Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –En Honduras la ciudadanía no puede protestar pero los diputados tienen carta blanca para movilizarse a reuniones y hasta concentraciones políticas, sin temor a que la fuerza pública les lance gas lacrimógeno.
Los últimos fines de semana ha sido ajetreado para los diputados que, en su mayoría, aspiran a una reelección. Las reuniones políticas se dan en lugares cerrados y hasta espacios abiertos, violentando la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, que prohíbe este tipo de actividades en espacios abiertos en periodo fuera del inicio de la campaña electoral que para las elecciones primarias e internas es de 50 días antes de los comicios.
WilfredoGarcia candidato alcalde del Dr #MauricioOliva en #NuevaArmenia Gracias a nuestras subcoordinadora de FM diputada #LeonorOsorio, #SuyapaNuñez a #RicardoAlvarez, #ErickAmador, #OlgaAlvarado, #JuanDiegoZelaya, #CesarPinto, #KarloVillatoro, #JoseRobertoPineda, #AntonioRivera pic.twitter.com/Vlwe07ZabW
— Renan Inestroza (@RenanInestrozaH) September 20, 2020
La manipulación de los políticos sale a flote en cada contienda y en el actual contexto de la pandemia por Covid-19, el proselitismo por parte de los diputados oficialistas está siendo disfrazada de proyección social mediante la entrega de víveres y otras ayudas sociales con fondos del Estado y programas asistencialistas impulsados por el Poder Ejecutivo.
En esta cruzada también hay fondos aprobados por el Congreso Nacional, que son entregados de acuerdo con el nivel de compadrazgo y poder de los congresistas con base a una ley que suplantó, en octubre de 2019, los fondos departamentales.
En el caso de los diputados de los partidos Liberal y Libre, las reuniones están siendo disfrazadas de organización de bases y estructuras, aunque de ello no tienen nada porque se están realizando en espacios abiertos.
Acompañe a Marco Tulio Carrasco próximo Alcalde del Municipio de Cedros en su visita a la aldea El Tablón, llevamos apoyo transmitimos el mensaje de @EsperanzaUnidad enviado por nuestro próximo Presidente Nasry Juan Asfura Zablah pic.twitter.com/Sz6xfNl6h2
— Oswaldo Ramos Soto (@OswaldoRamos25) September 19, 2020
Este fin de semana se vio en plena agitación política al exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y veterano diputado del Partido Nacional, Oswaldo Ramos Soto, quien va por su sexto periodo. Ramos Soto visitó a sus correligionarios de las aldeas de Cedros y El Porvenir, Francisco Morazán, a quienes entregó raciones alimenticias del programa “Bolsas Solidarias”. También se vio en un espacio abierto en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, a los diputados de Libre por el departamento de Cortés. Estos congresistas informaron en las redes sociales que estaban en una reunión organizativa.
El fin de semana anterior, anduvo en Choluteca el diputado liberal, Dario Banegas. El congresista y precandidato presidencial de ese partido, quien anduvo en compañía del alcalde del municipio de Choluteca, Quintín Soriano, se reunió con líderes de base para organizar su movimiento.
Desde el pasado 16 de marzo, los hondureños están sometidos a un estado de excepción que limita su derecho a la libre circulación según el último dígito de su tarjeta de identidad, sin embargo, los diputados disfrutan desde el 4 de abril de una dispensa emitida mediante el decreto ejecutivo PCM-028-2020 que les autoriza movilizarse sin sufrir detención por las fuerzas de seguridad.
El estado de excepción fue implantando bajo el argumento de enfrentar la propagación de la Covid-19 y fue materializada bajo Decreto Ejecutivo PCM-021-2020 del 15 de marzo de 2020, publicado en el diario oficial La Gaceta el 16 de marzo de 2020, que decretó restringir en todo el territorio hondureño las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99, y 103 de la Constitución de la República.
Legislan de forma virtual, pero organizan mítines políticos presenciales
Durante los últimos seis meses, los diputados del Congreso Nacional han sesionado y aprobado leyes de forma virtual, que en su mayoría han lesionado los intereses de los hondureños. El ala del Partido Nacional, que controla ese poder del Estado, argumenta que las sesiones virtuales son un asunto de salud pública, pero tal parece que eso no incluye el movilizarse para participar en campañas electorales prematuras, exponiendo a la población.
La dispensa para sesionar de forma virtual fue aprobada el pasado 2 de abril mediante una sesión extraordinaria del Congreso en la que se emitió la Resolución del Pleno No. 01-2020, publicada el viernes 3 de abril en el diario oficial La Gaceta.
El numeral uno de la resolución, establece que el “Pleno de Diputados, la Junta Directiva y las Comisiones Legislativas, podrán reunirse, discutir y aprobar asuntos de su competencia mediante sesiones no presenciales, de manera virtual”, cuando se decrete “estado de emergencia o en un contexto de crisis, pandemia o emergencia sanitaria, calamidad desastre, o una situación análoga que haga imposible o extremadamente difícil o desaconsejable reunirse físicamente”.
La medida de sesionar de forma virtual ha recibido fuertes críticas por parte de las bancadas del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), el Partido Libertad y Refundación (Libre) y algunos diputados del Partido Liberal, quienes han pedido el retorno a sesiones presenciales.
Considerando que los diputados al Congreso Nacional no están sesionando de forma presencial debido al riesgo que implica el contagio por Covid-19, tampoco deberían estar participando en mítines políticos que ponen en riesgo la salud de la ciudadanía.
Consecuencias sanitarias
Criterio.hn habló con la fiscal del Colegio Médico de Honduras (CMH), Ligia Ramos, sobre las implicaciones sanitarias que tienen las concentraciones políticas en medio de la pandemia de Covid-19.
“En primer lugar, este no es momento para campañas políticas. Estamos en medio de una pandemia y aunque tenemos la percepción de que no hay tantos casos como había en junio y en julio no quiere decir que hemos salido de esto. […] Lo que tendríamos que estar haciendo es prepararnos para el siguiente pico que viene, probablemente en octubre o en noviembre y va a estar aumentando más la probabilidad de que empecemos con ese pico de forma más temprana”, opinó la doctora Ramos.
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La fiscal del Colegio Médico de Honduras recomendó a los políticos que ejercen cargos de poder que se concentren en apoyar a Honduras en la preparación sanitaria para lo que se espera sea un nuevo incremento de casos en los próximos meses. Asimismo, les reclama exijan a los órganos de justicia investigaciones que conduzcan a requerimientos fiscales en cuanto a los actos de corrupción que absorbieron los fondos destinados a la crisis sanitaria.
“Me parece una irresponsabilidad de los políticos en este momento estar haciendo esto”, afirmó la médica, quien además agregó que “es una doble moral, porque no dejan que la ciudadanía se exprese libremente pero al mismo tiempo están con la excusa de la pandemia y […] haciendo concentraciones políticas donde ellos gastan dinero que probablemente sea del mismo Estado, donde no hay represión y hay más probabilidad de contagio”.
El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, Carlos Umaña, explicó a través de su perfil en Twitter que la vieja forma de hacer política sólo contribuye a disparar el número de contagios, por lo que les pidió tener más ingenio y no exponer a la población.
En época de pandemia la tradicional forma de hacer política solo contribuye a disparar los contagios. Señores candidatos sean más ocurrentes…prediquen con la honestidad y rectitud …a los pandos el pueblo los desechará
— Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) September 20, 2020
Autoritarismo e ilegalidad en tiempo de pandemia
El experto en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, cuestionó la legalidad detrás de la decisión de los diputados de extender la suspensión de garantías constitucionales debido a que la misma violenta algunos requisitos que ya plantea el artículo 187 de la Constitución de República.
“Para suspender las garantías constitucionales se deben reunir cuatro requisitos: los motivos por los que se suspende, los derechos restringidos, el territorio que afectará y el tiempo que durará que, de acuerdo con la Constitución, debe ser de 45 días. También se establece que en el plazo de 30 días se convoque al Congreso para que lo ratifique o impruebe, y vemos que el Congreso lo está haciendo fuera de lo que ya establece ese artículo”, explicó Mejía a Criterio.hn en julio.
Para Mejía Rivera la forma en cómo lo han hecho es un reflejo de la ilegalidad permanente y el autoritarismo en el que la actual administración nacionalista maneja la institucionalidad y también la emergencia sanitaria. “La decisión viola la Constitución y muestra que quieren legalizar algo ilegal”.
Asimismo, la analista en temas de derechos humanos, Reina Rivera Joya, planteó a Criterio.hn el pasado 15 de septiembre que la pandemia fue instrumentalizada por los gobiernos de corte autoritario para reprimir a las poblaciones y limitar derechos más allá de lo normal.
Rivera Joya lamentó que una disposición de salud pública sirviese como una medida sistemática de control de la ciudadanía, de represión de la protesta social y la ampliación del margen de control del Estado sobre los presupuestos, los recursos públicos y la aprobación de compras de emergencia en medio de “una escandalosa corrupción”.
