Tegucigalpa.- La Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el exalcalde de la capital hondureña, Nasry Juan Asfura Zablah.
La organización acusa al exedil capitalino por la supuesta comisión de los delitos de usurpación de funciones, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.
El coordinador de ARCAH, Christopher Castillo, refirió a Criterio.hn que estas acciones habrían ocurrido en el marco de la privatización del agua en la capital hondureña, con la contratación de la transnacional Hidalgo e Hidalgo para la construcción de las represas en los ríos San José y Jacaleapa en la zona oeste del Distrito Central, y el río Jiniguare en el municipio de Ojojona.
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DENUNCIAN AFECTACIONES EN DD HH DE PROYECTOS HÍDRICOS
Castillo manifestó que la construcción de ambas represas tiene graves afectaciones en materia de derechos humanos. Señaló que en el caso de Jiniguare, el desplazamiento forzado por la construcción de dicha represa corresponde a más de 300 personas de una comunidad indígena lenca en Ojojona, Francisco Morazán.
Mientras que en el caso de la represa San José-Jacaleapa, Castillo refirió, que la población estaría pagando la obra mediante el incremento de impuestos municipales y el cobro del agua que almacene la represa, pese a que el liquido es un recurso del Estado y no de una transnacional.
El coordinador de ARCAH apuntó que el proceso de licitación pública nacional fue un proceso amañado, donde la organización observó relaciones directas entre la transnacional Hidalgo e Hidalgo con Asfura Zablah, bajo un marco de impunidad y corrupción que permitió la continuación de los tramites y la contratación, pese a que previamente la organización había denunciado las acciones en la primera contratación a dicha empresa.
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Castillo afirmó que presentan esta denuncia “no con la esperanza de que el Ministerio Público tome riendas en el asunto concretamente, aunque si es la demanda, sino ir generando los insumos necesarios para la presentación de una denuncia formal ante la Comisión Internacional Contra la Impunidad, que se estaría instalando a inicios del 2023”.
En cuanto a la comunidad lenca de Jiniguare, el representante de ARCAH expuso que quienes promueven los proyectos ya llegaron a esta zona a instalar las primeras obras de ingeniería, incluso irrumpiendo en el derecho territorial de la comunidad.
“Han dado un discurso que aunque la comunidad se oponga van a construir la represa y que no solamente van a ser las familias cercanas a las cortinas, sino toda la zona que se declara como zona inundable, estarían perdiendo sus tierras”, dijo.
A inicios de agosto, el alcalde capitalino por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, anunció a medios de comunicación que antes de que finalizara el año se iniciaría la construcción de la represa de Jiniguare y que San José ya mostraba avances, en respuesta a la problemática de escasez de agua que enfrenta la capital en temporada seca.
EL LEGADO DE ASFURA EN LA CAPITAL
El exedil y excandidato a la presidencia de Honduras por el Partido Nacional, Nasry Asfura, dejó a su paso una estela de cuestionamientos en procesos de licitaciones, tala de árboles a lo largo de los bulevares, aceras y áreas verdes de la capital hondureña, e incluso una mención por tráfico de influencias en Costa Rica, entre otros.
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En 2021, tres días antes de las elecciones generales, Criterio.hn publicó un perfil periodístico titulado: “Los mecanismos de blanqueo de activos de Nasry Asfura, el alcalde que va tras la silla presidencial”. En este artículo se relacionó a Asfura con 10 sociedades mercantiles, de las cuales seis tenían contratos con el Estado.
En febrero del mismo año, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó la solicitud de antejuicio contra Asfura y la regidora Nilvia Castillo, acusados por los delitos de malversación de caudales públicos, uso de documentos falsos, violación de los deberes de los funcionarios, lavado de activos y fraude, en torno al desvío de 28 millones de lempiras de las arcas municipales, los que habrían utilizado en beneficio personal y de terceros.
No obstante, en junio, la Sala de lo Penal, declaró sin lugar el antejuicio contra el exalcalde y entonces presidenciable nacionalista Nasry Asfura, por considerar que primero deberá existir una auditoría por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en torno al manejo de fondos que se cuestionan en la acusación penal.
