Conadeh advierte que, de no tomarse las medidas pertinentes la posibilidad de repetición de hechos, revictimización de las víctimas y la agudización de la crisis a causa de la inobservancia de las normas internacionales de derechos humanos en la ejecución de desalojos, toma más fuerza
Tegucigalpa, Honduras. – La defensa del derecho a la tierra y los bienes comunes ha significado para los campesinos y campesinas una fuerte criminalización y violencia sistémica por parte de los entes armados del Estado, que se han incrementado luego de la creación Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, considerada como una amenaza para el movimiento campesino.
Ante esta situación el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), recordó al Estado de Honduras, la obligación de salvaguardar y preservar los derechos humanos de la ciudadanía con apego a las normas sobre uso de la fuerza y armas de fuego por parte de los entes de seguridad pública durante los desalojos.
El Conadeh advirtió a las diferentes instituciones de Estado, que tienen una relación directo con los conflictos que afectan de manera significativa los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida y acceso a la tierra, de algunos grupos de pobladores a nivel nacional como los campesinos y campesinas.
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PRINCIPALES DENUNCIAS
De acuerdo con el Conadeh, en lo que va de 2023 han registrado 21 denuncias sobre “inquietantes circunstancias” en desalojos de tierras donde la principal queja es el uso indebido de la fuerza y armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad estatales.
El Conadeh, hace especial énfasis en el desalojo en Sonaguera, Colón, nororiente de Honduras, contra familias y socios de la Empresa Asociativa Campesina de Isleta (EASI), ocurrido el 02 de octubre con un despliegue de al menos 800 agentes policiales y militares.
Como resultado de este desalojo violento –además de personas con lesiones graves—, días después Kevin Meza perdió la vida a causa de impactos de bala.
Actos cometidos que condenó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
Oacnudh, además instó al Ministerio Público a desarrollar una investigación pronta e imparcial de los hechos que incluya el Protocolo de Minnesota para la investigación de las muertes potencialmente ilícitas.
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ADVIERTEN REPETICIÓN DE LOS HECHOS
El Conadeh señaló que las medidas administrativas, legislativas y judiciales adoptadas a la fecha para prevenir violaciones a los derechos humanos y garantizar la no repetición de los hechos “no resultarían idóneas y suficientes para satisfacer todas las reglas internacionales en materia de desalojos”.
En ese sentido, advirtió que, de no tomarse las medidas pertinentes, existe la posibilidad de repetición de hechos, revictimización de las víctimas y la agudización de la crisis a causa de “la inobservancia de las normas internacionales de derechos humanos en la ejecución de desalojos.
Criterio.hn, lleva un registro sobre asesinatos en la región del Valle del Aguán, donde al menos diez personas ligadas a la defensa de la tierra, territorio y ambiente han sido asesinadas en los que va de 2023. Que corresponden a: Alí Domínguez y Jairo Bonilla; Omar Cruz Tomé y su suegro Andy Martínez Murillo; Santos Hipólito Rivas junto a su hijo adolescente Javier Rivas; Emerson Martínez, hijastro del vocero y representante de la organización campesina, Abraham León; José Gilberto Martínez Cardona; Óscar Oquelí Domínguez Ramos; y el secretario general de la Cooperativa Agropecuaria Campesina Tarros Limitada, José David Fortín.
Por su parte, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), registra 14 desalojos, 67 campesinos procesados, 7 heridos y 3 encarcelados –entre ellos una mujer—, sólo en 2023.
