Tegucigalpa. – Personas defensoras del ambiente y el agua de Tocoa, Colón, denunciaron a cuatro funcionarias judiciales, quienes negaron la acción de amparo en contra de la convocatoria a un nuevo cabildo abierto para la “socialización y aprobación” del controvertido proyecto termoeléctrico Ecotek.
Ubicado a escasos metros del río Guapinol, el proyecto energético a base de coque de petróleo forma parte del cuarto componente del megaproyecto minero del Grupo Emco Holding. A partir de mediados del segundo semestre de 2023 fue cabildeado por el oficialismo como una solución a la problemática energética en el municipio, sin tomar en cuenta la contaminación que produciría en la zona.
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La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento a Servidores del Sector Justicia, en el edificio del Ministerio Público, ubicado en Las Lomas del Guifarro, Tegucigalpa.
En la denuncia se acusa a la jueza de Tocoa, Zoé Guifarro, y las magistradas de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Vianey Cruz Recarte, Ibeth Albertina Benítez Erazo y Dilia Irasema Guillén Sánchez, por los supuestos delitos de prevaricato judicial y denegación de justicia.
Las personas Integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa especificaron mediante un comunicado que las funcionarias judiciales denegaron el amparo a las comunidades “a sabiendas de la vulneración de derechos fundamentales de consulta, participación y petición; así como el derecho a un ambiente sano y derecho al agua de la población”.
Agregando: “Las comunidades ya se pronunciaron en rechazo a la planta termoeléctrica y peletizadora de óxido de hierro y demás componentes del megaproyecto Pinares-Ecotek del Grupo Emco en el Parque Nacional Carlos Escaleras y comunidades gravemente amenazadas”.
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DENUNCIAN QUE RESOLUCIÓN JUDICIAL PRIORIZA INTERESES CORPORATIVOS
La defensora Adilia Castro, ahondó que la resolución del Juzgado de Tocoa y la Corte de Apelaciones de La Ceiba niegan la petición de que se reconozcan los resultados de la asamblea popular que se desarrolló el 9 de diciembre de 2023, tras la cancelación a último minuto del cabildo abierto por parte del alcalde Adán Funez.
Castro señaló que fue durante esa asamblea en la que los pobladores ratificaron por cuarta vez que no quieren proyectos termoeléctricos, ni plantas de peletizado ni minería en el municipio de Tocoa.
En cambio, ahora nuevamente, se enfrentan a un cabildo abierto, pero esta vez con la participación únicamente de las comunidades que seleccionen, con el objetivo de favorecer los intereses económicos del Grupo Emco Holding.
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Raúl Ramírez, poblador del asentamiento campesino La Lempira, explicó a Criterio que su comunidad se encuentra ubicada a inmediaciones de donde se instalaría la planta termoeléctrica.
Señaló que se trata de “un proyecto contaminante que afectará [la calidad] del aire, afectando directamente a la niñez y adultos mayores. Además de perjudicar a nuestra comunidad –conformada por más de 93 familias, aproximadamente 500 personas–, también afectará a las comunidades de Guapinol, Ceibita, Cayo Campo y la ciudad de Tocoa”.
Con relación a la determinación de la Corporación Municipal de realizar este cabildo únicamente con la participación de “las comunidades de influencia”, José Olayo Méndez, residente de la comunidad de Meangul, Sector San Pedro, advirtió que “desde el gobierno municipal se quiere tomar una decisión con unos pocos presidentes de patronato, cuando es una decisión de un municipio”.
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