Hay leyes que deben ser derogadas y otras reformadas para garantizar una segura lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras
Tegucigalpa. A nueve meses del inicio de sesiones en el Congreso de la República, la derogación del decreto 116-2019 y la reforma a la Ley de Amnistía Política son dos cuentas que tienen pendiente las diputadas y los diputados en Honduras.
El primero, el decreto 116-2019, es una polémica normativa que ha blindado a diputados y exdiputados investigados por malversación de fondos públicos, y cuya eliminación está presente dentro del memorando de entendimiento entre el Gobierno y Naciones Unidas, con miras a la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras.
Este decreto le impide a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) ejercer acción penal en contra de un legislador acusado por corrupción, sin que antes el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no haya concluido una investigación por indicios de responsabilidad penal y una auditoría especial a los fondos administrados por la persona investigada.
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El TSC puede tardar hasta seis años y, en consecuencia, varios diputados se han visto beneficiados con sobreseimientos definitivos a raíz de ello. Los últimos que lo consiguieron fueron el actual congresista Alberto Chedrani y el exdiputado Oswaldo Ramos Soto, ambos nacionalistas, quienes habrían hecho uso incorrecto de dinero sustraído de los polémicos Fondos Departamentales.
Chedrani y Ramos Soto, junto a otros exdiputados, fueron acusados por delitos de fraude y malversación de caudales públicos, utilizando una oenegé fantasma, pero una jueza les otorgó libertad al no contar con una investigación proveniente del TSC.
El 27 de mayo de 2022, el Congreso aprobó un decreto que otorga a la Uferco la potestad de enjuiciar a corruptos, sin la autorización del fiscal general u otra autoridad del Ministerio Público, pero a pesar de ello esa unidad fiscal continúa con las manos atadas debido a los tres decretos ya mencionados.
Contra el decreto 116-2019, incluso, a inicios de 2022 se presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia continúa sin pronunciarse al respecto. La otra vía para eliminarlo recae en la voluntad legislativa, pero se requieren 86 votos para derogarlo, y según ha expresado el propio presidente del Congreso, Luis Redondo, todavía no cuenta con esos votos.
Diputados oficialistas consultados por Criterio.hn, como Ramón Barrios y Jari Herrera, en reiteradas ocasiones han indicado que, mientras no exista consensos, correrán el riesgo de que la bancada del Partido Nacional vote en contra, tomando en cuenta que muchos de sus diputados han sido beneficiados por este pacto de impunidad. Otros congresistas también consultados por este medio digital, como Maribel Espinoza del Partido Salvador de Honduras (PSH), han exhortado a Luis Redondo que someta a discusión la derogatoria del 116-2019 en su tercer debate.
Aunque la primera legislatura del período 2022-2026 se extendió hasta el 24 de enero de 2023, en el Congreso Nacional todavía no hay humo blanco en torno a la derogación de este decreto, que continúa favoreciendo a corruptos con impunidad.
LA LEY DE AMNISTIA
Otro decreto que ha generado polémica es la Ley para la reconstrucción del Estado de derecho y para que los hechos no se repitan, conocida también como Ley de Amnistía Política, que ha sido altamente cuestionada por contener otro pacto de impunidad.
Esta ley otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al régimen de facto que sucedió al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales a la orden de los tres últimos gobiernos nacionalistas.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas anteriormente especificadas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
No obstante, dicha normativa también incluye un abanico de delitos contra la administración pública, como ser: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública.
reforma de leyes que impiden el combate a la corrupción
La ley se aprobó el 3 de febrero de 2022 con el respaldo de 28 diputados de Libertad y Refundación (Libre), nueve del PSH, cuatro del Partido Liberal y un importante número de diputados suplentes de Libre.
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Al mismo tiempo, bajo la virtualidad, 44 congresistas del Partido Nacional, 22 disidentes de Libre, 18 del Partido Liberal, así como la única representación de la Democracia Cristiana (DC) y del Partido Anticorrupción (PAC), continuaban a las órdenes de Jorge Cálix. El decreto busca resarcir los daños ocasionados tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y la instalación de un gobierno de facto encabezado por el hasta ese día presidente del Congreso hondureño, Roberto Micheletti.
Un mes después de su aprobación, el 3 de marzo de 2022, Marcelo Chimirri, exgerente de la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y quien había sido hallado culpable por delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y enriquecimiento ilícito, fue favorecido con la amnistía, a pesar de que había sido condenado a 17 años de prisión.
Un día después, el 4 de marzo de 2022, a Enrique Flores Lanza, ahora asesor presidencial, también se le otorgó una carta de libertad tras haber cesado cualquier acción penal en su contra, después de que el conocido artífice de «El Carretillazo», fue procesado por delitos de falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
Otros exfuncionarios, como el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, y el extitular Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), José Rosario Bonano, condenados por corrupción, han intentado ampararse en la amnistía, pero no lo han logrado. La Sala de lo Constitucional admitió un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto y se está a la espera de una resolución del Supremo.
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Diputados del Partido Nacional han dicho que prestarán sus votos para derogar el decreto 116-2019, si Libre hace lo propio con la Ley de Amnistía Política, una postura que diversos analistas han considerado incongruente. Recientemente, el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, aseguró que si la CICI no viene a Honduras, será responsabilidad del Partido Nacional, aunque este partido argumente que será la situación de la Junta Directiva y la Ley de Amnistía Política lo que impedirá el arribo del mecanismo anticorrupción.
OTROS DECRETOS AMIGOS DE IMPUNIDAD
Otros decretos, como el 57-2020 y el 93-2021, también impiden la lucha contra la corrupción en Honduras.
El primero, 57-2020, restringe al Ministerio Público el inmediato secuestro de documentos y objetos relacionados en investigaciones o persecuciones del delito, como carga probatoria, y lo obliga a someterse a las decisiones de los jueces, quienes definen qué órganos se encargarán de la custodia de las pruebas, en una evidente obstrucción de los procesos investigativos.
El segundo, el 93-2021, reforma varios artículos del Código Penal en lo concerniente al delito de lavado de activos; específicamente, entre otras reformas, desobliga a los entes financieros a develar información ante investigaciones de lavados de activos y extorsión sin la previa autorización de un juez.
