Tegucigalpa. – A cuatro y dos años de las lecturas de las sentencias contra los autores materiales y el coautor, respectivamente, en el asesinato de la lideresa lenca, Berta Cáceres, la Sala de lo Penal sigue retrasando el proceso.
La Red Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) presentó este lunes, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una carta urgiendo a una resolución urgente en el caso.
En la misiva señalan que el retraso en la resolución de los recursos de casación pendientes ante la Sala de lo Penal de la CSJ, genera preocupación por la demora de los procesos judiciales.
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En el caso de los autores materiales Mariano Díaz y Douglas Bustillo, Sergio Ramón Rodríguez, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte, sus sentencias condenatorias fueron emitidas el 2 de diciembre de 2019. Mientras que el fallo condenatorio contra Roberto David Castillo, en grado de coautoría fue leída el 20 de junio de 2022.
Roberto David Castillo, fungía como presidente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), empresa a cargo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, que pretendía instalarse fraudulentamente en territorio del pueblo Lenca de Intibucá.
En la carta, la Red-DESC expone que la ausencia de una pronta resolución de los casos no afecta únicamente los derechos de las víctimas, sino también los derechos de los acusados.
“Instamos a la Honorable Sala a que aborde estos recursos con celeridad. Las acciones judiciales rápidas son esenciales para la justicia y reflejan el compromiso de Honduras de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, lee un fragmento de la carta.
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Ana Elisa Samayoa, abogada experta en derechos humanos e integrante de la Fundación para el Debido Proceso, señaló que una justicia efectiva es rápida y eficaz.
“Un retardo de tantos años, como lo ha tenido la resolución de estos recursos, pues definitivamente deviene en que la justicia no esté siendo ni rápida ni eficaz. Y como lo decía la misma carta de la Red-DESC, no solamente para las víctimas de este caso, sino también para los propios acusados y procesados quienes no tienen certeza de su situación jurídica”, comentó.
Samayoa participó en una conferencia de prensa organizada frente a la CSJ por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), previo a la entrega de la carta dirigida a la presidenta de la CSJ, magistrada Rebeca Ráquel Obando, y los magistrados Mario Díaz Flores, Walter Miranda Sabio y Nelson Mairena Franco de la Sala de lo Penal.
La abogada remarcó que “los Estados […] tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones a derechos humanos con la debida diligencia y en un plazo razonable como lo establecen los estándares internacionales”.
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Por su parte, el abogado Wyatt Gjullin, en representación de EarthRights International (ERI), reiteró que este proceso es “sumamente importante a nivel regional y queremos instar a la Corte Suprema que finalice este caso de Berta Cáceres con celeridad y rapidez para hacer justicia”.
La lideresa Lenca Berta Cáceres, cofundadora del Copinh fue asesinada en su residencia en La Esperanza, Intibucá, la madrugada del 2 de marzo de 2016. Al momento de su asesinato, lideraba la oposición contra la instalación del proyecto hidroeléctrica Agua Zarca de la empresa DESA en el río Gualcarque, sagrado para el pueblo Lenca de la región.
A partir de las denuncias y evidencias presentadas por Cáceres ante el Ministerio Público –por irregularidades en la concesión del proyecto hidroeléctrico– se construyó la causa Fraude Sobre el Gualcarque.
El cuatro de marzo de 2019, la desaparecida Unidad Fiscal contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), con la colaboración de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), presentó un requerimiento fiscal inicial que involucró inicialmente a dieciséis personas. No obstante, diez de estos señalados fueron beneficiados con un amparo.
Roberto David Castillo, condenado en el grado de coautoría en el asesinato de Cáceres, también fue encontrado culpable en el caso Fraude sobre el Gualcarque el pasado 3 de mayo.
