Tegucigalpa.- Las personas defensoras del Parque Nacional Carlos Escaleras y los ríos Guapinol y sector San Pedro presentaron el segundo tomo de pruebas sobre ilegalidades y daños ambientales causados por el megaproyecto minero instalado en la reserva natural.
Este es el segundo expediente que entregan las comunidades ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), luego que esta institución virtió la carga de prueba sobre la ciudadanía para probar que las operaciones mineras en el parque nacional son realizadas al margen de la ley.
El 6 de febrero las comunidades se trasladaron desde el norte de Honduras hasta la capital, ubicada en la zona central, para entregar el primer legajo de documentación probatoria de las irregularidades correspondientes a la planta peletizadora de óxido de hierro de Inversiones Ecotek del Grupo Emco Holding.
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Ayer, jueves 23 de febrero, se presentaron las pruebas correspondientes al proyecto minero ASP1 de Inversiones Los Pinares, siempre del Grupo Emco Holding, que es presidido por el empresario Lenir Pérez y al cual está concesionado el Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua.
CINCO EXPEDIENTES, UN MEGAPROYECTO MINERO EN UN PARQUE NACIONAL
La abogada Rita Romero, representante legal del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMBCPT), explicó que en total se tratan de cinco expedientes que fueron fragmentados, pero en realidad conforman un solo megaproyecto minero asentado en un área protegida.
“Lamentablemente ya habiendo acreditado todas las ilegalidades, dictámenes técnicos institucionales establecen que este megaproyecto está condado en prácticas fraudulentas, en manipulación de la información legal para favorecer al inversionista, hasta las omisiones de quienes deben hacer los monitoreos y los controles del funcionamiento de estos proyectos. Sin embargo, han requerido a las comunidades para que presenten pruebas”, manifestó Romero a un medio televisivo del departamento de Colón.
La profesional del derecho explicó que la documentación presentada el jueves refiere a los elementos probatorios de las ilegalidades y falencias técnicas con las que inició la planta peletizadora que procesa el hierro que se extrae de la zona protegida. Mientras que a inicios de febrero se presentaron las ilegalidades y falencias técnicas del componente extractivo ASP1.
Romero diferenció que al hablar de ASP1 se está refiriendo a uno de dos expedientes que Serna aún mantiene separados relativo a los dos componentes extractivos de Inversiones Los Pinares —ASP 1 y ASP 2, pero que conforman junto a la planta peletizadora y otros, un solo megaproyecto—, el primero de los cuales corresponden a 100 hectáreas en las que se está extrayendo óxido de hierro.
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A ASP1 “se le renovó una licencia ambiental quebrando todo el procedimiento administrativo y poniendo a las comunidades en inequidad, porque se renovó sin notificarle a quienes habían presentado una oposición. Cuando el Comité se dio cuenta, ya la licencia estaba renovada por cinco años más, autorizando a la empresa para que siguiera extrayendo todo el jugo de esa zona protegida hasta el año 2025”, contó la abogada.
La ampliación por cinco años del componente extractivo ASP1 ocurrió en 2019, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos tras ser acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de delitos relacionados al tráfico de drogas.
Las acciones de Serna, en ese momento, les permitió ver la inequidad procesal y el quebrantamiento de las normas legales mediante las que se realizó la renovación. Finalmente, Serna “se vio obligado a notificarnos legalmente de lo que había hecho para podernos abrir la puerta a que presentáramos nuestras impugnaciones y ahora [bajo la titularidad de Lucky Medina] nos está pidiendo pruebas, que es lo que hemos traído”, señaló.
COMUNIDADES EXIGEN CANCELACIÓN DE LICENCIAS
Sobre las expectativas del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, y las organizaciones que agrupa, Romero apuntó que esta refiere a la cancelación del proyecto minero puesto que desde el año pasado hay dictámenes institucionales que sustentan la explotación ilegal, las falencias técnicas que ponen en riesgo el ambiente y la vida de las comunidades.
Romero aplaudió la valentía de los pobladores de las comunidades de Tocoa al levantar informes que contraponen la narrativa de los documentos realizados por las empresas mineras y la institucionalidad.
“Las comunidades han sido valientes y han puesto ahí las evidencias, evidencias que realmente muy vergonzosamente debió haber metido tanto Inhgeomin (Instituto Hondureño de Geología y Minas) como la Dirección de Control Ambiental hace mucho tiempo”, indicó.
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El sábado 7 de enero, un mes antes que las comunidades presentarán el primer legajo de documentos en relación a las ilegalidades del componente siderúrgico de Inversiones Ecotek, fueron asesinados Aly Domínguez y Jairo Bonilla, dos defensores de Guapinol, cuando transitaban por la aldea La Concepción en Tocoa, Colón.
Desde este doble homicidio, el Comité informó que el área entre Guapinol y la aldea La Concepción es una zona sensible. Además, el martes 21 de febrero denunciaron el avistamiento de dos drones sobre la comunidad de Guapinol, específicamente sobre las casas de las personas defensoras Reynaldo Domínguez, hermano de Alí Domínguez, y Juana Zúniga, entre otras familias en riesgo.
