Daniel Sibrián: el subordinado y cómplice de Óscar Chichilla que ahora controla el Ministerio Público 

Sibrián, en sus primeros meses de asumir el cargo de fiscal general adjunto, despidió a Julissa Villanueva, actual subsecretaria de Seguridad, de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, posiblemente por haber puesto en evidencia cómo el ente investigador se convirtió en cómplice del asesinato de una fiscal que investigaba los vínculos del narcotráfico con el entonces presidente Juan Orlando Hernández.

Tegucigalpa, Honduras.- Daniel Arturo Sibrián Bueso, el abogado que pasó de ser subordinado y cómplice del exfiscal general de la república Óscar Fernando Chinchilla, a literalmente llevar las riendas del Ministerio Público (MP), pese a que su periodo como fiscal adjunto terminó el 31 de agosto. Sin embargo, la ley lo faculta para ostentar la titularidad del ente investigador de manera momentánea, hasta que los diputados logren consensos para elegir a su sucesor, que tendría que haber sido juramentado el pasado uno de septiembre. 

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Conocer detalles de la vida personal y profesional de Sibrián no es tarea fácil, ya que ha sabido manejar un perfil bajo, pero en su fallida aspiración en convertirse en uno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), electos en febrero de este año, entregó su hoja de vida a la extinta Junta Nominadora, la cual, hasta la fecha, se mantiene subida en el portal web público de ese órgano colegiado. 

Según consta en su hoja de vida, tiene 49 años, es originario del municipio de La Esperanza, ubicado en el departamento de Intibucá, en el noroccidente de Honduras, pero vivió allí hasta los seis años, para después mudarse con su familia a Tegucigalpa. Está casado desde 1998 y ha procreado dos hijos.  

Egresó de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH) en el año 2000, como licenciado en derecho mercantil, en 2005, se convirtió en abogado y, un año antes de ser electo como fiscal adjunto, en 2017, culminó un máster en derecho público, en la universidad Jaén, de España, cuenta con más de 10 diplomados, el último lo sacó en 2022, en la misma universidad europea. 

Aunque terminó su licenciatura universitaria en el 2000, Sibrián desde varios años atrás ya comenzaba a dar sus primeros pasos en el campo del derecho, desde el 24 de mayo de 1994 comenzó a trabajar como escribiente en el Juzgado de Letras en Francisco Morazán, puesto en el que estuvo hasta el 17 de agosto de 1997, ya que pasó a ser relator uno en la misma institución pública.

Desde el 15 de febrero de 2009, hasta el 28 de febrero de 2014fue el secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Durante ese corto periodo fue subordinado de Óscar Chinchilla, ya que era el que encabezaba el grupo de magistrados que integraban dicha sala.

Algo que podría poner en evidencia que la relación de Sibrián y Chinchilla, para ese entonces ya estaba consolidada, fue que ambos permanecieron en sus cargos después de un golpe técnico a la Sala de lo Constitucional, el 12 de diciembre de 2012. Lo anterior ocurrió porque Chinchilla fue el único magistrado integrante de dicha Sala que votó en contra de la inconstitucionalidad de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) que, en junio de 2013, pasaron a llamarse Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). 

La decisión de Chinchilla que, hasta la fecha, es reprochada por un fuerte sector de la sociedad hondureña, bastó para que en 2014 lo eligieran como fiscal general de la república, con el apoyo y favor de uno de sus más grandes aleados: Juan Orlando Hernández, que en ese entonces era el presidente del Congreso Nacional y el orquestador del golpe técnico que sacó de sus cargos a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional por no apoyar sus ilegales iniciativas. 

Ese mismo año que Chinchilla fue juramentado como fiscal general (2014), Sibrián dejó de trabajar en la Corte Suprema de Justicia y fue nombrado como consultor del fiscal general, en palabras sencillas, continúo siendo el asistente y mano derecha de Chinchilla, posteriormente ocupó el puesto de jefe de división legal del Ministerio Público, cargo que dejó en 2018 para convertirse en fiscal general adjunto del Ministerio Público , en un proceso de elección que se vio manchado por los intereses políticos que primaban en aquél entonces en el Congreso Nacional, que era presidido por el diputado nacionalista Mauricio Oliva.

Sibrián, afín al Partido Liberal de Honduras, fue juramentado como fiscal adjunto del Ministerio Público el uno de septiembre de 2018 por Mauricio Oliva y el secretario Tomás Zambrano, que hoy es el jefe de la bancada nacionalista y uno de los líderes más acérrimos que encabeza la oposición al gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

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TROPIEZOS DE SIBRIÁN COMO FISCAL ADJUNTO

En su ejercicio como fiscal general adjunto, un cargo meramente administrativo, Daniel Arturo Sibrián, se ha visto envuelto en varias irregularidades como, por ejemplo, destituir a la directora de la Dirección de Medicina Forense, Julissa Villanueva por denunciar una serie de hechos y criminalizar a defensores territoriales que se manifestaron de manera pacífica, exigiendo que se respeten sus derechos.

El 12 de diciembre de 2018, el fiscal adjunto mandó una carta a la oficina de la directora de Medicina Forense del Ministerio Público Julissa Villanueva, en la que le notificó su despido, bajo el argumento de otorgarle una licencia para que se fuera a estudiar al exterior por más de un año y que el cargo no podía quedar vacío.

Villanueva, en aquél entonces, denunció que su despido llegó después de sacar a la luz las irregularidades encontradas en un dictamen forense realizado a una fiscal que fue encontrada sin vida el 11 de junio de 2018 en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras.

La fiscal encontrada sin vida fue Sherill Yubissa Hernández, pero el reporte oficial indicó que se habría suicidado por tener problemas económicos y amorosos, sin embargo, la investigación hecha por Villanueva determinó que la fiscal había sido asesinada, lo que desató un problema al interior de la Fiscalía que terminó destituirla.

“En el caso de la fiscal muerta sabemos que hay agentes que tienen mucho que decir, ¿por qué me tenían que destituir?, lo que pasa es que no les gusta que nadie les diga nada, yo creo que mi despido lo que viene a hacer es esa molestia que hemos denunciado, situaciones irregulares, yo ya había denunciado las intimidaciones a muerte”, dijo Villanueva a medios de comunicación una vez separada del cargo.

De acuerdo con una investigación del medio internacional Infobae, con base a un informe policial, los principales sospechosos del asesinato de la fiscal Sherill Yubissa Hernández Mencía, en su nivel de autoría intelectual, son el narco exalcalde Alexander “Chande” Ardón y Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández y quien fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua y 30 años de prisión por delitos de narcotráfico.

Sin embargo, el exfiscal general Óscar Chinchilla, tras ser notificado de la muerte de la fiscal Hernández, informó a la población que se trataba de un suicidio, versión que fue desmentida por Villanueva quien siempre manejó que se trató de un homicidio.

Hasta la fecha, ni Chinchilla ni Sibrián han dado la cara ante la población ante las acusaciones que pesan en su contra de ser cómplices del crimen de la fiscal y tampoco anunciaron una nueva línea de investigación para dar con los responsables de cometer el femicidio y que apunta a la autoría material de agentes de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), bajo la subordinación de su jefe, Ricardo Antonio Castro.

El martes 9 de agosto de 2023, 46 comunidades de los pueblos indígenas Lenca, Maya- Chortí, Pech, Tolupán y Tawahka se presentaron ante las instalaciones del Ministerio Público ubicado en la capital hondureña, para exigir respuestas o conocer las investigaciones que se estaban realizando en el caso de cinco jóvenes desaparecidos, el 18 de julio de 2020, en la comunidad de El Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida, pero no obtuvieron respuesta,más que ser criminalizados por las autoridades. 

El entonces fiscal general Chinchilla lo único que hizo fue cerrar las puertas de su despacho y Sibrián, en lugar de dar un mensaje alentador a los integrantes de los pueblos indígenas que se movilizaron hasta la capital, hizo todo lo contrario y pidió su desalojo a la Policía Nacional.

“Se hace un llamado a la Secretaría de Seguridad para resguardar nuestras instalaciones y la seguridad de nuestro personal y usuarios. Se invita a los nacionales y extranjeros responsables de la toma, solicitar informes requeridos de la autoridad investigativa responsable (DPI)”, escribió Sibrían en la red social X, antes llamada Twitter. 

“El orden de acceso y atención en el MP, como el de cualquier instalación pública se debe respetar. Ninguna de las personas que ingresaron por la fuerza (nacionales y extranjeros), estaban identificados como corresponde. Por lo demás, el caso citado está en DPI”, mencionó en otro post. 

Ese día el equipo de Criterio.hn constató que los integrantes de los pueblos indígenas no realizaron ningún tipo de acto violento en contra del edificio del Ministerio Público, tampoco contra su persona, lo que para muchos analistas fue considerado como un tema de criminalización, para evadir las respuestas que se les estaban solicitando.

Ante los métodos evasivos de resolver los conflictos de Sibrián, la representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Alice Shackelford recordó que los derechos de los indígenas son inviolables y las instituciones del Estado, en ese caso la Fiscalía, tenían que garantizar el cumplimiento.

“Llamo al Ministerio Público a asegurar el derecho de ser escuchados, atendiendo al Ofraneh y abriendo diálogo con base en sus preocupaciones y demandas”, escribió en redes sociales la integrante de la ONU.

Tres años han pasado desde que la noche del 18 de junio de 2020, Sneider Centeno, Suami Mejía, Gerardo Tróchez y Milton Martínez fueron sacados de manera violenta de sus viviendas en El Triunfo de la Cruz por sujetos uniformados con indumentaria de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC) y, hasta la fecha, el Estado ha hecho caso omiso del hecho violento y no ha dado respuesta de lo sucedido.

Para el abogado Víctor Fernández, uno de los fiscales que, en el 2008, encabezó la huelga de hambre en los bajos del Congreso Nacional, exigiendo a las autoridades de ese entonces desarchivar grandes casos de corrupción, opinó que los cinco años que estuvo Daniel Sibrián como fiscal adjunto con base el periodo consignado en la ley, fue un periodo de retroceso para la institución, ya que se encargó de promover la impunidad, perseguir fiscales que estuvieran en contra de sus intereses y no responder de manera positiva al llamado de los pueblos indígenas.

“Yo conozco ese precedente del abogado Sibrián (criminalizar pueblos vulnerables), pero no lo quisiera juzgar por hechos particulares (…) sabemos que a lo interno del Ministerio Público fue identificado por varios de los actores como una persona que forjó una serie de procedimientos irregulares que condujeron a perseguir a los fiscales”, mencionó Fernández en conversación con Criterio.hn.

De acuerdo con lo expuesto por Fernández, Sibrián abusó tanto de su poder que logró someter a la mayoría de fiscales para que no denunciaran las irregularidades que se estaban cometiendo en el interior de la institución.

“Esas cosas me parecen importantes para categorizar en una especie de comportamiento policíaco a lo interno del Ministerio Público que redunda justamente en la pérdida de ese valor central e independencia que deberían tener los fiscales”, apuntó.

Agregó que “cuando la gente se siente sometida, trasciende la disciplina necesaria que se ocupa, pues responden con acciones dóciles, temerosas y eso es lo que tenemos. Por eso yo no saludo la gestión de Chinchilla y Sibrián porque terminaron perpetuando el Ministerio Público”.

Fernández planteó que, por los antecedentes que han llegado a los tribunales estadounidenses, Chinchilla y Sibrián convirtieron la Fiscalía en una institución cómplice del crimen organizado y narcotráfico y, además, le quitaron la fortaleza e independencia que por mandato constitucional tiene, entregándoselo a las elites de la clase política y económica.

El artículo 232 de la Constitución de la República establece de manera literal que el Ministerio Público es un ente independiente de cualquier poder del Estado y debe mantenerse libre de toda injerencia política, pero Chinchilla y Sibrián hicieron lo contrario, desobedeciendo el mandato constitucional.

Muestra de lo anterior es que, en la acusación del narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, arrestado en marzo de 2020, en Miami, Estados Unidos, se lee cómo Juan Orlando Hernández, en 2013, le solicitó no preocuparse por ser investigado, ya que había colocado a Óscar Chinchilla para proteger las actividades del narcotráfico.

Además, otro caso, que podría evidenciar la injerencia que primó en el ente investigador, quizás por el lado de Sibrián, que es afín a los liberales, fue que al presidente del Partido Liberal Yani Rosenthal nunca se le abrió una línea de investigación por lavar dinero de narcotraficantes, pero en Estados Unidos fue condenado a 36 meses de cárcel por ese delito.

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SIBRIÁN DEBE SER INVESTIGADO POR EL PRÓXIMO TITULAR DEL MP

Para el abogado Joaquín Mejía, el nuevo reto del nuevo fiscal general adjunto, si responde a los intereses de la sociedad, no al de las elites políticas, será investigar a Chinchilla y Sibrián, por no abrir líneas de investigación contra políticos que han sido señalados y condenados en Estados Unidos por utilizar las instituciones del Estado para facilitar el tráfico de droga y darle poder al crimen organizado.

“Sibrián debe ser investigado, ese es uno de los primeros objetivos que debe traer el fiscal general, porque en estos últimos años el Ministerio Público ha sido un ente prestado para cometer diversas irregularidades y lo digo fundamentado en lo que se ha ventilado en las cortes de Estados Unidos”, dijo Mejía a Criterio.hn.

Hasta el momento una comisión integrada por varios diputados se está encargando de investigar tanto a Chinchilla como a Sibrián, por su manera irregular de llevar las riendas de la fiscalía en los últimos años. Los congresistas sostienen que ya han encontrado más de 10 casos en los que están envueltos ambos abogados.

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De igual manera, el exministro de Transparencia Edmundo Orellana, sostuvo que todos los funcionarios que estuvieron desde la administración presidencial de Juan Orlando Hernández están comprometidos con los delitos que se fraguaron en el periodo de ese gobierno de dictadura.

“Toda la institucionalidad de la época de Juan Orlando Hernández está comprometida, nadie puede decir que desconocía lo que ocurría, todos los que se desempeñaron en funciones públicas en esos períodos tienen una parte de responsabilidad, pero no sólo en el Ministerio Público, toda la institucionalidad está comprometida”, valoró Orellana.

Sin embargo, la bancada del Partido Liberal aduce que Sibrián, no ha cometido ningún acto ilegal por el cual debe ser investigado, por lo que, cualquier hecho irregular que la comisión de diputados saque a la luz, sería un escenario montado por el gobierno para comenzar una persecución política.

“Eso no es problema de Sibrián ni del Partido Liberal, esa comisión es ilegal y (Luis) Redondo no puede usurpar atribuirse poderes que no tiene. El abogado Sibrián desempeñó funciones literalmente administrativas, si son estudiosos de la ley, sabrán que él no tenía injerencia en las investigaciones que se presentaron en su período”, dijo el diputado Marlon Lara en conversaciones con Criterio.hn.

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EN MEDIO DE POSTURAS DIVIDIDAS LLEVA LAS RIENDAS DEL MP

Ante un rosario de opiniones divididas entre el oficialismo y la oposición, Daniel Arturo Sibrián, logró concretar lo que en el proceso de elección de 2018 no pudo: ser fiscal general de la república, no por los posibles méritos que pueda poseer, tampoco porque la sociedad se lo pidió, sino porque la ley establece que, ante la falta de nuevas autoridades, las anteriores deben mantenerse en sus cargos hasta que el Congreso escoja a sus sustitutos.

En este caso, ante la falta de un fiscal general adjunto, ya que Óscar Fernando Chinchilla salió del país hace varias semanas rumbo a Nicaragua para asumir su función de magistrado en la Corte Centroamericana de Justicia y posiblemente refugiarse en este país como otros funcionarios salpicados por corrupción de la administración de Juan Orlando Hernández, el segundo al mando de la fiscalía, tiene la obligación por ley de tomar las riendas del ente investigador de manera momentánea, extremo que el gobierno de Xiomara Castro no está apoyando.

Lo anterior sucede porque el proceso de elección de las nuevas autoridades de la Fiscalía se mantiene entrampado entre las bancadas de oposición y la oficialista, ya que, desde hace mes y medio, no han logrado lograr consensos para escoger una de las mociones nominativas presentadas ante el pleno.

La moción nominativa presentada por la bancada oficialista Libertad y Refundación (Libre) propone al abogado Johel Zelaya como fiscal general y a Marcio Cabañas Cadillo como fiscal general, en cambio la oposición (Partido Salvador de Honduras, Nacional y Liberal) mantiene a Marcio Cabañas en la titularidad del MP y a Jenny Gabriela Almendares como la segunda al mando.

Edmundo Orellana considera que la crisis legislativa que mantiene empantanado el proceso de elección de las nuevas autoridades del MP, es una muestra que los partidos políticos están buscando colocar fiscales que respondan a sus propios intereses, no de la sociedad.

“Está tan arraigada la corrupción en el país que la selección de un fiscal general es tan compleja y con tantas aristas que lo único que nos refleja es que hay mucho interés de los políticos por escoger a alguien que sea un amigo complaciente que no los vaya a investigar”, precisó.

Además, Orellana no descarta que la falta de consensos en el Congreso Nacional pueda ser una estrategia de los grupos políticos para que, de alguna manera, la impunidad y corrupción en el Ministerio Público, siga campeando con Daniel Sibrián en la primera línea.

“El Congreso no es un órgano de decisión unánime, está dividido en sectores, uno de esos sectores no permitirá que la elección del fiscal general se haga en el tiempo establecido, mientras no se resuelve la situación personal de varios diputados con imputaciones en los tribunales”, opinó.

Este proceso fallido de elección pone en evidencia cómo un abogado que fue subordinado quedó con ganas de convertirse en la máxima autoridad y, por otro lado, cómo los diputados no están trabajando por los intereses del pueblo hondureño, sino de las élites corruptas que por más de una década se han encargado de saquear las arcas del Estado a través de la impunidad que mantiene el Ministerio Público, ahora con Sibrián a la cabeza uno de los tantos cómplices con los que contó, en su momento, el expresidente Juan Orlando Hernández, hoy privado de su libertad en Estados Unidos, a la espera de un juicio por tráfico de armas y drogas.