Por: Edmundo Orellana
La diligencia es el esmero con el que se realiza una acción. En la vida personal es imprescindible si se quiere alcanzar exitosamente una meta. Quien empeña sus esfuerzos pulcramente en obtener lo que se desea, lo logra.
En Derecho, la diligencia es fundamental. Debe corresponder a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, en función de aquello a lo que se está obligado. Su ausencia, es decir, la negligencia, determina la calificación y la graduación de la culpa, a efectos de establecer la intensidad de la responsabilidad del negligente.
En el ejercicio las funciones públicas, se prevén los recaudos necesarios para el actuar diligente. Con ello, se garantiza que el servicio público a prestar es oportuno, conveniente y eficaz, y la satisfacción del usuario.
El MP es el organismo en cuya diligencia radica el éxito de la lucha contra la impunidad. De su prontitud, cuidado, agilidad y eficiencia en el manejo de los casos, depende que los responsables sean castigados ejemplarmente por los delitos en que incurran.
Su deber es proceder con la misma diligencia en todos los casos. Sin embargo, no es así. Los expedientes de enriquecimiento ilícito que el Tribunal Superior de Cuentas le ha remitido para castigar a los ex funcionarios que incrementaron su patrimonio personal con fondos públicos o prevalidos de su cargo, así como otros casos, como el de los ex titulares del Consejo de la Judicatura, están inactivos, sin importar que, en los casos de enriquecimiento ilícito, los mismos magistrados del TSC se han quejado públicamente de la de la inactividad del MP, pese a su incidencia directa en el déficit en salud, educación, seguridad pública, infraestructura vial, seguridad jurídica, etc., que involucra miles de millones de lempiras.
En el caso de los estudiantes universitarios, sin embargo, ha sido inusualmente diligente, a quienes, para rematar, les imputaron un delito político, el de sedición.
Al introducir el MP este elemento de discordia extrauniversitario, a la ya grave crisis de la UNAH, los temas de discusión ya no son académicos, sino judiciales.
No solo ha alterado el conflicto universitario, también le ha creado problemas al gobierno, puesto que los imputados por el delito de sedición son presos políticos.
Lo que obligará al gobierno a explicar ante el mundo, especialmente a la cooperación internacional, por qué tiene presos políticos. Con el agravante de que son estudiantes, imputados criminalmente por ejercer su derecho a protestar, con
razón o sin ella, pero, en todo caso, un derecho garantizado por nuestra Constitución.
Ahora el conflicto universitario parece que va para largo. No por los motivos que lo generaron, sino por acciones sobrevinientes y externas al ámbito universitario.
Las consecuencias de esta intervención del MP son imprevisibles.
Su aventura dañará su imagen, que ha venido recuperando con sus últimas acciones en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos; también provocará daños irreparables a la UNAH, cuantificables en dinero y en pérdida de oportunidades para los jóvenes que perderán sus periodos académicos y sus esperanzas de graduarse este año; y, finalmente, causará estragos a la imagen del gobierno, que, en adelante, tendrá que explicar en cuanto escenario internacional participe, porqué tiene presos políticos y por qué criminaliza la protesta estudiantil.
