Tegucigalpa. – El patronato de la comunidad Garífuna de Nueva Armenia, en el Caribe hondureño, denunció la impunidad con la que afirman esta revestida la Fundación Cayos Cochinos, tras el fallo de sobreseimiento provisional a favor de los empleados de la organización.
A los tres trabajadores –el biólogo Marcio Rafael Aronne López y los guarda recursos Elías Aguilar González y Luis Beltrán Gómez Gómez– se les supone responsables a título de autores directos del delito de explotación ilegal de recursos naturales en perjuicio del medio ambiente.
Mabel Robledo, presidenta del patronato de Nueva Armenia, se pronunció en contra del sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Letras del departamento de Islas de la Bahía, el 20 de mayo de este año.
Robledo, quien además funge como coordinadora del Comité de Defensa de Tierra, denunció: “en nuestro país no existe ley para aquellos que tienen el poder, pero sí existe la aplicación de la ley para aquellos de pies descalzos”.
De acuerdo con el requerimiento de la Fiscalía de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural, a los trabajadores de la Fundación Cayos Cochinos se les supone responsables de provocar un incendio en el Cayo Menor, donde se perdió 1.31 hectáreas de bosque, se eliminaron especies propias del sitio como el almendro y se cortó uva de playa, cuyo propósito es servir de barrera contra las olas del mar.
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La lideresa cuestionó que la organización supuestamente encargada de resguardar y proteger el archipiélago de Cayos Cochinos, sea la que destruya y violente su propio plan de manejo.
Además, refirió que el plan de manejo de la fundación es únicamente aplicado para “hostigar y violentar”, con apoyo de la Fuerza Naval de Honduras, a los Garífunas nativos de la zona.
FISCALÍA APELA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL ALEGANDO INCONGRUENCIAS
La Fiscalía de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural presentó un recurso de apelación en contra del sobreseimiento provisional dictado a miembros de la Fundación Cayos Cochinos.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público (MP) señaló que en la resolución del Juzgado en Roatán existen incongruencias.
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Entre estas aceptar la existencia del daño a 1.3 hectáreas, a la vez que señala que la destrucción no es significativa por la cantidad de hectáreas que abarca el lugar. Por lo que cuestionan, desde el MP, que, si toda la zona es un área protegida, el ámbito de dicho resguardo es total o existe una zona excluida.
El archipiélago de Cayos Cochinos fue declarado Monumento Natural Marino el 30 de julio de 2003, mediante la adopción del Decreto Legislativo No.114-2003, dejando su administración a cargo de la Fundación Cayos Cochinos, el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, y la municipalidad de Roatán.
Pese a la presencia de comunidades Garífunas en el archipiélago, el Estado no realizó una consulta previa, libre e informada para realizar dicha declaratoria. Posteriormente, les dejo fuera, nuevamente, de la elaboración de los planes de manejo del archipiélago a partir de 2004 a la actualidad, pese a que su alimentación depende de la pesca artesanal que realizan.
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En enero de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso sobre la afectación del derecho a la propiedad colectiva de la comunidad Garífuna de Cayos Cochinos.
En el informe de fondo No. 394/20, la CIDH “concluyó que a través de la declaración de parte del territorio de la Comunidad como área natural protegida y posteriormente como Monumento Natural Marino, así como de las restricciones a la pesca sin tener en cuenta las condiciones y prácticas tradicionales de subsistencia de la Comunidad, sumado a los impactos negativos de las actividades económicas turísticas en la zona y la realización de programas de televisión se generaron afectaciones en el uso y disfrute de la propiedad y recursos colectivos de la Comunidad Garífuna Cayos Cochinos”.
