las declaraciones brindadas a la prensa en enero de 2018 por el entonces vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, quien declaró que en Honduras existía una red de al menos 60 diputados corruptos y precisó que dicha red era encabezada por el presidente del Congreso, Mauricio Oliva.

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Con base al acuerdo firmado entre el Estado de Honduras y la secretaría general de la OEA, la ratificación del convenio se hace efectivo con el simple intercambio de notas entre los firmantes del acuerdo.

Descargue aquí el informe de la comisión especial del Congreso Nacional 

A votación el presente informe.#QuedaAprobado#SesiónLegislativa pic.twitter.com/HHwaWnJlHA

— Congreso Nacional (@Congreso_HND) December 11, 2019

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

Para esta Comisión es oportuno señalarle al Pleno que, al tenor de lo establecido en la Constitución de la República, artículo 205 numeral 21, el cual establece literalmente corresponde al Congreso Nacional … “21) nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional. La comparecencia a requerimiento de dichas comisiones será obligatoria bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial”. Por lo que el haberse negado por parte de la Misión el envío de la información requerida constituye desobediencia en los mismos términos que a un juez, por lo que esta acción no debe pasar desapercibida por las diferentes autoridades de nuestro país.  

En relación al mandato establecido por el Pleno, esta Comisión, concluye lo siguiente:

1. No se pudo conocer el presupuesto ejecutado por la MACCIH durante los cuatro años hasta el día de hoy, porque la Misión se negó entregar esta información para conocimiento de la población hondureña.
2. No se pudo determinar los CRITERIOS utilizados por la MACCIH en la selección de casos en los cuales participa, sin embargo, es de público conocimiento que no existe ninguna acción judicial en los casos: CASO IV URNA O CARRETILLAZO; AVIÓN JET NARCO DEJADO ABANDONADO EN TONCONTÍN; CASO SOBORNOS HONDUTEL FUNCIONARIOS “A” y “B”; CASO INJUPEMP; todos ellos del periodo 2006-2010 y que formaban parte del listado original de 12 casos que le fueron entregados, sumando a ello; tampoco existe acción judicial en los casos referentes al Fondo Departamental 2006-2010, caso denunciado por el ex administrador de casa presidencial Rafael Barahona sobre pagos ilegales efectuados a exministros de ese periodo de gobierno y personas allegadas, sobornos pagados para la aprobación de ALBA y PETROCARIBE, manejo irregular de fondos de la estrategia de reducción de la pobreza, entre otros.
3. Igualmente, por la desobediencia a la entrega de información por parte de la Misión, no se pudo determinar porque razón en el caso conocido como “Red De Diputados”, aunque aparecen en la parte inicial del requerimiento fiscal, fueron excluidos de la condición de acusados 5 diputados de la entonces bancada del Partido Libertad y Refundación LIBRE.
4. A criterio de esta Comisión ha existido una flagrante violación en la secretividad de las investigaciones que realiza la Misión, pues es de público conocimiento que sus propio voceros han revelado de forma ilegal, nombres y casos que están en procesos de investigación, al grado que se le ha entregado fotocopias de documentos relacionados a periodistas internacionales, ejemplo de ello lo que ha denunciado la Comisión Nacional de Banca y Seguros CNBS, cuando se ha revelado de manera ilegal, información bancaria de personas.
5. La Comisión concluye que las acciones de la MACCIH han violentado la independencia de los órganos constitucionales contralores como el Tribunal Superior de Cuentas, de investigación (Ministerio Público) y de juzgamiento, al grado que se ha denunciado presión ilegal a jueces, incluso hacia los integrantes del más alto Tribunal del país.
6. La creación de Tribunales Anti-corrupción, y designación de sus jueces y funcionarios bajo un proceso con participación de la Misión ha derivado en sendas denuncias de parcialidad, al grado que las resoluciones emitidas en la primera instancia de este circuito, en su mayoría han sido revocadas o sustituidas.
7. Al igual se ha denunciado con carácter de ilegalidad la participación de extranjeros en actividades que son exclusivas de autoridades hondureñas, como allanamientos, secuestros de documentos, presencia en audiencias judiciales y posterior a estas el uso de redes sociales para presionar las resoluciones que deben tomar los jueces después de suspendidas dichas audiencias.
8. La Comisión concluye que ha existido una violación al principio de legalidad por parte de los miembros de la Misión, cuando se desconoce abiertamente por parte de éstos, la vigencia de leyes y decretos y el respeto que toda autoridad debe tener por esta legislación.
9. A 4 años de funcionamiento de la Misión, los logros obtenidos y que son de público conocimiento son muy escasos, pues existe errado planteamiento de la calificación de los delitos en los requerimientos fiscales, en las peticiones que en las audiencias se formulan ante los órganos jurisdiccionales, lo que ha ocasionado violaciones del debido proceso, los Derechos Humanos de los acusados y el estado de inocencia de las personas.
10. Esta Comisión, al igual que países cooperantes, reconoce los esfuerzos realizados y logros alcanzados por las actuales autoridades que rigen el Ministerio Público y el Poder Judicial para reducir los índices de impunidad, fortaleciendo la investigación penal, capacitando a los funcionarios, e implementando reformas institucionales, en el combate a la corrupción; esfuerzos que merecen el apoyo presupuestario constante del Congreso Nacional.

RECOMENDACIONES:

En razón de lo antes expuesto, está Comisión Especial, recomienda:

1. Con la finalidad de que el Poder Judicial y el Ministerio Público puedan continuar con las acciones emprendidas en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y puedan continuar con el fortalecimiento de su institucionalidad, el Congreso Nacional revise anualmente el presupuesto asignado, tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, y lo incremente en base a sus necesidades de contratación, formación de personal y fortalecimiento institucional.
2. Se debe fortalecer la legislación actual, al igual que los presupuestos asignados al Tribunal Superior de cuentas a efectos de que se realicen de la forma más amplia y correcta posible, las auditorias de todos los fondos públicos, manejados por las diferentes instituciones, así como que se fortalezcan los mecanismos de prevención en temas de corrupción.
3. Es imprescindible que para alcanzar el Estadio de desarrollo que todos aspiramos se debe fortalecer el Estado de Derecho, el respeto a la independencia de nuestras instituciones, el fortalecimiento de las mismas, la creación de una Política Nacional Anticorrupción, pero sobre todo la implementación de una cultura de trasparencia en todos los servidores públicos y ciudadanos.
4. A través de dicha política, se deben establecer nuevos métodos de contracción pública y certificaciones de personal, trasparencia en el manejo de los recursos públicos, políticas de prevención de corrupción e instancias administrativas de control del ejercicio de la función pública, y un nuevo mecanismo de rendición de cuentas sobre los procesos de contratación del Estado.
5. Se deben tomar medidas para fortalecer la institucionalidad del Estado de Honduras y garantizar el respeto a su soberanía, el imperio de su Constitución y el respeto a la Ley, por lo que:

Respetuosamente se le pide al Poder Ejecutivo que, en base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes expuestos derivados de los informes presentados a esta Comisión por parte de las diferentes instituciones, los que evidencian violaciones a derechos, garantías y principios constitucionales, manifiesto irrespeto de la ley y convenios internacionales: NO SE RENUEVE EL ACTUAL CONVENIO HONDURAS-OEA QUE CREÓ DICHA MISIÓN.