Tegucigalpa.- La Coalición Contra la Impunidad (CCI) denunció este lunes acciones de hostigamiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) contra defensores del territorio en el Bajo Aguán, departamento de Colón, en la zona norte de Honduras.
Según la Coalición, la ATIC y la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán “sostienen permanentemente acciones de hostigamiento en contra de los defensores de derechos humanos desarrollando supuestas diligencias investigativas” en relación con el asesinato del líder paramilitar Santos Marcelo Torres, que aprovechan para decomisar teléfonos y hacer interrogatorios sin las respectivas órdenes judiciales.
Así mismo, la CCI denunció que el caso de Torres presenta “avances”, no así el asesinato reciente del defensor Juan Moncada, ocurrido el 6 de julio en un centro comercial de Tocoa, así como otros crímenes suscitados “en el marco del actual contexto de violencia”.
Además, según la Coalición, la ATIC también estaría utilizando sobornos “para asegurar que personas sirvan como testigos protegidos a fin de presentar y sostener acusaciones en contra de los defensores Jaime Cabrera e Hipólito Rivas”, líderes de la empresa asociativa Campesina Gregorio Chávez, “como instrumento para criminalizar la lucha en la defensa de la tierra”.
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Cabrera y Rivas son beneficiados con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Protección.
“Todas estas acciones que criminalizan la lucha por la tierra en el Aguán se enmarcan en la ola de violencia desatadas en las últimas semanas en la región”, señala la Coalición, que denunció también que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha hecho comunicados públicos en los que estigmatiza y acusa “falsamente” las luchas en la zona como parte de “una clara estrategia de criminalización de la población campesina que lucha por la recuperación de sus tierras”.
La CCI se suma a la demanda de la Plataforma Agraria para exigir al Estado de Honduras la captura “a la brevedad posible a los miembros de los grupos paramilitares denunciados ante el Fiscal de la República, el 25 de junio de 2019”. Y que la ATIC, UMVIBA, y el Ministerio Público “muestren la misma diligencia y prontitud que en los casos que criminalizan las luchas del sector campesino” en el Bajo Aguán.
Así mismo, exigen a la ATIC “una investigación transparente, beligerantes y efectiva” que lleve a la captura de los responsables en los hechos de violencia en la comunidad de Panamá, Trujillo.
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También, pidieron al Mecanismo Nacional de Protección medidas urgentes para salvaguardar la vida e integridad física de Jaime Cabrera e Hipólito Rivas y lo responsabilizan “de cualquier hecho que se derive de su ausencia de respuesta o ineficiencia de esta”.
Pidieron también a organismos como la CIDH, OACNUH y organizaciones de sociedad civil “mantenerse vigilantes del proceso de investigación encabezado por la ATIC, UMVIBA y MP, en los esfuerzos por emprender acciones encaminadas a salvaguardar la vida de los defensores”.
