Tegucigalpa.- La destitución del Fiscal General de Honduras mediante un juicio político es una de las primeras acciones del nuevo Congreso Nacional para recuperar el Estado de Derecho y combatir la corrupción en la nación, afirman expertos.
Oscar Fernando Chinchilla, nació en la ciudad de Santa Rosa de Copán un 7 de febrero de 1972; logró su título de abogado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), posteriormente logró ser nombrado notario público pasando a ser magistrado de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán cargo que desempeñó entre 2003 a 2009.
En 2010, asume la presidencia de Honduras Porfirio Lobo Sosa y del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández, tiempo en que Chinchilla también asumió por nombramiento como magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El 12 de diciembre de 2012, en horas de la madrugada, el Congreso Nacional presidido por Hernández destituyó a cuatro de los cinco magistrados que conformaban la Sala Constitucional, José Antonio Gutiérrez, José Francisco Ruíz, Rosa Linda Cruz y Gustavo Enrique Hernández quienes habían declarado inconstitucional las Ciudades Modelos hoy Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Extrañamente, el único que mantuvo su cargo fue Chinchilla.
En septiembre de 2013, Chinchilla es electo fiscal general de la república tras una larga sesión legislativa en el Congreso Nacional recibiendo 92 votos a su favor de 128 diputados pese a ser un proceso cargado de nulidades.
A Chinchilla se le debió nombrar de manera temporal para culminar el periodo de Luis Rubí quien renunció a pocos meses de finalizar su administración por señalamientos de corrupción, además no se sometió a las pruebas sicométricas, sin embargo, a Chinchilla de manera ilegal lo nombraron por siete años en el cargo.
En junio de 2018, 88 diputados del Congreso Nacional, todos del Partido Nacional y mayoría de liberales, votaron a favor de reelegir en el cargo a Chinchilla pese a que no era parte de la lista de postulantes que había presentado la Junta Proponente.
La Constitución de Honduras en su artículo 233 manda que el Fiscal General será electo por una nómina de cinco candidatos seleccionados por una junta proponente, no obstante, Chinchilla en ningún momento fue parte del listado.
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DESTITUIRLO, UNA DE LAS PRIMERAS ACCIONES
Pese a todo lo anterior, Chinchilla ha sido aplaudido por organismos internacionales y respaldado por Estados Unidos en su “lucha contra la corrupción” aunque que la realidad de la nación centroamericana es contraria.
Para el experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, las primeras acciones que debe emprender el nuevo Congreso Nacional en caso de lograr mayoría de diputados opositores al conservador Partido Nacional debe ser destituir del cargo a Chinchilla.
“Deben ser una de las primeras medidas que debe tomar el nuevo Congreso Nacional en caso que exista el consenso y la mayoría suficiente pero deben hacerlo bien, que no cometan el error que cometió la dictadura de Juan Orlando Hernández que lo eligió de manera ilegal”, manifestó.
A consideración de Mejía, Chinchilla tiene una falta de legitimidad de origen en el cargo sumado a una falta de legitimidad de ejercicio porque “no ha hecho nada en relación con las violaciones a los derechos humanos tras la crisis postelectoral de 2017, no ha hecho nada contra el narcotráfico, los femicidios, por tanto, hay elementos y causales de sobra para separar a Chinchilla, pero debe hacerse respetando el debido proceso, escuchándosele y tomando las decisiones de manera legal”.
Igual postura tiene el reconocido abogado Víctor Fernández quien afirma existen motivos suficientes para someter a juicio político a Chinchilla, al igual que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta y los demás magistrados.
Para Mejía, “este es el momento para que personas comprometidas en la lucha contra la impunidad y corrupción puedan asumir cargos importantes como la fiscalía general y no personas oscuras, personajes vinculados con el poder fáctico en Honduras como Óscar Chinchilla”.
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JUICIO POLÍTICO
La Ley Especial para Juicio Político en su artículo 5 establece tres motivos por los cuales se podría iniciar un juicio político contra un alto funcionario del Estado entre estos está una denuncia grave en el desempeño de su cargo, actuaciones contrarias a la Constitución y negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño de su cargo.
Según el abogado Edy Tábora y Fernández se cumplen dos de las tres causales para enjuiciar a Chinchilla debido a avaló la reelección presidencial prohibida en la Constitución y ha asegurado la impunidad a una élite corrupta y narcotraficante, a tal grado que principales acusados en Estados Unidos ni siquiera han sido investigados en Honduras.
Para aprobar el juicio político los diputados afines a la oposición deberán ser mayoría sumando al menos 86 votos, sin embargo, según las últimas proyecciones requerirían de diputados afines al Partido Nacional para lograr dicho objetivo.
Hasta el momento, el Partido Libertad y Refundación (Libre) obtendría 50 escaños en el Legislativo, el Partido Nacional 44, el Partido Liberal 22, el Partido Salvador de Honduras (PSH) 10 y 1 la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Anticorrupción (PAC).
Si se sumaran en alianza todos los partidos opositores, solo lograrían 84 votos, no obstante, la DC y la mayoría de diputados liberales han actuado a favor de intereses del Partido Nacional y no de la nación por lo que sería una tarea difícil lograr los 86 votos.
Un comentario
Ojalá el PL dé muestra de recuperar, por lo menos, el reconocimiento del pueblo, y deje ya de co-legislar al lado del partido del diputado chocoyo.