Por: Leticia Salomón
El fenómeno de la inseguridad ha crecido y se ha diversificado, intensificado y expandido en todo el continente, por no decir en todo el mundo, en los últimos cuarenta años, como mínimo. Se volvió tan complejo que despertó el interés de académicos, especialistas, organismos e instituciones diversas a nivel nacional, regional e internacional, policías, militares y periodistas, entre muchos.
Todos veían venir la gravedad del fenómeno y sus nefastas consecuencias para la vida familiar, laboral, económica, política y social, y cada quien lo enfrentó a su manera y bajo el prisma de sus intereses particulares: surgió y se privatizó la seguridad manteniendo las diferencias sociales y exhibiendo al Estado en su incapacidad de garantizar la seguridad de la población: guardias de seguridad individuales y colectivos, en las casas, en la cuadra, en barrio o colonia, por cuenta propia o como empleados de grandes empresas propiedad de militares y policías; muros cada vez más altos; sistemas de alarma que alertan sobre los intrusos en las propiedades o sobre ladrones en los vehículos; cámaras de seguridad que se activan con movimientos inusuales; carros robados que se desactivan sin la clave que maneja el propietario; proliferación legal de armas de todo calibre para protección personal; campos de tiro para practicar puntería; carros blindados, equipos de guardaespaldas, residencias en circuito cerrado, calles públicas privatizadas, en fin, infinitas maneras de ir resolviendo la gravedad del fenómeno.
Lo interesante del caso es que los políticos, los nuestros y los de otros, poco o nada se interesaron por estudiar el fenómeno y encontrar las soluciones adecuadas. Se limitaron a dejar que resolvieran “los que conocen”, “los que manejan las armas”, “los que saben de eso”, refiriéndose, indudablemente, a los militares y policías, sin alcanzar a ver las diferencias entre ambos y mucho menos entre defensa y seguridad, funciones diferentes de las que da cuenta la propia Constitución de la República. Y terminamos sintiendo pena ajena cuando saltan emocionados reclamando la presencia de militares y policías en instancias del Estado que son de competencia civil y pretenden desconocer que la conducción de la defensa y la seguridad es competencia de los civiles, de ellos mismos cuando están en el poder, y que la ejecución de las órdenes corresponde a los militares en el ámbito de defensa y a los policías en el ámbito de seguridad.
En este desentendimiento político de temas que competen al ámbito civil y no al militar o policial, vimos en el pasado decisiones vergonzosas como transferir a militares la conducción de instituciones civiles, como Migración, Marina Mercante, Hondutel, Instituto Geográfico Nacional y la misma Policía que llegó a constituirse en la cuarta fuerza de las fuerzas armadas, totalmente sometidas a las mismas. Y a pesar de lo mucho que se avanzó a finales de la década de los noventa y del siglo XX con la restitución de la hegemonía civil sobre tales instituciones en tiempos del expresidente Carlos Roberto Reina (1994-1998), nuevamente la historia en uno de sus ciclos perversos, reproduce las mismas deformaciones y es el partido Nacional, con su máximo líder, Juan Orlando Hernández (2014-2022), el que abre nuevamente el ciclo de la militarización no solo de la policía sino también del Estado hondureño, otorgándoles funciones en casi todos los ámbitos civiles como desarrollo rural, reforestación, telecomunicaciones, energía, inversiones, administración de empresas estatales y muchas más.
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026), llegó con mucha presión sobre los múltiples problemas y deformaciones heredados del gobierno anterior, y la seguridad no podía ser la excepción, pues mientras el gobernante anterior privilegió el combate de la corrupción de otros y no de la propia, al narcotráfico de otros, pero no del propio, descuidando la delincuencia común y la asociada a maras y narcotraficantes con vínculos directos e indirectos con estructuras militares y policiales, propició la proliferación del sicariato y extorsión que intensificaron los márgenes de inseguridad en barrios y colonias de grandes y medianas ciudades, lo que obligó a muchos a emigrar por causas que iban más allá de la pobreza, exclusión y falta de oportunidades.
En este contexto la conducción civil es compleja y las decisiones se toman bajo presión de unos y de otros, lo que obliga a decidir sobre dilemas cruciales cuya solución parece imposible si asumimos que los dilemas producen situaciones de suma cero en las que lo que se gana con una se pierde con la otra si no se logra establecer el balance necesario. Veamos esos dilemas que serán enunciados y resumidos brevemente para contribuir a la comprensión de la complejidad de la toma de decisiones en materia de seguridad, de la que no siempre se sale bien librado.
1. ¿Lo urgente o lo importante?
Si el país presenta múltiples desafíos, todos ellos importantes, la primera decisión a tomar es por cuál o cuáles empezar si hay uno “que revienta” un día y otro al día siguiente, y conmina al Estado a resolver con prontitud, por ejemplo, los motines en las cárceles, las masacres o el reclamo de las víctimas.
2. ¿Defensa/ seguridad o desarrollo?
Si las necesidades son inmensas y los recursos son escasos ¿a cuál privilegiar? La inversión en desarrollo es fundamental para aliviar la desesperación de la gente, pero la presión por la seguridad es inmensa y en ella entran los policías que siguen sin depurarse y reformarse, hasta los militares que heredaron su policía militar con la cual presionan para tener más presupuesto y reclamar su espacio en el ámbito de la seguridad ya que la defensa parece no ser rentable en tiempos de paz y disminución de los conflictos limítrofes.
3. ¿Visión de largo plazo o de corto plazo?
El largo plazo demanda un abordaje integral de la seguridad y la activación de las instituciones de asistencia social que moldean las condiciones en las que el niño crece y se desarrolla: ¿qué hacer para que un niño que nazca hoy no se convierta en delincuente en quince o veinte años? Dado que un gobierno dura cuatro años: ¿qué les dirán a los votantes sobre el manejo de la seguridad en la próxima campaña electoral?
4. ¿Delincuencia común u organizada?
El combate a las maras y narcotraficantes es una acción de alto impacto que dice mucho de la voluntad política para enfrentar la inseguridad y hasta ayuda a mejorar la imagen de un gobierno, pero el ciudadano común, el que enfrenta día a día y cuadra a cuadra la amenaza de robos, asaltos, saqueos, violación, extorsión, agresión y violencia de todo tipo, espera que el gobierno resuelva y que mejore la percepción y sensación de inseguridad que le agobia.
5. ¿Prevención, control, castigo, rehabilitación, reinserción?
En función de lo anterior: ¿En dónde colocar la atención y los recursos si todas las fases parecen ser igualmente importantes? ¿Qué pasa si se privilegia una y se desatienden las otras? Con la primera se evita, con la segunda se captura, con la tercera paga por lo que hizo, con la cuarta se atiende para reconocer que lo que hizo estuvo mal y con la última se prepara para la etapa posterior a la reclusión en mejores condiciones que cuando delinquió.
6. ¿Derechos de los delincuentes o de la sociedad?
Esta parte es extremadamente sensible porque afecta a las víctimas, sus familiares, amigos y observadores y pone en evidencia la desigualdad y exclusión que prima en la sociedad: personas que no están recluidas y se alimentan en forma deficiente porque no tienen recursos o porque les cuesta conseguirlos, se comparan con los privados de libertad que tienen resueltas sus necesidades de techo, comida, atención médica, descanso y hasta acceso a la educación; todo ello les conduce a concluir que al victimario le va mejor que a las víctimas.
7. ¿Policías, militares o civiles?
Los militares, los policías y uno que otro civil interesado, consideran que ellos son los que conocen el tema y nadie más; sacan su petulancia o su resentimiento pensando que son ellos los llamados a estar ahí y que a ellos les toca por su “increíble” manejo del tema. Y aunque no le guste a los resentidos, en democracia los civiles dirigen y los militares y policías ejecutan las directrices, aplicando sus conocimientos específicos. Si la Constitución dice que la seguridad es competencia de los policías y la defensa es competencia de los militares, todos deberían saber lo que les toca hacer, incluyendo a los políticos en los diferentes poderes del Estado. Si la Constitución dice, por deformación política de su espíritu, que los militares pueden “colaborar” o “apoyar” a diversas instituciones del Estado, en este caso a la policía, no debe entenderse “sustituir” a la policía en tareas de seguridad y menos en tareas de conducción operativa. ¡Si se equivocan es porque quieren!
8. ¿Con depuración o sin depuración?
No puede una sociedad sentirse protegida si los encargados de hacerlo tienen imagen de corruptos, aliados de criminales, involucrados en actividades ilícitas, represores, violadores de derechos humanos y abusadores de su condición de autoridad. Tienen que salir de la institución y los que quedan deben ser capacitados y formados para manejarse con más propiedad en la ejecución de las directivas civiles en materia de seguridad. Pero mientras el anterior gobernante sustituyó a la policía por militares, iniciando el ciclo de remilitarización de la seguridad y también del Estado, marginándola y desentendiéndose del proceso de reforma y depuración que quedó inconcluso, a este gobierno le toca desandar lo andado e iniciar un proceso que restituya las competencias constitucionales a la policía de forma gradual hasta que su proceso de reforma y depuración haya concluido. Y, por supuesto, hacer lo mismo con los militares para que vuelvan a su espacio y funciones constitucionales.
9. ¿Policía cercana o policía lejana?
La policía debe ser una instancia que genere confianza y respeto en la comunidad, y que demuestre su condición de servidora pública. Esto es obligación de toda la policía y no solo de un grupo élite que se aproxima a la ciudadanía para convertirla en delatora o soplona y que le proporcione información de los vecinos. La policía comunitaria tiene que ser reconceptualizada, preparada y planificada, no se crea por decreto.
10. ¿Manejo democrático o manejo autoritario?
El manejo democrático implica respeto a la ley; reconocimiento de los derechos de unos y de otros, víctimas y victimarios; construcción de consensos; búsqueda de alianzas a nivel micro y macro; rendir cuentas a la sociedad sobre los avances, estancamientos y retrocesos; e imponer controles externos a los que ejecutan lo que puede ser una política de seguridad. El manejo autoritario es todo lo contrario y se expresa en un término totalmente desprestigiado como el de “mano dura” que no asusta a los delincuentes, pero sí a los demás.
