Tegucigalpa.- El gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, debe reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas y reorientarlo en temas de desarrollo, así como fortalecer la figura del secretario de Defensa y reformar la Constitución para menguar el control político del ente militar en temas de sociedad civil, exponen sociólogos.
Durante los últimos doce años de gobierno del conservador Partido Nacional, las Fuerzas Armadas han sido utilizadas para inmiscuirse y suplantar funciones de instituciones estatales en temas concernientes al ámbito político-civil mediante el artículo 274 de la Constitución que le otorga “cooperar” con las secretarías de Estado.
Desde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos diversos fiscales estadounidenses han develado el involucramiento de las Fuerzas Armadas en actividades del narcotráfico y el crimen organizado, además se convirtieron en el brazo armado del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un proceso de extradición por narcotráfico.
Inclusive, durante la crisis postelectoral de 2017 que permitió a Hernández reelegirse de manera ilegal, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), alrededor de 23 civiles fueron asesinados por elementos de las fuerzas de seguridad del Estado.
Para la socióloga e investigadora Leticia Salomón, el nuevo gobierno debe menguar el poderío de las Fuerzas Armadas en temas de sociedad civil y revertir el desbalance de fondos asignados a través del presupuesto a salud y educación que han sido reducidos durante 12 años para aumentar el de defensa y seguridad.
“Se tiene que revertir el desbalance que propició el anterior mandatario invirtiendo más presupuesto en defensa y seguridad y menos presupuesto en desarrollo. Ese desbalance nos tiene en la situación terrible que estamos. El país invirtió demasiados recursos en militares y policías y muy pocos recursos en los temas esenciales de desarrollo”, cuestionó.
Para el caso, el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional anterior estima que el Presupuesto General para las Fuerzas Armadas del periodo fiscal de 2022 es de 9,336.1 millones de lempiras.
Salomón es del criterio que se deben eliminar las funciones políticas de las militares otorgadas en el artículo 272 mediante el cual les ordena garantizar la alternancia en el ejercicio de la presidencia de Honduras y custodiar, vigilar y garantizar el libre sufragio en las elecciones.
Sin embargo, en 2017 permitieron que JOH, como popularmente se le conoce a Hernández, se reeligiera en el cargo pese que la Constitución lo prohíbe.
“No es posible que las Fuerzas Armadas tengan sobre sí tareas tan importantes como garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia que no la han cumplido, garantizar el Estado de Derecho que le compete al sistema de justicia”, señaló.
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Considera que los nombramientos en los principales cargos de poder en la milicia obedecen a nombramientos políticos que pone a la institución militar al servicio del poder político y no bajo los intereses de la nación.
“Seguirá habiendo fenómenos de politización de los altos jerarcas de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, apoyo a uno o rechazo a otros presidentes porque les caen bien o mal y no porque son subordinadas del poder civil”, indicó.
Lo anterior se refleja en el nombramiento del titular de la Secretaría de Defensa, el sobrino de la presidenta Castro, José Manuel Zelaya, que, según declaraciones del diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuñado de Castro y padre de José Manuel, su nombramiento obedece que desde ese ente “se ejecutan golpes de Estado” como aconteció en junio de 2009.
Para Salomón, el cargo de secretario de defensa debe ser fortalecido para controlar las acciones dentro de las Fuerzas Armadas debido que desconocen las actividades de la institución y “se han dedicado históricamente a realizar trámites administrativos de los militares”.
Por su parte, el sociólogo José Armando Orellana también plantea que el nuevo gobierno debe conocer la forma en cómo se están construyendo liderazgos dentro del propio ejército y revisar los esquemas y programas de formación.
“Muchas de las quejas que se producían es que se iban acomodando aquellos líderes que obviamente mantenían un supuesto liderazgo que podría no verse necesariamente en cuestión de valores, en cuestión de principios sino en esas habilidades para poder vincularse con la política o con el crimen organizado”, indicó.
Considera que debe haber una reestructuración de los círculos de poder que se instauraron dentro del ejército y esto pasa por reformar la Constitución de Honduras estableciendo que sus únicas acciones sean la defensa del territorio y soberanía nacional.
