Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – El tema de la extradición de Hernández estaría consumándose esta semana han destacado diversos analistas y especialistas en temas jurídicos, y apuntan que ya no hay razón para dar más largas y, aunque el recurso de amparo debe ser estudiado, también se debe revisar que no tenga el propósito de perjudicar el erario.
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Así lo dejó entrever el abogado penalista, Raúl Suazo, al apuntar que la entrega de un recurso de amparo por parte de la defensa de Juan Orlando Hernández ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es una forma de ganar tiempo o, en su momento, determinar las actuaciones para demandar al Estado por supuesta violación a derechos humanos y garantías constitucionales del extraditable.
El auto acordado se refiere en cuanto al tema de la extradición que, luego de la resolución final del tribunal, no cabrá recurso alguno. Aunque se le debe dar el trato correspondiente al recurso de amparo, eso no significa que será admisible por la Corte.
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Es preciso mencionar que, los amparos se interponen cuando se establece que hubo violaciones a las garantías constitucionales o tratados internacionales, siendo un documento con una intención delicada, por tal razón, se le debe hacer un análisis de admisibilidad, tal como lo menciona la Ley sobre Justicia Constitucional.
Este recurso puede ser inadmitido cuando se alegan acciones de mera legalidad o cuando al examinar los antecedentes se constate de manera manifiesta que la acción tiene como propósito la dilación del proceso.
El alegato sobre violación a los derechos humanos y otros argumentos no son nada nuevo, es la continuación de la misma campaña que ha mantenido la familia y personajes afines a Hernández desde que inició el proceso de extradición.
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Para muchos analistas y sectores del país, aunque se esté prorrogando a como dé lugar, la extradición es un hecho que tarde o temprano se consumará con la salida de Hernández del país rumbo a Estados Unidos, donde lo espera la solicitante Corte del Distrito Sur de New York.
El 28 de marzo, después de la ratificación de la orden de extradición por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CS), múltiples posturas coinciden que en pocos días se debería culminar con este proceso que se ha arrastrado desde el 16 de febrero, día de la primera audiencia de Hernández.
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Javier García, también penalista, consideró que el extitular del Poder Ejecutivo no debería permanecer en Honduras más de cinco días en Honduras, siendo ese el tiempo prudencial para evitar más retrasos.
Además, mencionó que lo curioso acerca del proceso de Hernández, es que se desarrolló con todas las características de un juicio cuando se supone que debe ser solo de carácter administrativo.
“En casos anteriores, una vez que se concedían las peticiones de extradición, se tardaban solo entre 48 a 72 horas en hacer el intercambio”, destacó el togado.
En este caso, la presión ha sido evidente, tomando en cuenta la presión que existe, pues han llegado varios enviados especiales a Honduras desde enero, y todos se han referido al tema del fortalecimiento del débil sistema judicial del país y el problema del narcotráfico.
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García apuntó que el proceso ya debe culminarse, pues la extradición de Hernández se ha desarrollado bajo el respeto y las normas internacionales de la diplomacia.
