Copinh pide que elección del fiscal general y fiscal general adjunto se realice en los tiempos estipulados por la ley y se evite la ampliación en funciones de Óscar Fernando Chinchilla, al que señalaron como cómplice de los crímenes contra las comunidades indígenas y la ausencia de justicia a nivel de autoría intelectual en el asesinato de la lideresa lenca, Berta Cáceres
Portada: Mujeres tolupanas de la tribu de San Francisco de Locomapa. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
Tegucigalpa.- El cese a la judicialización de las personas defensoras de los territorios y ambiente, así como un compromiso real en la persecución de las estructuras criminales que posibilitan el despojo y saqueo de sus comunidades, exigen los liderazgos de los pueblos indígenas de cara a la elección de las autoridades del Ministerio Público (MP).
Tras diez años de Óscar Chinchilla al frente del ente acusador del Estado y con un legado de impunidad y criminalización contra las personas defensoras y las poblaciones indígenas de Honduras, la exigencia de justicia es un llamado a una elección que no reproduzca las mismas dinámicas de colusión entre el MP y las empresas extractivas.
NO MÁS IRRESPETO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
Las mujeres del pueblo Tolupán en el departamento de Yoro, ubicado en el norte de Honduras, exigieron a mediados de agosto al futuro fiscal que desde la institucionalidad se les reconozca como pueblo indígena. Al igual que pidieron “no más irrespeto a sus derechos humanos y saqueo a sus territorios”.
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El líder del pueblo Tawahka, Inés Ordóñez Salinas, dijo a Criterio.hn que es urgente que las nuevas autoridades que asuman el Ministerio Público tomen cartas sobre la situación de despojo y saqueo de los bosques en la Reserva de la Biosfera Tawahka Asangni, ubicada en el paralelo 85.
“La región de la Biosfera Tawahka está en desierto. Cuando digo desierto es que ya han deforestado 91.9% de la reserva que era de los tawahkas y ninguna autoridad nacional ha tomado nuestra petición a bien”, denunció.
En septiembre de 2022, Ordóñez Salinas reclamó a diputados del Congreso Nacional y funcionarios del Poder Ejecutivo el papel que han jugado en beneficiar a extranjeros en proyectos extractivistas que han costado el exterminio de las naciones originarias sin que la justicia concrete acciones.
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BASTA DE CRIMINALIZAR A OPOSITORES DE PROYECTOS EXTRACTIVOS
La integrante del pueblo maya chortí en Azacualpa, en La Unión, Copán, Yessica Rodríguez, pidió que se respeten las decisiones de los pueblos originarios con respecto a sus territorios y que las autoridades dejen de lado los favoritismos hacia las empresas extractivas.
El cementerio maya chortí de San Andrés, ubicado en el occidente de Honduras, fue destruido ante la expansión de la empresa Minerales de Occidente S.A. (Minosa), filial de Aura Minerals, pese a que contaba con dos sentencias que amparaban el camposanto.
Sumado a esto un total de 35 personas que se oponían a la ampliación del proyecto minero fueron criminalizadas por el MP. Cuatro de estas personas continúan sometidas a un proceso judicial desde 2018, que a la fecha no ha culminado.
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“Cuando vamos a una manifestación, cuando hacemos algo contra la mina, la Fiscalía siempre viene y nos dice ‘quítense’, ‘no tienen derechos’ o ‘váyanse, porque si no, los vamos a meter presos o los vamos a criminalizar”, compartió Rodríguez.
EXIGEN EVITAR QUE CHINCHILLA SE EXTIENDA EN FUNCIONES DENTRO DEL MP
Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), integrado por el pueblo Lenca, emitió un comunicado en el que se pide que la elección se realice en los tiempos estipulados por la ley.
Evitando que se le extienda en sus funciones como fiscal general a Óscar Fernando Chinchilla, “cómplice de todos los crímenes contra las comunidades indígenas y cómplice de la falta de justicia para Berta Cáceres por su falta de compromiso en la captura de los autores intelectuales”, lee el texto.
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El Copinh abogó por una nueva fiscalía que se comprometa con la persecución de las estructuras criminales que han posibilitado el despojo y saqueo de las comunidades indígenas y el control de grupos corruptos.
Al igual que el pueblo tolupán, el Copinh exigió un alto a la judicialización de quienes defienden los territorios y luchan por la preservación del medio ambiente. Así como un compromiso firme desde la dirección del MP en la persecución penal de los asesinos de defensores de territorios y el desmantelamiento de las estructuras criminales.
