Tegucigalpa, Honduras. – La desmilitarización de la seguridad ciudadana podría quedar como una promesa más que la presidenta de Honduras no cumple, y los hondureños y hondureñas ven cada más lejos que los militares regresen a sus cuarteles, tal como lo anunciaba Xiomara Castro en sus campañas proselitistas.
Las últimas medidas tomadas por la presidenta Castro sobre la seguridad ciudadana, que contemplan la reincorporación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad y la habilitación de batallones como centros de reclusión de emergencia, entre otras medidas, despertó la suspicacia, críticas y preocupación en la sociedad hondureña, analistas y defensores de derechos humanos.
“Regresar a los militares a sus cuarteles”, una de las promesas y frases más populares desde el 2012 cuando se lanzó como candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre). Sin embargo, esta frase ha retomado protagonismo, como una respuesta que recuerda y cuestiona las instrucciones que se han girado a casi 15 meses del mandato de Castro.
Las nuevas medidas, que involucran a los militares, son parte de la segunda etapa del Plan Nacional de Seguridad “Solución Contra El Crimen” (SCC) que surtirán efecto durante los siguientes seis meses en aplicación del PCM 10-2023, que suspende las garantías constitucionales y da continuidad al estado de excepción aplicado desde el 6 de diciembre de 2022, cuando Castro le declaró la guerra a la extorsión y delitos conexos, pero las medidas coercitivas, de acuerdo con analistas consultados por Criterio.hn, no han dado resultados tangibles y únicamente son emulación de la política de seguridad implementada en El Salvador.
“Desmilitarizar la seguridad ciudadana y confirmar su permanencia en su rol que ordena la Constitución”: Plan de gobierno, sobre la seguridad ciudadana, apartado IV: Hacia una Honduras Solidaria, Incluyente y Libre de Violencia
“A partir del 28 de febrero, las Fuerzas Armadas de una forma gradual iniciarán el proceso de salida de la administración y custodia del sistema a penitenciario del país”: Xiomara Castro, presidenta de Honduras, discurso de entrega bastón de mando de las FF AA, febrero 2023
Criterio.hn realiza la verificación de este proceso de desmilitarización de la seguridad ciudadana y del sistema penitenciario, debido a que en marzo de 2022, José Manuel Zelaya Rosales, titular de la Secretaría de Estado de Defensa Nacional (SEDENA), informó que, en reunión de Consejo de Ministros, se había aprobado la desmilitarización y se había delegado a la Policía Nacional como la encargada de administrar el sistema carcelario en Honduras. Un sistema que, de acuerdo a recomendaciones internacionales y a lo dictado en la normativa del Instituto Nacional Penitenciario debe ser administrado por civiles, pero desde la construcción de la Penitenciaria Central en 1883 ha estado en manos de policías y militares.
BATALLONES NUEVAMENTE SERÁN CENTROS DE RECLUSIÓN
En marzo de 2022, Ramon Sabillón, secretario de Estado en el despacho de seguridad, informó que, como uno de los pasos para desmilitarización del sistema penitenciario hondureño, era el traslado de hondureños que guardan prisión en los batallones, a los diferentes centros penales del país.
Esta práctica de utilizar los batallones como centros de reclusión fue implementada en el 2014, durante la narcodictadura de Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Uno de los primeros recluidos en los circuitos militares fue el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, uno de los principales responsables del desfalco en esa institución, así como exfuncionarios de gobierno, extraditables, alcaldes y privados de libertad de alta peligrosidad, acusados por actos de corrupción, tráfico de drogas, asesinato, entre otros delitos delitos.
Alba Mejía, subdirectora del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTR), expresó a Criterio.hn que esta determinación “no se ve con buenos ojos”, e indicó que el Gobierno se debe abstener de usar los batallones como centros de reclusión, aunque sea de manera temporal, porque a estos centros van personas que tienen la “oportunidad de gestionar monetariamente su bienestar y eso no es justo para el resto de la población privada de libertad”.
De igual manera, el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, catalogó la medida gubernamental como una grave contradicción frente a los estándares internacionales de derechos humanos y a las recomendaciones planteadas al Estado de Honduras por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
El sólo hecho de proponer el uso de los batallones como centros de reclusión es una vulneración constitucional y a los estándares internacionales, que a criterio de Joaquín Mejía pareciera ser “una medida populista”, para enviar el mensaje que están trabajando en el combate de la violencia, pero que, en la práctica, “son medidas que no funcionan”.
POLICÍAS Y MILITARES AL MANDO DE CENTROS PENALES Y RECOMENDACIONES DEL CAT
La crisis en los centros penales es histórica, generada por el hacinamiento, mora judicial, amotinamientos, asesinatos e incendios al interior de estos recintos controlados por los privados de libertad.
Actualmente, el Sistema Nacional Penitenciario, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), alberga 19 mil 842 personas privadas de libertad de las cuales el 51.6% no cuentan con sentencia firme, situación que arrecia el problema del hacinamiento que hasta diciembre de 2022 alcanzó un 34.2%.
En relación a la mora judicial, la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), tiene el reto de resolver 35,129 expedientes y sumar los expedientes que dejó la Corte anterior encabezada por Rolando Argueta, que según, Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, “no hay datos precisos”.
Estos centros catalogados como “escuelas y universidades del crimen”, han sido administrados, a lo largo de la historia, por policías y militares que han sido acusados de estar coludidos con el crimen organizado, trasiego de drogas y armas. Además, según analistas, entre estas instituciones hay un conflicto de poder por el control de los centros penitenciarios.
“Esta situación de desorden que hay en los centros penales debe ser atendido por profesionales y no por gente que convierten al centro penal en un negocio particular”, refirió el diputado del oficialista Partido Libre, Bartolo Fuentes.
“Ni el Ejército ni la Policía son lo más indicado para dirigir los centros penales”, dijo Fuentes entrevistado por Criterio.hn.
En 2016 el Estado de Honduras fue evaluado por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), por las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de los uniformados, el hacinamiento, y los hallazgos de la investigación del incendio en la granja penal de Comayagua ocurrido el 15 de febrero de 2012, en el que 350 personas perdieron la vida.
Como resultado de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el CAT instó al Estado de Honduras a “considerar prioritario el traspaso de la gestión de los centros penitenciarios al Instituto Nacional Penitenciario. El Estado parte debe poner fin a la detención de presos comunes en instalaciones militares”.
En ese momento, cuatro instalaciones militares estaban habilitadas para la reclusión de Personas Privadas de Libertad (PPL). El Centro Preventivo los Cobras, tenía seis; el Primer Batallón de Infantería, 21; el Segundo Batallón de Infantería Táctico, 5; y el Tercer Batallón de Infantería en Naco, Cortés 15.
Además, el CAT recomendó redoblar esfuerzos para aliviar el grave problema de hacinamiento.
Para 2017 los 25 centros penitenciarios de Honduras, con capacidad para 10 mil 908 privados de libertad, contaban con una población penitenciaria de 18 mil 878.
Las especulaciones van desde el análisis de si es factible la desvinculación con las Fuerzas Armadas o simplemente es una estrategia para fortalecer una alianza estratégica. Prevalece la alianza, según analistas, debido a la experiencia que les dejó el golpe de Estado de 2009, perpetrado a Manuel Zelaya Rosales, esposo de la actual presidenta.
Para Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), los militares son un aliado estratégico que utilizan todos los partidos políticos, y es un aliado necesario en el tema de la seguridad.
Pero, sobre todo destaca que más allá de ser aliados, Libre “no iba a dejar ir a los militares, no los iba a poner en un lugar para marginarlos, porque también les interesa –después de la lección del golpe de Estado— tener a los militares felices”.
La incorporación de las Fuerzas Armadas, según Ramírez, con el tiempo le favorecerá a Libre, porque la ciudadanía “lo que quiere es seguridad”.
Sin embargo, Gilda Rivera, representante de la Coalición Contra la Impunidad e integrante del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), recordó el “triste rol” que han jugado las Fuerzas Armadas en el país, que, de acuerdo con la defensora de derechos humanos, han fomentado la corrupción. “Las Fuerzas Armadas han tenido el control del sistema penitenciario, por años y tampoco mejoró nada”, increpó.
Las nuevas tareas asignadas a las Fuerzas Armadas incluyen el control y presencia permanente en los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso, y Gracias a Dios.
Además, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), tendrán presencia en los departamentos de Atlántida, Yoro y Copán.
El pasado 8 de abril, durante el asueto de Semana Santa, se registraron amotinamientos en cuatro centros penales de máxima seguridad en el país, que dejó como resultado la muerte de una persona y varios heridos. Con este hecho se constató que los privados de libertad mantienen el control y tienen la capacidad para coordinarse para desestabilizar el sistema penitenciario de manera simultánea.
Ante estos escenarios, que generaron zozobra entre los familiares que se encontraban de visita en los centros de reclusión, la presidenta Xiomara Castro, anunció una intervención enérgica en los centros penales.
Sé del esfuerzo de la Policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero voy a intervenir enérgicamente los Centros Penales.
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) April 9, 2023
En consecuencia, varios sectores de la sociedad, entre analistas, diputados y defensores de derechos no avalan dicha intervención, ya que consideran que el problema de seguridad pública se debe generar por medio de cambios estructurales y, en su defecto, sugieren depurar los entes armados del Estado, combate al narcotráfico y una política de seguridad ciudadana integral.
Por su parte, la comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (CONAPREV), Sandra Rodríguez, tiene la esperanza que con esta intervención “se pueda desmontar la corrupción carcelaria que ha permanecido históricamente por más de dos décadas en nuestro país”.
El CONAPREV, luego de los amotinamientos, recomendó realizar una depuración en el sistema carcelario y asignar personal para asegurar la integridad y vida de los privados de libertad.
Así como los organismos defensores de derechos humanos nacionales, los organismos internacionales han elevado su voz e instan al Estado de Honduras a implementar las reglas internacionales de protección de los privados de libertad y tomar en consideración las recomendaciones que han hecho, en reiteradas ocasiones.
Tal es el caso del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que se pronunció ante los amotinamientos y expresó su preocupación frente a las medidas establecidas en la segunda etapa del Plan Nacional de Seguridad “Solución Contra El Crimen” (SCC) y la asignación de nuevas tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas que, de acuerdo con el OACNUDH, “comprometerán los esfuerzos de desmilitarización”.
2/2 Las medidas adoptadas como la asignación de nuevas tareas de seguridad a las @FFAAHN comprometerán los esfuerzos de desmilitarización y podrían afectar la independencia del @PJdeHonduras y del @MP_Honduras en su función de dirección y control de las detenciones.
Criterio.hn, concluye, después del análisis de los hechos y de entrevistas con especialistas en seguridad y defensores de derechos humanos, que el discurso de desmilitarización de la presidenta Xiomara Castro, previo y durante las primeras acciones de haber llegado a la silla presidencial, es falso.
Analistas son de la opinión que, con esta política en materia de seguridad, únicamente se están tomando medidas coercitivas enfocadas exclusivamente en desmantelar bandas criminales, lo que evidencia que el Gobierno de Xiomara Castro, continúa con la misma visión militarista de la seguridad de los gobiernos anteriores y descuida la prevención de la violencia, estigmatizando a la población empobrecida y víctima de la violencia estructural.
En ese sentido, recomiendan al Estado desarrollar una política integral –desde el enfoque de derechos humanos— en el marco de un diálogo que aborde la prevención de la violencia desde la perspectiva de diversos actores como sociólogos, psicólogos, médicos, defensores de derechos humanos, sociedad civil, jóvenes, mujeres y organizaciones comunitarias.
Amante de la lectura y la naturaleza, una mujer con la convicción firme que todos podemos hacer cambios significativos en la sociedad, por eso mi objetivo es exponer las injusticias que adolece la ciudadanía.
Busco incidir, a través del periodismo, en la defensa y promoción de los derechos humanos, evitando caer en la complicidad de callar ante las injusticias y la corrupción. Ver todas las entradas
