Cejil subrayó que la denuncia se suma a muchas otras que forman parte de un plan sistemático de persecución contra operadores de justicia que han luchado por combatir la impunidad y la corrupción en Guatemala
Tegucigalpa.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) rechazó la criminalización contra la exfiscal general de Guatemala y actual directora del programa para Centroamérica y México, Claudia Paz y Paz, quien es acusada en su país por los “delitos de abuso de autoridad, tortura y usurpación de atribuciones”.
La causa es promovida por la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta refiere que la emisión de una Instrucción General de Paz y Paz, cuando fungía como fiscal general de Guatemala, violó los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal.
Paz y Paz, junto a su equipo, investigaban casos de graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado y que involucran la desaparición forzada de personas. La acusación sostiene que lo indicado en la referida instrucción violó los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal.
La oficina que elevó la acusación afirmó que la instrucción dada por Paz y Paz encubría una supuesta persecución penal específica y colectiva contra un grupo de militares, lo que Cejil señaló que carece de fundamento.
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La Prensa Libre de Guatemala indicó que las instrucciones de Paz y Paz datan de 2011 y que el documento denunciante establece que supuestamente hubo una “persecución penal específica y selectiva en contra de Manuel Benedicto Lucas García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, así como Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruíz Morales y Juan Ovalle Salazar”.
El diario guatemalteco señaló que “la denuncia aduce que el delito por lo que se les señaló a los sindicados, delitos contra los deberes de la humanidad, entró en vigor en junio de 1996, mientras que los hechos por los que se les sindicó ocurrieron el 29 de enero y 15 de marzo de 1987, por lo que se simuló delitos que no estaban tipificados al momento de que ocurrieron los supuestos hechos”.
Cejil subrayó que “la mencionada acusación refleja un absoluto desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Con la emisión de la instrucción, la doctora Paz y Paz únicamente implementó las obligaciones que se derivan de los tratados de los cuales Guatemala es parte e hizo cumplir su deber para acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en ejercicio del control de convencionalidad”.
Haciendo hincapié que la Corte-IDH ha expresado en reiteradas ocasiones que la desaparición forzada es un delito de ejecución permanente que se prolonga en el tiempo hasta que se determine el paradero de la persona desaparecida.
“Por consiguiente, al entrar en vigor el tipo penal de desaparición forzada de personas, la nueva ley resulta aplicable por mantenerse en ejecución la conducta delictiva, sin que ello represente su aplicación retroactiva”, apuntó el Cejil.
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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional destacó que la denuncia contra Paz y Paz se suma a muchas otras que forman parte de un plan sistemático de persecución que se ha recrudecido desde 2019 y cuyo objetivo es criminalizar a operadores de justicia que han luchado para combatir la impunidad y la corrupción en Guatemala.
Un contexto de persecución y criminalización que ha sido denunciado por organizaciones de la sociedad civil y reconocido por organismos internacionales de protección de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Cejil exigió la desestimación inmediata de esta denuncia, argumentando que la misma carece de fundamento y cuyo objetivo, afirmaron, no es otro que continuar obstaculizando la búsqueda de verdad y justicia.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos destacó el largo recorrido de Paz y Paz en la defensa de los DD. HH. y la lucha contra la impunidad. Destacando que durante su mandato como fiscal general de Guatemala se produjeron sustanciales avances en materia de afrontamiento de la impunidad, logrando entre otros, el enjuiciamiento de violadores de los derechos humanos en el marco del conflicto armado en el país, entre ellos al exjefe de estado Efraín Ríos Montt, y a los autores de la masacre de Dos Erres.
