Tegucigalpa.- La derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional, conocida popularmente como Ley de Secretos, develaría las diversas redes de corrupción que se instauraron desde su creación.
El Congreso Nacional de Honduras, en 2013, que dirigía Juan Orlando Hernández, aprobó el Decreto Legislativo 418-2013 que contempla la referida ley y que blinda al menos 16 instituciones del Estado para declarar reservada o confidencial información de carácter público.
La normativa faculta al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad la exclusividad en la clasificación de la información de asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos que puedan poner en riesgo la seguridad nacional.
Se estableció rangos como “reservado” para aquella información que “podría producir efectos institucionales no deseados”, con esto se blindó a instituciones como la misma Presidencia de la República que declaran clasificada información de carácter público.
También se otorga la categoría confidencial toda aquella información, documentación o material que podría originar riesgo inminente o amenaza directa contra la seguridad, la defensa nacional y el orden público.
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Bajo “Secreto” aquella información, documentación o material del Estado que pone en riesgo inminente o amenaza directa el orden constitucional, la seguridad, la defensa nacional, las relaciones internacionales y el logro de los objetivos nacionales y como “ultrasecreto” toda aquella información que podría causar un daño grave interno y externo”.
La desclasificación de esta información también tiene periodos de tiempo, para el caso, la clasificada como reservada tiene un periodo de cinco años, la confidencial de diez años, la secreta 15 años y la ultrasecreta 25 años.
Por lo anterior, el congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon y la congresista del Partido Liberal, Kritza Pérez, presentaron el proyecto de ley para su derogación siendo nombrada una comisión especial conformada por los congresistas Rasel Tomé, Ligia Ramos, Fátima Mena, Ramón Barrios, Suyapa Figueroa, Silvia Ayala y Rafael Sarmiento quienes presentaron ante el pleno el dictamen que contempla la derogatoria.
El propio Dixon señaló que no se tiene conocimiento de cuánta información se declaró reservada, sin embargo, con la derogatoria toda información que se ocultó deberá ser develada y declarada de orden público.
“En Honduras ya no habrá secretos, ya no va a haber oscuridad. Los periodistas pedían información no se la daban, el Ministerio Público pedía información y no se la daban, pues ahora ya no habrá secretos”, aseguro.
Para el caso, la Tasa de Seguridad aprobada bajo el Decreto Legislativo 102-2011 que crea la Ley de Seguridad Poblacional que instaura un gravamen a las transacciones financieras como retiros de efectivo, préstamos, pagos o transferencias emisiones de cheque de caja, entre otros.
Los fondos que se reciben anualmente son declarados reservados sumando anualmente más de tres mil millones de lempiras sin que la población tenga acceso a saber dónde, en qué y cómo se ejecutó los recursos.
Otros entes que no se conoce el manejo de fondos públicos son el Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público, Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Procuraduría General de la República (PGR), Poder Ejecutivo, entre otras más.
Por lo anterior, tanto Dixon como Pérez son del criterio que la derogatoria develará las redes de corrupción que saquearon la nación y se podría llegar a conocer el paradero de los miles y miles de millones de lempiras que fueron drenados de las instituciones del Estado.
Un ejemplo claro fue la incautación de 11, 294,970 dólares confiscados a el cártel hondureño de los Valle Valle.
La OABI declaró en secreto la información aunque se repartió 309 mil dólares al Instituto Nacional de Migración (INM), 704 mil a las Fuerzas Armadas, cinco millones al Instituto Nacional Penitenciario (INP), 1, 129,497 al Ministerio Público, 629,970 para el programa Navidad Catracha, 670,642 al Poder Judicial, a la Tasa de Seguridad se otorgó 473,613 y el resto 2, 377,885 no se supo su destino.
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El informe La Transparencia en Honduras, elaborado por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (IUDPAS-UNAH) expone que, en el 2016, se registraron alrededor de 2,700 solicitudes de acceso a información, un 75% de las cuales se encontraba en clasificado.
En el año 2017, se recibieron 3,051 solicitudes de información pública ante las instancias estatales con un porcentaje de resolución durante el mismo año de la solicitud del 45%, lo que significa un decrecimiento acelerado del incumplimiento de los plazos por parte de los entes obligados a entregar la información requerida.
De igual manera, la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) presentó un informe en 2017 que señala que se debe derogar la Ley de Secretos por poner en precario el derecho a la información que tiene la ciudadanía y porque blinda a corruptos de ser investigados.
Con la implementación de la Ley de Secretos se violentó el Convenio Americano de Derechos Humanos, en su artículo 13; la Convención Internacional Contra la Corrupción en su articulado 10 y la propia Ley de Acceso a la Información Pública al duplicarse leyes debido que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tiene la facultad de declarar como información clasificada aquella que ponga en riesgo o perjudique la seguridad del Estado.
La titular del IAIP, Ivonne Ardón, aconsejó al Congreso Nacional hacer la inclusión dentro de la derogatoria que sea el propio ente que desclasifique la información y no los secretarios de Estado o directores de las instituciones debido al conflicto de intereses que podría haber generar.
Cabe señalar que el dictamen de la derogatoria de la ley fue elaborado con la colaboración con la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Coalición Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
