Tegucigalpa. El Bufete Estudios Para la Dignidad denunció la militarización del cementerio de la comunidad de Azacualpa en La Unión, Copán, por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con el objetivo de asegurar exhumaciones pese a la resistencia de la comunidad.
Sumado a esto, el cementerio Maya-Chortí, de unos aproximados doscientos años de antigüedad, se beneficia de una orden de amparo por parte de la Corte Suprema de Justicia que ordena el cese de las exhumaciones en el cementerio de San Andrés.
Pese a esto, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán otorgó a finales de octubre una orden judicial para que con «carácter de urgencia» se ordene la exhumación, traslado e inhumación de los restos esqueléticos; argumentando una emergencia decretada en la zona por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
El abogado del Bufete Estudios Para la Dignidad, Pedro Mejía, dijo a Criterio.hn que las autoridades justifican la presencia de las fuerzas públicas en la resolución dictada por el juez Rafael Humberto Rivera Tabora, con el propósito de «acompañar el proceso de exhumaciones».
Para el bufete este accionar es alarmante por varios motivos, señaló Mejía. Entre ellos, que la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona tiene el propósito de «garantizar la vulneración de derechos fundamentales ya reconocidos por una sentencia de amparo emanada de la Corte Suprema de Justicia». Así como anular la resistencia de la comunidad que no desea la exhumación de los cuerpos de sus familiares.
Otro punto, manifestó Mejía es que históricamente frente a los procesos de luchas comunitarias, que resisten pese a actos de criminalización, se instalan procesos de violencia en la zona. Los cuales son ejecutados por las fuerzas públicas y en coordinación con seguridad privada de las empresas mineras y empresas transnacionales.
Este tema preocupa particularmente al Bufete Estudios para la Dignidad puesto que «desde nuestra perspectiva se estaría configurando un proceso similar al que ha sucedido en otras zonas del país», como la zona del Bajo Aguán e Intibucá por el proyecto hidroeléctrico Aguazarca.
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En donde frente a la resistencia de la comunidad a los abusos de empresas privadas, transnacionales, mineras e hidroeléctricas. Los grupos de poder económico y político instalan «un nivel de violencia alto que termina generando muerte en la zona», explicó Mejía.
«Nos preocupa que la presencia de las fuerzas militares en la zona sea el inicio de un proceso de violencia y muerte para la comunidad de Azacualpa, que se resiste y que con toda seguridad va a seguir resistiendo a que los restos de sus familiares sean exhumados», indicó el profesional del derecho.
Sumado a esto, Mejía mostró alarma por la situación en la que ninguna de las autoridades locales reconoce la identidad Maya-Chortí a los pobladores de la comunidad de Azacualpa, identidad que sí fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de amparo.
«Estos actos se configuran nuevamente como un ataque a la identidad indígena por parte del Estado -por parte de funcionarios- a estas personas que desde su perspectiva indígena reivindican y defienden su derecho a su cosmovisión y a decidir sobre sus territorios», concluyó el abogado del Bufete Estudios Para la Dignidad.
