Tegucigalpa.- El juez natural Edwin Francisco Ortez Cruz admitió apelación presentada por los abogados defensores de Juan Orlando Hernández, en la cual solicitan se revise la medida de detención provisional contra el expresidente de Honduras acusado por Estados Unidos por tres delitos relacionados al tráfico de drogas y armas.
La información fue compartida por el Poder Judicial a través de sus redes sociales. En la publicación señalaron que dicho recurso deberá ser resuelto por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que funge como Tribunal de Alzada.
Juez de Extradición de Primera Instancia admitió escrito de apelación presentada por defensa de Juan Orlando Hernández, dicho recurso debe ser resuelto por el Pleno de la #CSJ que funge como Tribunal de Alzada. pic.twitter.com/qnmRpnBfCC
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) February 21, 2022
Tras su detención, la mañana-tarde del martes, 15 de febrero, Juan Orlando Hernández ha permanecido bajo detención provisional con fines de extradición en el Comando de Operaciones Especiales Cobra, medida que fue dictada por el juez natural que conoce el caso Edwin Ortez Cruz.
nota relacionada: Juan Orlando Hernández, perjudicado por su propio ardid constitucional a favor de la extradición en Honduras
Desde entonces, la exprimera dama, Ana García Carías, junto al conservador Partido Nacional han enfocado sus esfuerzos en victimizar la situación de Juan Orlando Hernández. Lo que a criterio del director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) en Honduras, Ismael Moreno se trata de una campaña de chantaje y manipulación de los sentimientos de los hondureños.
De hecho, García Carías visitó hoy las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) donde expresó que la dignidad y el estado de inocencia de su esposo Juan Orlando Hernández fue violada por el Estado de Honduras, debido al acordonamiento de su casa de habitación en la exclusiva colonia Palmeras de San Ignacio, en la capital de Honduras.
Después de la captura del expresidente Hernández, instituciones del gobierno hondureño aseguran que se han respetado los protocolos establecidos para la captura de personas acusadas por delitos vinculados a la narcoactividad y son solicitados en extradición.
El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, notificó que los abogados del exmandatario interpusieron el recurso contra la medida de detención provisional dictada el 16 de febrero durante la audiencia de información por considerar que se vulneró su seguridad física y mental.
En contraste, en el Centro Penal de Olanchito en el departamento de Yoro, guardan prisión preventiva desde hace 29 meses, seis de los ocho defensores de Guapinol, quienes siguen sometidos bajo prisión arbitraria pese a que la Sala de lo Constitucional declaró ilegal su prisión preventiva y su proceso judicial.
Lea también: Poder Judicial mantiene secuestro contra defensores de Guapinol
El vocero del Poder Judicial indicó que el recurso que busca favorecer al expresidente «fue admitido en un solo efecto, es decir que se continuarán los trámites con la solicitud de extradición que realizara el gobierno de los Estados Unidos».
El juez natural, o de extradición como también es conocido, notificó a la defensa del exmandatario Hernández «para que en el plazo siguiente de las 24 horas se apersone ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia con su debido escrito», declaró Silva.
La audiencia de presentación y evacuación de pruebas contra el expresidente hondureño tendrá lugar dentro de un mes, el próximo 16 de marzo, miércoles. Mientras que su audiencia de información en el proceso de extradición fue realizada el miércoles, 16 de febrero.
De acuerdo con la carta filtrada, en la cual la Embajada de Estados Unidos solicitó a la Cancillería de Honduras la detención provisional con fines de extradición del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández estaría involucrado en delitos conexos al narcotráfico desde al menos el 2004.
Popularmente conocido como JOH, hoy enfrenta una posible extradición por considerarlo responsable de tres cargos relacionados a delitos de narcotráfico y armas de fuego. La mayoría de estas acciones criminales habrían ocurrido mientras fungió por cuatro años como presidente del Poder Legislativo y posteriormente ocho años como presidente del Poder Ejecutivo.
