La Mesa de Derechos Humanos registra 16 crímenes: seis asesinatos de estudiantes, cuatro opositores y seis miembros de la etnia garífuna
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. –La Mesa de Derechos Humanos de Honduras asocia 16 crímenes contra estudiantes, líderes opositores y miembros de la etnia garífuna, a un patrón de violaciones en el marco de las reacciones del gobierno de Juan Hernández a las denuncias de vínculos de su gobierno con el narcotráfico y las acciones ciudadanas de protesta.
La instancia que aglutina a más de 40 organizaciones, precisa que, de los 16 asesinatos, seis corresponden a estudiantes, cuatro a opositores políticos y seis a la étnica garífuna.
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El pasado martes 29 de octubre de 2019, los defensores de los derechos humanos alertaron a la comunidad nacional e internacional mediante un comunicado sobre la potencialidad de perpetración de atentados contra miembros de la oposición social y política en manos de estructuras criminales que pueden involucrar a redes de funcionarios públicos con la narcoactividad.
Mediante un comunicado divulgado este jueves, la Mesa refirió haber recibido información que “resalta una ola de violencia contra líderes políticos, sociales, estudiantiles, personas defensoras de derechos humanos, comunicadores sociales y personas defensoras del ambiente y de la tierra”.
Los crímenes contra estudiantes, según los reportes de la Mesa de Derechos Humanos:
- Wilfredo de Jesús Moncada (17), estudiante del Instituto Tecnológico en Administración de Empresas del Sur (INTAE-SUR), asesinado el 11 de abril, 2019, en la ciudad de Choluteca.
- Darlin Dionisio Funes Vásquez (21), estudiante del Instituto Jesús Milla Selva, asesinado el 29 de abril de 2019, en la ciudad de Tegucigalpa.
- Lesbin Daniel Ávila Caballero (18), estudiante del Instituto Luis Bográn, asesinado el de 29 de abril de 2019, en la ciudad de Tegucigalpa.
- Eblin Noel Corea Maradiaga (17), estudiante del Instituto Técnico de La Paz, asesinado el 20 de junio de 2019, en la ciudad de Yarumela, La Paz.
- Óscar Daniel Mencía Cantarero (18), estudiante del Instituto Luis Bográn, desaparecido el 29 de octubre y encontrado muerto el viernes 1 de noviembre, con signos de tortura, en la ciudad de Tegucigalpa. (Fue secuestrado el martes 29 de octubre por hombres desconocidos, fuertemente armados, quienes ingresaron violentamente a su centro educativo.)
- Leonardo Daniel Castillo (25), estudiante de sicología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, asesinado el 1 de noviembre de 2019, en circunstancias desconocidas.
Al mismo tiempo, la Mesa de Derechos Humanos, refiere tener documentado al menos cinco (5) personas asesinadas después del juicio contra del ex diputado del Congreso Nacional, Juan Antonio, alias “Tony” Hernández, encontrado culpable por cuatro delitos por la Corte del Distrito Sur de New York. “Tony” Hernández, es hermano del actual gobernante, Juan Hernández.
Según los recuentos de los defensores de los derechos humanos las primeras cuatro personas asesinadas están vinculadas a la lucha social y a la oposición política y respondían a los nombres de:
- Óscar Daniel Mencía Cantarero (18), supra mencionado.
- Leonardo Daniel Castillo (25), supra mencionado.
- Buenaventura Calderón Ramírez (73), líder político e indígena del opositor partido Libertad y Refundación (Libre), asesinado de varios disparos, en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.
- Maribel Bolian (38), maestra de primaria y esposa del líder político e indígena del opositor partido Libertad y Refundación (LIBRE), Buenaventura Calderón Ramírez.
- Magdaleno Meza Funez (35), brutalmente asesinado en el penitenciario de máxima seguridad, ubicado en el occidente de Honduras, el pasado sábado 26 de octubre. (era un potencial testigo en futuros procesos penales por narcotráfico en Estados Unidos, por ser, supuestamente, uno de los socios de “Tony” Hernández).
Crímenes contra garífunas
La Mesa reporta además los asesinatos sistemáticos contra miembros de la comunidad garífuna y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), quienes han sufrido el asesinato de las siguientes personas:
- Rosa de Aguán, asesinada el viernes 6 de septiembre
- Gilma Cacho, asesinada el viernes 6 de septiembre
- Fiora Amaya, asesinada el viernes 6 de septiembre
- Nayda Reyez Giménez, secuestrada por supuestos agentes del Estado, identificados como miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y encontrada muerta el 07 de septiembre de 2019 en la comunidad de Baja Mar
- Mirna Suazo, asesinada el 08 de septiembre en la comunidad de Masca
- María Digna Moreno, asesinada el 12 de octubre 2019, maestra y parte del grupo de trabajo de educación Intercultural Bilingüe de la Ofraneh.
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En este contexto, La Mesa también reporta el atentado contra la integridad y la vida del profesor y líder magisterial Jaime Rodríguez, el pasado 30 de octubre, quien fue secuestrado, torturado y dado por muerto por los perpetradores del crimen, quienes lanzaron su cuerpo en una zona desolada en Tegucigalpa.
Denuncias a muerte
La Mesa también ha documentado varios hechos intimidatorios, de violencia y amenazas contra otras personas, entre las que se encuentra el expresidente hondureño, Porfirio “Pepe” Lobo, quien denuncia la semana pasada que existe un plan para asesinarlo a través de una agencia de seguridad del Estado, con órdenes de autoridades de alto nivel en el gobierno.
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Los defensores registran también la denuncia sobre el supuesto riesgo que corre el periodista David Romero, quien goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado de Honduras se niega a cumplir.
“De la misma forma, levanta sospecha la muerte violenta del señor Alfredo José Cantarero Callejas, quien se desempeñaba como Comisionado Presidencial de Transparencia con rango de Secretario de Estado y encargado de la oficina de seguimiento del despacho presidencial junto al presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y fue encontrado muerto el jueves 31 de octubre. Las autoridades han declarado el caso como un suicidio, lo cual les “obliga” a cerrar las investigaciones; sin embargo, la Mesa, a partir del caso de la Oficial de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Hernández Mancía, no descarta la posibilidad que haya mediado mano criminal en su muerte”, refieren los defensores de derechos humanos.
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En cuanto a la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, la instancia manifiesta su preocupación sobre el uso generalizado e indebido del derecho penal contra personas defensoras, como el encarcelamiento de al menos ocho personas de la comunidad de Guapinol y otros presos políticos.
Por otra parte, la Mesa de Derechos Humanos, manifiesta tener conocimiento de atentados y actos de violencia, hostigamiento e intimidación contra la Asociación por una Ciudadanía Participativa (Aci Participa); la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH- Sida en Honduras (APUVIME); la ex directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, denunciante de la muerte violenta de la Agente de la ATIC, Sheril Hernández; el periodista Milton Benítez, director del programa “El Perro Amarillo” y denunciante de corrupción; y el médico Luther Cleofes Castillo Harry, miembro de la comunidad garífuna y defensor de derechos humanos, quien ha denunciado ser víctima de seguimiento, amenazas y vigilancia.
En virtud de los hechos antes señalados, la Mesa llamó al Estado de Honduras a adoptar medidas urgentes para garantizar la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos y asegurar que puedan desarrollar su trabajo en un entorno seguro y libre de violencia e hizo un llamado a la comunidad internacional a realizar una labor exhaustiva de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado de Honduras y de solidaridad con las personas defensoras de derechos humanos.
Asesinatos contra periodistas
La Mesa de Derechos Humanos manifiesta también que dispone de información sobre el asesinato de al menos cuatro periodistas y un acumulado de al menos ochenta y uno (81) periodistas, comunicadores sociales, propietarios y empleados de medios de comunicación que han sido asesinados desde 2001, de los cuales el 90% permanece en la impunidad.
Los defensores advierten en la parte final del comunicado sobre la intensificación de la violencia política contra campesinos, indígenas, garífunas, líderes sociales, políticos y personas defensoras de derechos humanos y del ambiente. Dichos hechos, según los defensores contrastan con el anuncio del gobierno de otorgarle cuatro mil millones de lempiras a las Fuerzas Armadas para labores agrícolas, porque supone la concentración y desplazamiento de fuerzas militares al interior del país y devela la falta de voluntad política del gobierno para invertir en la erradicación de las verdaderas causas estructurales de los problemas en Honduras.
