Paradójicamente los departamentos intervenidos en 2023 por los militares, en los primeros 20 días de 2024, son en los que se ha registrado un alza en la violencia y criminalidad, por lo que las autoridades nuevamente ordenaron un despliegue de las instituciones armadas
Las Fuerzas Armadas en la primera intervención no rindieron cuentas a la sociedad de los hallazgos encontrados, tampoco demostraron si, en los seis meses que se desplegaron en los siete departamentos, se registró una disminución en los homicidios y denuncias
Tegucigalpa, Honduras.- En abril de 2023, las Fuerzas Armadas (FF. AA) intervinieron siete departamentos por orden de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pero, paradójicamente, a casi un año del despliegue, el crimen organizado y narcotráfico se están encargando de mantener un ambiente de violencia e incertidumbre, que mantiene atemorizada a la población.
Colón, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios, fueron intervenidos por la Fuerza Naval, mientras que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) tomó el control de Atlántida, Yoro y Copán, en el marco de la segunda etapa del Plan Nacional de Seguridad Solución contra el Crimen (SCC), aprobado el cuatro de abril de 2023 por el consejo de ministros que lidera Xiomara Castro.
Esa cuestionada medida, que su duración, de acuerdo con la estrategia, era de seis meses, pero nunca se rindió un informe final de los hallazgos, tenía como objetivo, según el secretario de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya, erradicar el crimen organizado, narcotráfico y arrestar a las cabecillas de estas estructuras.
Sin embargo, a casi un año de ejecutar la directriz, en la mayoría de estos departamentos se está desatando una guerra entre pandillas y grupos de narcotraficantes, que ha dejado como consecuencia decenas de muertos y heridos.
Mientras las mismas autoridades de seguridad han confesado no tener una investigación efectiva que revele el patrón de violencia que utilizan estos grupos criminales, por lo que la mayoría de estos asesinatos y, la comisión de otros delitos relacionados con la criminalidad, están quedando en la completa impunidad.
De hecho, aunque la Policía Militar no rindió cuentas de la primera intervención o, si al menos, se ejecutó y culminó, las autoridades de la Secretaría de Seguridad, contaron el pasado viernes 19 de enero, que Olancho, debido a la violencia, será nuevamente intervenido por militares y policías.
Los primeros días de este 2024, varios municipios olanchanos se han convertido en la escena del crimen de 14 personas, entre mujeres, menores de edad y hombres, los que fueron asesinados, según reportes preliminares de la Policía, por ajustes de cuentas entre maras y pandillas.
Para poner en evidencia de cómo la violencia está tocando a las familias, el pasado miércoles 17 de enero, en la aldea Palala, ubicada en La Unión, Olancho, al oriente de Honduras, delincuentes asesinaron a un padre y su hijo, a quienes identificaron como Dagoberto Fúnez (papá) y Dany Fúnez (hijo). Ellos se sumaron a la lista de 12 personas más ultimadas en ese departamento, en los primeros días de este 2024.
Respecto al uso de la fuerza militar, que es legalmente constitución en situaciones excepcionales, el coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Carlos Sierra, opinó que, por el rosario de denuncias, no se deben incorporar en estrategias que los vinculen directamente con la ciudadanía.
“El problema es incorporar a los militares en acciones de reacción de seguridad interna por los antecedentes históricos, donde los militares han jugado un papel negativo en la violación de los derechos humanos”, opinó en pláticas con Criterio.hn Sierra.
Sierra sostuvo que la institución castrense no debe encabezar operaciones de seguridad interna por su susceptibilidad y debilidad, que lo posicionan como presas fáciles para recibir sobornos a cambio de hacer favores a las bandas criminales.
“Consideramos que es un riesgo que siempre que se anuncia que colocarán militares en acciones de seguridad interna, porque los antecedentes de su actuación los ponen en evidencia. Son susceptibles a la contaminación porque no están formados para convivir con la sociedad”, enfatizó.
De igual interés: Autoridades del MP no priorizan investigación de muertes violentas de mujeres
CONSTITUCIONALMENTE NO DEBERÍAN ENCABEZAR OPERACIONES
Aunque los gobiernos se han encargado de normalizar la presencia militar en plena vía pública, encabezando operativos de seguridad interna, la Constitución de la República en su artículo número 272 establece que los militares sólo tienen la facultad de acompañar las estrategias policiales.
El artículo establece que literalmente las Fuerzas Armadas cooperarán con la Policía Nacional para conservar el orden público y, además dice, que fueron constituidas para velar por la integridad territorial y la soberanía de la república.
El abogado constitucional Joaquín Mejía todavía es más claro con la que establece la Constitución. “Los militares fueron creados para combatir al enemigo, cuidar el territorio hondureño, no para convivir con la población, ellos solo miran enemigos”, opinó.
Sin embargo, pese a lo que establece la Constitución, el gobierno de Castro nuevamente pone a militares a tomar el control de varios departamentos y, en junio de 2023, les entregó el control de todos los centros paneles, después de la peor masacre registrada en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
