Redacción: Marcia Perdomo
Foto portada: Ofraneh
Tegucigalpa.- De cara al litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de la comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros vs. Honduras, pese al cambio de gobierno con el triunfo de la presidenta Xiomara Castro, muy pocas cosas han cambiado en cuanto al discurso de la Procuraduría General de la República.
Así lo denunció el integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Rony Castillo, a quien Criterio.hn entrevistó en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, durante la movilización al Ministerio Público para reclamar avances en la investigación por la desaparición forzada de cuatro jóvenes Garífunas de la comunidad del Triunfo de la Cruz, Tela, entre otras denuncias.
Castillo afirmó que los mismos argumentos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de Juan Orlando Hernández en el caso de Triunfo de la Cruz vs. Honduras, están siendo utilizados por la PGR de la presidenta Xiomara Castro.
Accionar que calificó como sorprendente, porque “durante la narcodictadura, nosotros luchamos, estuvimos en la calle durante todos esos años luchando para la restitución del orden constitucional pero también para el reconocimiento de los derechos de las comunidades”.
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Castillo compartió que como pueblo Garífuna han sostenido reuniones con el titular de la PGR, Manuel Díaz Gáleas; la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque; entre otros funcionarios. Sin embargo, institucionalmente sigue sin reconocerse el territorio ancestral de las comunidades Garífunas, incluido el caso de San Juan, Tela, que está siendo ventilado en la Corte IDH.
Durante las audiencias públicas celebradas el 4 y 5 de abril, la PGR continuó defendiendo los derechos territoriales de los terceros -a quienes la institución estatal les llama “terceros poseedores de buena fe”- por encima de los derechos ancestrales del pueblo Garífuna.
“Terceros poseedores de buena fe” que continúan construyendo y rellenando la laguna de Los Micos, pese a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que incluyen evitar o suspender cualquier acción que pueda afectar los derechos de la comunidad Garífuna de San Juan en cuanto a propiedad ancestral.
Castillo señaló que ante la inacción del Estado y sus instituciones, los pobladores de San Juan, Tela, se ven forzados a frenar las invasiones y construcciones que se realizan dentro del territorio comunitario Garífuna.
El 21 de julio, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, denunció la intensificación del ecocidio en la Bahía de Tela mediante el relleno de la laguna de Los Micos para la construcción de complejos habitacionales.
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La laguna de Los Micos además de estar dentro de un área protegida, colinda al sur y al oeste con la comunidad Garífuna de San Juan, pese a esto las autoridades hacen poco o nada para detener este tipo de accionar.
Castillo apuntó que hay un doble estándar en la justicia hondureña. Mientras a los Garífunas no se les permite ni siquiera pescar o cortar un mangle, a los empresarios y a quienes invaden su territorio ancestral se les permite cortar grandes extensiones de bosque manglar, realizar pesca a gran escala y hasta rellenar una laguna protegida sin que el peso de la justicia los toque.
“Es bueno que luchemos contra la narcodictadura, contra la procuraduría de JOH, la procuraduría racista. Pero nos sorprende que esta [nueva] procuraduría todavía siga llevando ese discurso”, compartió.
Además, señaló que este tipo de accionar demuestra que “la narcodictadura no ha sido desmontada, que hay todavía funcionarios que sirven para esos principios, para esos grupos criminales. Nosotros no hemos luchado solo con el pueblo Garífuna, hemos luchado por el pueblo hondureño para desmontar la narcodictadura, pero también para desmontar a esos grupos de poder que tienen secuestrado al país”.
El integrante de la Ofraneh cerró denunciando que incluso dentro del gobierno de la presidenta Xiomara Castro hay funcionarios “terceros” que han adquirido territorio en comunidades Garífunas como Triunfo de la Cruz, donde el Estado de Honduras tiene pendiente dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos.
