Foto portada: Casa Presidencial
Tegucigalpa. – Los decretos de emergencia en Honduras con su respectivo “agregado de compras directas”, tienen un largo legado de opacidad y corrupción que se resiste a desaparecer.
Honduras vive en permanente estado de emergencia, lo que da paso a que se utilice el mecanismo de adquisición directa como una medida para dar celeridad a las compras y construcciones urgentes. El problema es que este mismo mecanismo es utilizado para mercar de forma no siempre honrada con las necesidades de la población.
El 24 de septiembre de este año, se publicó en La Gaceta el decreto ejecutivo PCM-24-2022, mediante el cual la presidenta Xiomara Castro declaró estado de emergencia por un periodo de noventa días, de cara a la temporada ciclónica, con la respectiva autorización para la realización de “las contrataciones directas de obras, bienes, y servicios necesarios para atender la presente emergencia”.
El decreto de emergencia no especifica la existencia de un monto máximo dirigido a las contrataciones directas, y de momento lo que se conoce desde las redes sociales es que se han dirigido fondos a obras de mitigación en el Valle de Sula y la distribución de la “caja de la esperanza” con productos de la canasta básica en las zonas afectadas por la tormenta Julia.
Adicional a los aportes antes indicados, la titular de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, anunció ayer por la noche el adelantó de las transferencias municipales por un monto de 744.5 millones de lempiras a 153 municipalidades.
Si bien no se puede afirmar que en esta ocasión el decreto y los fondos desembolsados desde la Secretaría de Finanzas, para las alcaldías, están siendo usado para enriquecer a unos cuantos elegidos, el pasado reciente nos dice que las compras y contrataciones directas deben ser monitoreadas con lupa para no repetir los abusos y actos de corrupción registrados en los últimos años.
LOS DECRETOS DE EMERGENCIA DE JOH
El extraditado expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, mantuvo un decreto de emergencia por un año, nueve meses y 18 días, a lo largo de los cuales se realizaron y destaparon una serie de escandalosos actos de corrupción que incluyen, entre otros más, el caso emblemático de la compra de los llamados hospitales móviles.
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El PCM-005-2020 fue publicado en La Gaceta el 10 de febrero de 2020, un mes y seis días antes de que se reportara el primer caso de covid-19. Esto resultó en que, para marzo, Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) pagó USD 47.8 millones (L.1,200 millones) por la compra de siete hospitales móviles a una empresa en Turquía. La compra se efectuó a través de la empresa intermediaria Elmed Medical Systems, del inversionista Axel López.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) estableció que el valor real de mercado de los hospitales móviles corresponde a un 31% del monto pagado, es decir, USD 14,925,314.47. De esto se entiende que alguien o varios, entre contratistas y funcionarios, se beneficiaron con el 69% restante del dinero que fue saqueado de las arcas del Estado.
Posteriormente, tras el paso de las tormentas Eta y Iota, pese al escándalo de los nosocomios, Hernández nuevamente confió en Invest-H para la contratación de las principales constructoras encargadas de las obras de instalación de los hospitales móviles, para realizar las obras de reparación a la infraestructura dañada por las tormentas tropicales. Esto fue revelado mediante una investigación publicada por Criterio.hn titulada: “Empresas constructoras de hospitales móviles, también beneficiadas tras Eta y Iota”.
Todas estas contrataciones se realizaron bajo la sombrilla de los decretos de emergencia y en el caso de la rehabilitación de la infraestructura dañada por Eta y Iota se destinaron 139 millones de lempiras. No obstante, de acuerdo a estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) apenas se reconstruyó un 7.5% de los daños a la infraestructura vial.
¿DECRETOS DE EMERGENCIA SE PRESTAN A CORRUPCIÓN?
Una fuente ligada al sector de la construcción, que prefirió el anonimato, señaló a Criterio.hn que lastimosamente la memoria es corta, pero históricamente los decretos de emergencia han sido usados para “hacer barbaridades”, en lo que respecta a la repartición de contratos sobrevalorados.
“La emergencia tiene un tinte diferente, no es solamente atender emergencias, sino que es aprobar cosas que de otra forma no se aprueban, así como las reuniones de medianoche de los diputados”, comentó.
En cuanto a si los decretos de emergencia se prestan a la corrupción, declaró que sí pero no solamente en el rubro de la construcción, no obstante, es donde más se nota porque es donde se realizan las inversiones más grandes.
“Siempre la mirada se dirige hacia otras cosas que tal vez pueden ser menos importantes, pero son más lucrativas para el corrupto y los fondos de emergencia se han usado, no siempre, voy a decir, o no por todo el mundo, pero se ha usado para tomar decisiones que al final no todas pueden ser justificadas o no todas pueden ser liquidadas de manera ordenada y correcta”, declaró.
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Sumado a esto, apuntó que existe una mecánica gubernamental de dejar para después la reparación de la infraestructura vial y que, si bien el dinero sí se usa, no se puede asegurar que se utiliza de manera correcta porque Honduras no es el país organizado y programado que pudo haber llegado a ser.
En relación a esto, indicó que hay una costumbre a improvisar y esto ha sido un problema arrastrado por todos los gobiernos, por lo que considera que como ciudadanía es necesario que se conozca y socialice el plan de gobierno para que haya una presión y un compromiso de cumplirlo.
En cuanto a restaurar bordos en medio de la temporada de lluvias manifestó que equivale a cuando las personas con una carretilla y pala, llenan de tierra los baches. “Lo que sucede es que es la única forma en que ellos pueden garantizar seguir viviendo de eso”, señaló.
